CFMA, FAJA y Faceef piden a Zapatero que no se suprima el voto exterior

La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo español en la RFA (CFMA), la Federación de Asociaciones Juveniles y de Alumnos en Alemania (FAJA) y la Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Francia (Faceef) han escrito una carta al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidiéndole que no permita que se suprima el derecho de voto de los españoles que están fuera del territorio nacional, ni se intaure el voto rogado ni “el voto en urna en detrimento del voto por correo”.

En la carta, fechada el pasado día 5 de mayo, los presidentes de las tres organizaciones, José Povedano, Vicente Martínez y Antonio Aliaga, respectivamente, solicitan a Zapatero que proponga “una reforma electoral digna y de progreso”, que desarrolle los principios recogidos en la Constitución y que permita que los españoles de allende las fronteras tengan representación directa en el Senado y en el Congreso de los Diputados. “Una reforma que esté a la altura de los retos del siglo XXI”.
Le indican que el hecho de tener los cargos de presidente del Gobierno de España y, actualmente, de la Unión Europea “le confieren una extraordinaria responsabilidad, pero también que le ofrecen la posibilidad de mostrar, ante el mundo entero, un talante de líder político sincero y decididamente comprometido con el progreso social y democrático de las sociedades modernas, principalmente, la española, donde puede usted ejercer sin impedimentos exteriores”.
Explican que apelan a él por ser  el presidente del Ejecutivo y también porque es “el líder y responsable del partido que ostenta la mayoría parlamentaria, es decir el poder legislativo”, una situación que “le permite determinar y orientar el ordenamiento legislativo y jurídico de España, y, en particular, la promulgación, abrogación o modificación de las leyes” para que la sociedad repose en los principios plasmados en la Constitución “que se basan, principalmente, en la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, en los que reposa la soberanía del Estado”.
Mantienen que la actual Ley Orgánica de Régimen Electoral General y sus disposiciones de aplicación no garantizan el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad y perjudica a los españoles que se encuentran fuera del territorio nacional. “De ahí, que desde finales de los años 1970, el movimiento asociativo de los emigrantes españoles en Europa, venimos reclamando, de manera insistente, medidas de equiparación de los derechos electorales entre todos los españoles, los que residen en territorio nacional y los que no”.
Reconocen que se han producido avances significativos como la creación del censo de residentes ausentes, con derecho a sufragio activo y pasivo, “aunque todavía faltan por suprimir buen número de barreras administrativas y técnicas que faciliten dicho ejercicio”.


Reforma pendiente
Pero resaltan que, a pesar de esos avances, es necesaria “una reforma que, al igual que han desarrollado nuestros principales países vecinos, Portugal, Francia, Italia, etc., permita una representación directa en el Parlamento del colectivo de ciudadanos españoles que residen fuera del territorio nacional. Una representación en el Senado, pero principalmente en el Congreso de los Diputados que es la Cámara que está en mejor medida de asegurar la representación política de los ciudadanos”.
Una reforma sobre la que entienden y manifiestan que “ni los Gobiernos del señor Suárez o Calvo Sotelo, ni los del señor González o los del señor Aznar, ni los suyos propios, señor presidente, han estado a la altura de las circunstancias, puesto que ninguno ha emprendido, nunca, iniciativa alguna tendente a la instauración de un diálogo civil, político y parlamentario que propiciase el diseño de un nuevo panorama de representación legislativa de los españoles que nos encontramos fuera y a los que la Constitución, sí señor presidente, la Constitución, nos garantiza el derecho de elegir y de ser elegidos en plena igualdad de condiciones al resto de nuestros compatriotas que residen en el territorio nacional”.


“Atentado institucional contra la democracia”
Se muestran decepcionados por la falta de esa reforma pero precisan que el motivo de la carta es que “existen serios indicios, a tenor del acuerdo alcanzado en el marco de la subcomisión parlamentaria encargada de proponer una reforma de la Loreg, y de las declaraciones hechas por destacados miembros de su partido e incluso de su Gobierno, de que se está gestando, lo que, a nuestro entender, constituiría el mayor atentado institucional contra la democracia en nuestro país desde el fin de la dictadura del general Franco”.
Se declaran conscientes de la dureza de sus palabras pero mantienen que “más duro es todavía para nosotros constatar cómo, bajo su Gobierno, los derechos democráticos no sólo no evolucionan para una parte sustancial de los españoles, los que estamos fuera, sino que corren un grave riesgo de involución, de retroceso y de quebrantamiento, así como “imaginar la afrenta que consistiría para una parte del pueblo español y el descrédito para el sistema político que, tres años después de la promulgación de la Ley de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobada por unanimidad por el Parlamento, el Gobierno y nuestros parlamentarios repudiasen y despreciasen a tal extremo la letra y el espíritu de una ley que han proclamado unánimemente y de la que se han jactado tan desmesuradamente”.
Los responsables de estas organizaciones afirman que los principales argumentos que vienen empleándose para justificar “este nefasto proyecto”, dejan entrever que “lo que importa a sus promotores no es el interés general de la ciudadanía y del sistema democrático, sino simples intereses partidistas”.
Se refieren a “la cada vez mayor desafección de los ciudadanos hacia la política, que se manifiesta por la escasa militancia en los partidos políticos y, sobre todo, en las cada vez más altas tasas de abstención en los comicios electorales” y a la obligación de los líderes políticos de “mantener discursos y comportamientos coherentes alejados de cualquier tipo de demagogia y propiciar medidas que den confianza a los ciudadanos en el sistema político incentivándoles a tomar parte en los asuntos públicos mediante, en particular, el ejercicio del sufragio universal”.
Desde esta perspectiva, dicen no entender “que a los ciudadanos que quieren, que desean, que reclaman el derecho de participar en los asuntos públicos, en lugar de facilitárselo, se les dificulte, o peor aún, se les prohíba tajantemente. Con esto, lo único que se logra fortalecer es la animosidad hacia lo político y debilitar los cimientos de nuestra sociedad democrática”.
“Esgrimir como argumento que el que no reside en un sitio no tiene derecho a participar en la elección de las personas que deben gobernar en ese lugar, nos parece un pobre argumento, falto de rigor, de sensibilidad y peligroso. La participación en un proceso electoral es un tema muy serio, y los ciudadanos que deciden ejercer dicho derecho, lo hacen responsablemente, con conocimiento de causa, plenamente conscientes de las consecuencias de su acto”, dicen.
Afirman asimismo que esa participación “no se hace, en absoluto, de la manera frívola, malintencionada o perversa que sugieren los instigadores de la nefasta reforma”.
“De hecho, dichos instigadores denuncian que en determinados municipios pueden votar hasta los fallecidos, lo que de ser el caso, demostraría dos cosas, en primer lugar que hay partidos políticos que organizan dicho fraude y que las administraciones públicas han sido incompetentes para evitarlo”, añaden.
“¿Es porque hay partidos, o políticos, fraudulentos y administraciones incompetentes que tenemos que violar el orden constitucional y violentar los principios democráticos más elementales? ¿No sería más coherente, sano y democrático perseguir y condenar al fraudulento y amonestar y reemplazar al incompetente?”, plantean.
Indican también que Francia, “con su Gobierno actual, acaba de proceder a una reforma progresista de su legislación electoral que otorga más derechos a los franceses del exterior, puesto que además de los seis senadores que podían elegir hasta ahora, a partir de las próximas elecciones legislativas podrán elegir también a no menos de once diputados”, valorando que ésta es una reforma progresista y la que se prepara en España “es una reforma de regresión”.
“No dejemos, no deje, que la imagen de nuestro país se deteriore aún más con medidas como ésta. No olvide que la Historia también nos mira, que ella también será nuestro juez”, exhortan al presidente, apelando a su talante y poniéndose a su disposición “por si considera usted oportuno recibirnos y dialogar sobre éste y otros muchos asuntos que conciernen a los emigrantes españoles”.