El PP aprueba una proposición para que la Xunta elabore una ‘Lei de Retorno’
Con los votos del PP y las abstenciones de PSOE y BNG, la Comisión Institucional del Parlamento gallego aprobó una proposición no de ley para solicitar a la Xunta la elaboración de un proyecto de ‘Lei de Retorno’ para los emigrantes gallegos que contemple las características especiales de este fenómeno y que desarrolle pautas informativas en los principales países donde existe población gallega desplazada, a los efectos de que ésta sea informada sobre sus derechos y sobre el contenido de la propia ley.
El portavoz de Emigración del PP en el Parlamento, Miguel Santalices, defendió la necesidad de contar con “un marco jurídico claro”, ya que, según explicó, hay “un importante aumento” de personas que quieren regresar a Galicia por la creciente situación de crisis de Suramérica y por la ampliación de la nacionalidad a los descendientes.
Santalices recordó que “hay muchas ayudas y actuaciones puestas en marcha para los emigrantes, pero están dispersas” y por eso es necesario una ley que permita establecer una planificación estratégica y legal que posibilite “estructurar un marco integral y global de actuación en este campo que responda a las necesidades específicas de los emigrantes gallegos que vuelven a Galicia”. Así mismo, aseguró que será necesario concretar la base subjetiva de los beneficiarios “definiendo la condición de retornado y el procedimiento para el acceso a las ayudas y beneficios”.
El portavoz ‘popular’ destacó que Galicia es, en el contexto nacional, la tercera comunidad con mayor volumen de retorno y la primera en cuanto a proporción de emigrantes retornados respecto al total de la población. Además, recordó que en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 43, “generaliza el mandato de la galleguidad en su aspecto más actual al retorno y consagra el derecho de los gallegos a vivir y trabajar en la propia tierra”.
Tanto el PSdeG como el BNG se abstuvieron en la votación al no tenerse en cuenta sus enmiendas
El portavoz del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, que entendió la proposición como una “censura” a la Secretaría Xeral de Emigración, se descolgó de las negociaciones cuando se rechazaron sus enmiendas que pasaban por crear una oficina de retorno dentro de la Secretaría Xeral con personal específico y puntos de atención en los consulados, en las delegaciones de la Xunta en el exterior –Buenos Aires y Montevideo- y en las principales instituciones de la colectividad en el exterior. Además, los socialistas gallegos solicitaban una mayor coordinación con el Gobierno de España en las medidas de apoyo, dotar un fondo de ayudas a los retornados y ofrecer en el exterior información sobre el Servicio Galego de Emprego.
El BNG se vio en una situación similar, ya que fueron rechazadas las propuestas de Alfredo Suárez Canal, de crear una ponencia única en el Parlamento para impulsar una ‘Lei de Dereitos, Retorno e Integración da Emigración Galega’ y la de abrir un enlace en la página web del Parlamento para recoger las “aportaciones” de los gallegos en el exterior.
