La Asociación de Diplomáticos reitera la petición de ayuda a Sánchez para que mejore el estado de la red consular

En una carta enviada personalmente a Pedro Sánchez el martes de esta semana, los diplomáticos españoles insisten en reclamar un nuevo reglamento de la Carrera Diplomática y se pone al presidente al corriente, una vez más, de la insuficiencia de medios y recursos humanos de que disponen las oficinas consulares españolas, así como de la sobrecarga de trabajo de los empleados de estos estamentos, pero también del deterioro de los inmuebles, de la pésima gestión de los recursos humanos, de la inadecuación de la normativa general a la Administración General del Estado y de la falta de su actualización.

El escrito, firmado por el presidente de ADE, Alberto Virella, después del acuerdo adoptado en la reciente asamblea general, recuerda a Sánchez la carta que le fue enviada el pasado 30 de octubre, pidiéndole su “amparo ante la anómala vigencia del Reglamento de la Carrera Diplomática del año 1955, que mantiene varios elementos franquistas ciertamente incómodos para los diplomáticos españoles”, así como de la respuesta entonces del director de su Gabinete, que reaccionó remitiéndolos a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Maeuec), que capitanea Xavier Martí.

“Lamentablemente”, Martí no prestó “atención a nuestra reivindicación”, le informan, pese a que “urge contar con un reglamento sin residuos franquistas y que introduzca una gestión del personal diplomático conforme a las pautas de una organización del siglo XXI en pro de la eficacia y el mejor servicio a nuestro país”, recogen en la carta. Es por ello que, como ya ocurrió entonces, le solicitan de nuevo le sea enviado para su análisis el proyecto de reglamento, cuya tramitación administrativa fue autorizada por el Consejo de Ministros del 15 de noviembre.

Los diplomáticos consideran “anquilosado y disfuncional” el funcionamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, y califican de “alarmante” la situación que se deriva de sus competencias en lo que respecta a los medios materiales y recursos humanos con que cuentan las unidades administrativas e instituciones de la Administración General del Estado en el exterior para adecuarlos “a las directrices, fines y objetivos de la política exterior”. Al respecto, le piden pues que se realicen informes periódicos sobre estas cuestiones tal y como establece la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Los medios, le confirman los diplomáticos al presidente, “no son suficientes ni adecuados” como se demuestra en el estado de la red consular, que ya estaba “infradotada” a comienzos de este siglo cuando había tan solo un millón de españoles censados en el exterior, de lo que, le recuerdan, fue informado en la reunión que mantuvo a comienzos de diciembre con la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso.

La creciente subida a tres millones de los españoles con la nacionalidad, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, convierte la situación en “crítica”, informan a Sánchez los diplomáticos, que hablan de “sobrecarga de trabajo” en esta red. Sobrecarga que “va a aumentar muy próximamente”, advierten, debido a que “el proceso de regularización de inmigrantes generará solicitudes de reagrupación familiar de sus cónyuges e hijos”, aspecto del que también se encarga la red consular.

Otro de los puntos que se abordan en la carta tiene que ver con las necesidades mínimas de las embajadas en lo que respecta al personal, que “tampoco se ven cubiertas”, aseveran, mientras que “las misiones ante los organismos multilaterales disponen de un número significativamente menor de consejeros que las de otros países europeos”, cuando, por el contrario, “los asuntos a defender y negociar crecen notablemente”.

Respecto a los bienes inmuebles, aseguran que “numerosos edificios se encuentran en un lamentable estado de deterioro, tras años sin” realizar “las inversiones imprescindibles para su conservación, que se han ido postergando por falta de presupuesto”. “En algunos casos –prosiguen–, llega a suponer un riesgo para los empleados públicos y para los usuarios que acceden a ellos, como han puesto en evidencia las pocas inspecciones de Trabajo que se han podido efectuar”.

En un momento en el que “el mundo se encuentra en un escenario geopolítico complejo, con profundas transformaciones”, desde ADE se considera que ahora “más que nunca, es necesario reforzar nuestra política exterior para defender nuestros valores e intereses”. Sin embargo, el Maeuec “padece de una acuciante falta de personal”, y no solo eso, sino que “dos meses después de la invasión rusa de Ucrania, desapareció la Oficina de Estrategia y Prospectiva, prescindiéndose de una unidad –existente en los países de nuestro entorno, con mayor dotación– cuya función es elaborar análisis complejos, estudiar escenarios y ofrecer propuestas para la adopción de planteamientos estratégicos”. A ello suman “una pésima gestión de los recursos humanos, caracterizada por la ausencia de transparencia y la arbitrariedad”.

En este escenario, que, confiesan, les tiene “profundamente preocupados”, les resulta asimismo “difícil de comprender el pobre papel desempeñado por el Consejo de Política Exterior, que rara vez se reúne”, lo que tiene su “reflejo en el corpus normativo, que no contempla su especificidad”, por ejemplo, “en la normativa de la Seguridad Social respecto al régimen de pensiones de jubilación y sus consecuencias en la cobertura sanitaria en el exterior por Muface)” o, “que cuando lo ha hecho, lleva décadas sin actualizarse”. Hablan al respecto de la regulación de las indemnizaciones por educación, las dietas para comisiones de servicio, los permisos y la ausencia de mecanismos de conciliación familiar en el exterior, entre otros.

Ante esta situación, derivada del “anómalo funcionamiento” del Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitan “urgentemente la actualización de la normativa y la adecuación de aquellas disposiciones generales de la Administración que no contemplan la existencia de una Administración General del Estado en el exterior ni de sus funcionarios”.