El CGCEE rechaza la propuesta de la Asociación de Diplomáticos Españoles de aumentar y crear nuevas tasas consulares
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) manifiesta “su firme oposición” a la propuesta de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) que plantea el incremento de tasas y la creación de otras nuevas para financiar las mejoras necesarias en la red consular.
Durante su reunión con la Mesa y los portavoces de la Comisión de Exteriores del Congreso, ADE recordó que los principales problemas en el servicio exterior son la “falta de personal, edificios en mal estado, carencia de medios o exceso de trabajo en las delegaciones”.
En el informe presentado, esta Asociación apunta a que “la red consular se encuentra en este momento en una situación insostenible” y por eso hay que buscar sistemas de financiación alternativos “ya que no es realista pensar que este esfuerzo, que se extenderá a lo largo de varios años, pueda ser sufragado exclusivamente vía presupuestaria”.
Estas propuestas no han sido bien acogidas por el Consejo General que, aunque comparte “la preocupación por el deterioro de la red consular y la necesidad urgente de reforzarla con más recursos humanos y materiales, rechazamos rotundamente que la carga recaiga sobre la ciudadanía española residente en el exterior, mediante el establecimiento de nuevas tasas o el incremento de las ya existentes”.
El órgano de representación de los españoles en el exterior asegura que “esta propuesta incurre en una clara discriminación hacía la ciudadanía española en el exterior “al pretender imponer tasas por servicios que en territorio nacional son gratuitos o tienen un coste significativamente menor”. Para ellos, esta iniciativa vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución Española y el artículo primero del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que establece la obligación de garantizar a la ciudadanía española residente en el exterior “el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España”.
Desde el Consejo se considera que imponer tasas adicionales es una forma de “exclusión institucional” de los residentes en el exterior, un colectivo que ya se enfrenta a barreras geográficas, administrativas y económicas para acceder a los servicios consulares.
Además, muestran su preocupación por el “efecto disuasorio” que podrían tener estas medidas y que llevarían a que gran parte de la ciudadanía en el exterior evite o retrase hacer gestiones en el consulado o, quienes viajan a España, las hagan durante sus desplazamientos.
El CGCEE asegura que esta iniciativa también plantea dudas jurídicas, ya que la legislación vigente establece que las tasas deben exigirse con independencia de donde se preste el servicio, con lo que “aplicar tasas más altas en el exterior introduce una discriminación territorial injustificada”. “Además, –matizan– debe tenerse en cuenta la capacidad económica de quienes las pagan, algo que esta propuesta ignora”. “Comparaciones con otros países no justifican tampoco la vulneración de los principios de equidad y legalidad del marco normativo de nuestro país”.
Por su parte, ADE anticipa en su informe que el aumento de tasas de ciertos servicios solo en la red consular y no en el territorio español puede suscitar dudas, pero, según aseguran, aunque la lectura literal de la legislación “podría pensar a llevar que es obligado imponer las mismas tasas dentro y fuera de España, parece claro que el objetivo del artículo es precisamente lo contrario: impedir que se pueda objetar el pago de una tasa por haber prestado el servicio fuera del territorio nacional”. En esta aclaración, van un poco más allá afirmando que, si se parte del principio que todo servicio público se sufraga por tasas o por impuestos, “se puede sostener que el residente en España paga ese servicio vía impuestos, en tanto que el no residente solo puede hacerlo vía tasas”.
El Consejo también recuerda que “la ciudadanía española en el exterior no representa un coste, sino un activo estratégico para España, ya que “mantiene vínculos económicos, sociales y afectivos con el país y una parte significativa sigue contribuyendo fiscalmente, de forma directa o indirecta”. “En este sentido, –dicen– el acceso a los servicios consulares debe garantizarse como un verdadero servicio público, accesible y universal”.
Necesidades de la red exterior
El informe presentado en el Congreso por la Asociación recoge las principales necesidades de la red exterior que pasan por la mejora de las instalaciones, el incremento de las plantillas y el aumento salarial.
En cuanto a las instalaciones recuerdan que muchos de los edificios en que están los consulados no reúnen las condiciones necesarias de “accesibilidad y seguridad para el personal y el público, por no hablar de representatividad e imagen del Estado ante su ciudadanía y la de los países en los que radican nuestras oficinas consulares”.
Por otro lado, el aumento de la plantilla de las oficinas consulares es una reivindicación antigua y la situación va a ser más complicada, remarcan, cuando aumente considerablemente el número de españoles inscritos como resultado de la Ley de Memoria Democrática, además, insisten en la necesidad de incrementar el salario de manera urgente, ya que los sueldos del personal en muchos países se han quedado muy por debajo del mercado laboral.
Desde ADE hacen hincapié en la necesidad de establecer “fórmulas innovadoras de financiación” y plantean que se establezca que un porcentaje del dinero recaudado por el servicio exterior (unos 120 millones en 2019) se destine al mantenimiento y mejora de la propia red.
En todo caso, destacan que si la hacienda pública no quiere perder estos recursos “se puede abordar un aumento de las tasas consulares”, asegurando que “hay margen” para llevarlo a cabo ya que en un estudio se constató que “el nivel medio de las tasas de todos los países analizados era muy superior al de las tasas vigentes en las oficinas consulares”. En este punto, hace una comparativa de precios y recuerda que en España la tasa de renovación del pasaporte ordinario es de 30 euros mientras que la tasa equivalente en Francia es de 96 euros, en Portugal, 75; en Japón, 110; en Alemania, 81; y en Italia asciende a 116 euros.
Desde este organismo también apuntan a la creación de nuevas tasas cuya recaudación se destine al mantenimiento y mejora de la red consular, apuntando que otras redes consulares cobran por trámites que en España son gratuitos. Asimismo, apuntan a la posibilidad de aplicar el principio de reciprocidad en países con tasas muy superiores a las de España. “Este principio –destacan– se lleva aplicando desde hace unos años en materia de visados y ha incrementado su recaudación exponencialmente en países como Australia”.
En su información, la Asociación de Diplomáticos Españoles subraya que la puesta en marcha de estas medidas de financiación es una cuestión “exclusivamente política”, ya que “nada en nuestro sistema legal impide que se decida dedicar parte de la recaudación consular al mantenimiento y mejora de la propia red consular que genera estos ingresos”.
