Unidos Podemos pregunta al Gobierno sobre las medidas previstas para impedir la desaparición del Centro Gallego de Buenos Aires
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podemos- En Marea registra en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita dirigida al Gobierno central sobre si es conocedor de la “crítica” situación que atraviesa el Centro Gallego de Buenos Aires.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podemos- En Marea registra en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita dirigida al Gobierno central sobre si es conocedor de la “crítica” situación que atraviesa el Centro Gallego de Buenos Aires.
En el escrito también se pregunta al Gobierno si tiene previsto iniciar algún tipo de contacto con el Gobierno argentino para poder intermediar en la situación y si contempla la adquisición de esta institución a través de la Agencia de Cooperación Internacional. Además, el grupo Unidos Podemos quiere saber las medidas de protección que plantea el Gobierno para garantiza la asistencia sanitaria a los emigrantes gallegos de Buenos Aires y para proteger el importante patrimonio artístico y cultural de la institución.
En la exposición de motivos, Yolanda Díaz, autora de la iniciativa, recuerda que durante los últimos meses la plantilla del centro ha llevado a cabo numerosas movilizaciones para denunciar que llevan varios meses sin cobrar el sueldo y que se siguen acumulando deudas.
Según explica, su grupo parlamentario ha denunciando la situación en la Cámara desde hace meses y por eso no entiende porque el Gobierno no ha intervenido en el conflicto para buscar una solución a la plantilla y para que los socios puedan seguir recibiendo los servicios asistenciales.
El escrito recuerda que muchos de los 5.000 socios con los que cuenta la institución son personas mayores afectadas por graves dolencias que no encontraría cobertura sanitaria fuera de esta institución.
La situación que se vive en el Centro Gallego está provocando preocupación entre el colectivo de gallegos que demanda a las administraciones central y autonómica una solución al conflicto, para que se pueda garantizar la asistencia médica, la protección del patrimonio cultural y del emblemático edificio para que no caiga en manos de la especulación inmobiliaria.