La Xunta abre expediente a un diputado del PP por “infracción de carácter grave”
El presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, anunció que la Administración gallega abrió un expediente al diputado del PPdeG Agustín Hernández por “una infracción de carácter grave” que “debe ser reparada desde la función pública”, aunque evitó precisar si será resuelto por el actual Gobierno gallego o por su sucesor.
Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, entendió como una “infracción grave” el hecho de que el diputado popular fuese fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas cuando, un año antes, había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros mientras ocupaba el cargo de director xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga.
“Desde el punto de vista ético, político y, previsiblemente, jurídico, no cabe ninguna duda de que existe un incumplimiento de la ley”, reprobó el máximo mandatario gallego, quien apuntó que esta infracción “lleva aparejada una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público durante tres años”.
Además, incidió en que la Ley de Incompatibilidades 9/1996 es “taxativa” y “no ofrece lugar a dudas ni interpretaciones” en su artículo 3, que establece que “en los dos años siguientes a la fecha de cese de miembros de la Xunta y altos cargos, no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes o materias con las que hayan tratado durante su responsabilidad”.
Una “desfachatez”, según el PP
El secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, enmarcó la apertura del expediente informativo a Agustín Hernández en la “desfachatez sin límites” que el bipartito adoptó en “los últimos días” y defendió que el diputado ‘popular’ actuó “dentro de la legalidad” cuando se incorporó a la empresa Calzadas y Puentes, tras ocupar la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga.
El dirigente del PP gallego lamentó que el presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, adoptase esta “actitud” y certificó que tanto éste como el conselleiro de Presidencia en funciones, José Luis Méndez Romeu, “saben que no se produjo ninguna ilegalidad”.
Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, entendió como una “infracción grave” el hecho de que el diputado popular fuese fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas cuando, un año antes, había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros mientras ocupaba el cargo de director xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga.
“Desde el punto de vista ético, político y, previsiblemente, jurídico, no cabe ninguna duda de que existe un incumplimiento de la ley”, reprobó el máximo mandatario gallego, quien apuntó que esta infracción “lleva aparejada una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público durante tres años”.
Además, incidió en que la Ley de Incompatibilidades 9/1996 es “taxativa” y “no ofrece lugar a dudas ni interpretaciones” en su artículo 3, que establece que “en los dos años siguientes a la fecha de cese de miembros de la Xunta y altos cargos, no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes o materias con las que hayan tratado durante su responsabilidad”.
Una “desfachatez”, según el PP
El secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, enmarcó la apertura del expediente informativo a Agustín Hernández en la “desfachatez sin límites” que el bipartito adoptó en “los últimos días” y defendió que el diputado ‘popular’ actuó “dentro de la legalidad” cuando se incorporó a la empresa Calzadas y Puentes, tras ocupar la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga.
El dirigente del PP gallego lamentó que el presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, adoptase esta “actitud” y certificó que tanto éste como el conselleiro de Presidencia en funciones, José Luis Méndez Romeu, “saben que no se produjo ninguna ilegalidad”.
