EL GOBIERNO GALLEGO HARÁ UN ESFUERZO PRESUPUESTARIO PARA SOSTENER EL SERVICIO
La Xunta garantiza que mantendrá las oficinas de atención al inmigrante
La Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral de Emigración, emitió un comunicado la semana pasada en el que afirma que “se ve en la obligación, una vez más, de recordar al PSdeG que las oficinas de atención al colectivo inmigrante –sitas en las siete grandes ciudades gallegas– están financiadas por el Fondo para la Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; y que se verá recortado en un 50% en este 2010, afectando directamente a las partidas de gasto social que conciernen a la población extracomunitaria”.
La Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral de Emigración, emitió un comunicado la semana pasada en el que afirma que “se ve en la obligación, una vez más, de recordar al PSdeG que las oficinas de atención al colectivo inmigrante –sitas en las siete grandes ciudades gallegas– están financiadas por el Fondo para la Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; y que se verá recortado en un 50% en este 2010, afectando directamente a las partidas de gasto social que conciernen a la población extracomunitaria”.
Según el comunicado de la Secretaría Xeral de Emigración, “la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración justifica que la reducción viene ‘de un ajuste presupuestario’ en las partidas ‘donde los datos dicen que hay un descenso en la llegada de inmigrantes y una previsión menor del gasto’; apuntaba el pasado octubre la secretaria de Estado, Consuelo Rumí”.
El comunicado de la Xunta explica que “desde esta Secretaría Xeral de Emigración, consecuentes con las necesidades urgentes de inserción sociolaboral del inmigrante, de su mejor información y orientación –y frente a lo que no parece prioridad para el estado central– la Xunta de Galicia garantiza su compromiso con el mantenimiento de las oficinas de atención al colectivo”.
En este sentido, el Gobierno gallego afirma que hará “un esfuerzo presupuestario, ligado al Plan de Acción destinado a la población inmigrante, y consecuentemente con la política que defiende el Ejecutivo de Núñez Feijóo, de una efectiva contención del gasto público que no incida en la calidad de la prestación de los servicios sociales, sanitarios y educativos –que el Gobierno central manifiestamente quebranta, al considerar que esta medida ‘no afecta al gasto social directo’, según declaraciones de la secretaria de Estado, Consuelo Rumí–”.
Así mismo, desde la Secretaría Xeral de Emigración, se insiste en que “la decisión última acerca de la renovación del personal dedicado a la información, orientación e inserción sociolaboral del inmigrante dependerá siempre de los propios ayuntamientos, que en vez de exigir erróneamente a la Xunta la firma inmediata de los convenios por los que se rigen las oficinas, tendrían que reclamar al gobierno central el por qué en la indefinición de la cantidad asignada a este fin por el Fondo para la Integración, que conlleva a demoras ‘impropias y nada deseadas’ por parte de esta Secretaría Xeral de Emigración, en la rúbrica de los mencionados acuerdos de colaboración”.
Según el comunicado de la Secretaría Xeral de Emigración, “la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración justifica que la reducción viene ‘de un ajuste presupuestario’ en las partidas ‘donde los datos dicen que hay un descenso en la llegada de inmigrantes y una previsión menor del gasto’; apuntaba el pasado octubre la secretaria de Estado, Consuelo Rumí”.
El comunicado de la Xunta explica que “desde esta Secretaría Xeral de Emigración, consecuentes con las necesidades urgentes de inserción sociolaboral del inmigrante, de su mejor información y orientación –y frente a lo que no parece prioridad para el estado central– la Xunta de Galicia garantiza su compromiso con el mantenimiento de las oficinas de atención al colectivo”.
En este sentido, el Gobierno gallego afirma que hará “un esfuerzo presupuestario, ligado al Plan de Acción destinado a la población inmigrante, y consecuentemente con la política que defiende el Ejecutivo de Núñez Feijóo, de una efectiva contención del gasto público que no incida en la calidad de la prestación de los servicios sociales, sanitarios y educativos –que el Gobierno central manifiestamente quebranta, al considerar que esta medida ‘no afecta al gasto social directo’, según declaraciones de la secretaria de Estado, Consuelo Rumí–”.
Así mismo, desde la Secretaría Xeral de Emigración, se insiste en que “la decisión última acerca de la renovación del personal dedicado a la información, orientación e inserción sociolaboral del inmigrante dependerá siempre de los propios ayuntamientos, que en vez de exigir erróneamente a la Xunta la firma inmediata de los convenios por los que se rigen las oficinas, tendrían que reclamar al gobierno central el por qué en la indefinición de la cantidad asignada a este fin por el Fondo para la Integración, que conlleva a demoras ‘impropias y nada deseadas’ por parte de esta Secretaría Xeral de Emigración, en la rúbrica de los mencionados acuerdos de colaboración”.
