La Comisión de Asuntos Jurídicos acordó la ampliación de las magistraturas de Enlace y los gastos de funcionamiento de los CRE
Las cuestiones que la Comisión de Asuntos Jurídicos llevó al pleno del Consejo General del pasado abril versaron sobre las magistraturas de Enlace y sobre los CRE. Respecto al primero de los asuntos, se aprobó la ampliación del número de acreditaciones y la creación de nuevas sedes, mientras que en lo que atañe al segundo, se acordó pedir la ampliación y actualización de la orden sobre los Consejos de Residentes Españoles en el exterior.
La Comisión de Asuntos Jurídicos del CGCEE considera “crucial” el papel que desempeñan las magistraturas de Enlace para mejorar la asistencia legal y la protección de los derechos de la ciudadanía española en el exterior, por lo que, en el ultimo pleno de este organismo, sometió a votación de los asistentes la propuesta de la consejera por Reino Unido Nuria Fraile para solicitar al Ministerio de Justicia la ampliación del número de acreditaciones por país de esta figura, así como la creación de nuevas sedes en el exterior.
Son competencia de estas magistraturas facilitar la coordinación entre el sistema judicial español y el de otros países, asegurando el flujo efectivo de información y colaboración; brindar asesoramiento legal a la ciudadanía en el exterior, abordando cuestiones judiciales y ofreciendo orientación sobre el sistema legal del país anfitrión; coordinar las notificaciones y citaciones judiciales de personas en el extranjero, facilitando la ejecución de procesos legales, y actuar como defensoras de los intereses legales de España y su ciudadanía en el ámbito internacional.
España dispone actualmente de magistrados de Enlace en Francia, Marruecos, Reino Unido, Estados Unidos de América y Bélgica.
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos consideran que ampliar estas magistraturas en el exterior garantiza un acceso más rápido y efectivo a la justicia, proporciona una mayor protección legal y representación para la ciudadanía en casos judiciales complejos, sobre todo en casos en que las personas son más vulnerables, y facilita la coordinación y asistencia legal a la comunidad española en el exterior en casos de crisis extremas, como guerras o secuestros.
El otro punto que abordó el pleno en relación con las cuestiones que atañen a Asuntos Jurídicos tiene que ver con la ampliación y actualización de la orden sobre gastos de funcionamiento de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), introduciendo cambios significativos como la reestructuración mediante diferentes alquileres de salas, desplazamientos, alojamientos y manutención, pero también la división del presupuesto en materia de oficina y comunicación, garantizando reembolsos de préstamos en 15 días y revisando y actualizando anualmente los presupuestos.
Con la propuesta, que fue respaldada mayoritariamente por los consejeros, se pretende mejorar la funcionalidad de los CRE, una mayor flexibilidad financiera, la alineación con las normativas actuales y lograr mayor transparencia y eficiencia por parte de estos organismos.
Acuerdos de la Comisión Permanente
El incremento del número de ciudadanos españoles inscritos en los consulados como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, la Comisión Permanente del Consejo llevó al pleno la propuesta para que se incremente, con carácter de urgencia, el refuerzo del personal, así como la dotación de recursos tecnológicos y la ampliación de infraestructuras en los consulados generales de España en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Mendoza, y hacerlo extensivo a todos los consulados en Latinoamérica.
El fin de la vigencia de la Ley de Memoria Democrática dejó 460.350 inscritos y la previsión de aumento con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica es de un 100%, por lo que esta comisión se planteó la necesidad de refuerzo para garantizar una prestación eficiente y adecuada de los servicios consulares.
El otro aspecto llevado al pleno, en este caso, por iniciativa de la consejera por Alemania Violeta Alonso, instó a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno la realización de forma periódica, en coordinación con otras administraciones, de estudios, análisis e infografías que permitan ahondar en la realidad migratoria para un mejor conocimiento de indicadores sobre ciudadanía en el exterior y retornados.
La propuesta está pensada para mejorar el conocimiento de la ciudadanía en el exterior y de personas retornadas de nuestro país, identificando sus necesidades y demandas, dificultades a las que se enfrentan tanto en su vida en el extranjero como en su relación con España, pero también para facilitar el diseño de políticas públicas orientadas a la protección, apoyo y retorno de la diáspora española que sean más eficaces y que respondan a las necesidades específicas de la ciudadanía en el exterior. Asimismo, servirá para el fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía en el exterior.
