El PP dice en el Parlamento gallego que todo español que regrese al país recupera la asistencia sanitaria

El diputado del Grupo Popular Aurelio Núñez Centeno aseguró este jueves en el Parlamento que “todo español que regrese a España, de modo temporal o definitivo, y no pueda exportar el derecho a la asistencia sanitaria por su país de procedencia al no ser un asegurado de ese país, recuperaría la asistencia sanitaria en España de forma automática, únicamente comunicando su solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Aurelio Núñez explicó que las personas que trasladan su residencia a otro país por motivos laborales, el seguro es a cargo del país en el que se desarrolla la actividad laboral, mientras que en los desplazamientos temporales a España tendrán acceso a la asistencia sanitaria mediante la tarjeta sanitaria europea. “En todo caso, los españoles que regresen porque finalizaron su contrato de trabajo tienen garantizada la asistencia sanitaria en España”, señaló.

Tarjeta Galicia Saúde Exterior

Además, en el caso de los emigrantes gallegos, Núñez Centeno añadió que “disponen de la tarjeta Galicia Saúde Exterior, aprobada en 2009 y que facilita atención sanitaria cuando residan en países que no tengan convenio bilateral de asistencia sanitaria con España, que les cubre durante el período de estancia temporal en nuestro país”.

El diputado popular dejó claro que “en ningún caso cabe hablar de que existe una supresión del derecho a la asistencia sanitaria: en el caso de desplazamiento temporal de un ciudadano español a Europa, tiene cubierta la asistencia con la tarjeta sanitaria europea o el certificado provisional sustitutorio”.

“Los ciudadanos europeos que vienen a España tienen derecho a asistencia sanitaria, pero la obligación de pago le corresponde a su país de origen”, indicó el diputado popular. En este punto, añadió que “con la universalización de la asistencia sanitaria por simple empadronamiento, el Estado puede dejar de percibir esa retribución de otros países europeos, que viene representando una cantidad aproximada de 450 millones de euros e incluso tendría que hacerse cargo de los gastos de atención sanitaria de estos ciudadanos, alrededor de 100.000, en su propio país de origen a cargo de los impuestos españoles”.