Miranda denuncia que el nuevo Reglamento de Extranjería deja en la “ilegalidad” a cientos de miles de personas que ya estaban integradas
Durante un acto este viernes 23 en el municipio coruñés de Rois –acompañando a la Oficina Móbil del Retorno–, el responsable de Emigración del Gobierno gallego se refirió a este Reglamento, que, si bien “tiene algún aspecto positivo”, afirmó, también presenta “defectos importantes que ya se sabían antes de su entrada en vigor” y de los que el Gobierno gallego venía advirtiendo al Central desde hace meses. “Uno de ellos –prosiguió, en alusión al punto referido– es crucial e inexplicable que no se cambiase antes” de la aprobación definitiva, por lo que deja en la “ilegalidad” tanto a esas personas que ya trabajaban como a los empresarios, que, si no les rescinden el contrato, tendrían a “un trabajador ilegal” en sus empresas y, por tanto, “responsabilidades jurídicas” de las que responder.
La entrada en vigor del nuevo reglamento deja en situación ilegal a unas 275.000 personas en todo el Estado, de las cuales alrededor de 12.000 residen en Galicia, según se puso de manifiesto en más de una ocasión.
A raíz de la entrada en vigor de la nueva norma, las personas en proceso de solicitud de asilo quedarán en situación irregular durante por lo menos seis meses antes de poder acogerse a las nuevas vías de arraigo establecidas en la normativa, lo que afecta incluso a las personas que actualmente tienen permiso de trabajo y que están plenamente integradas en el mercado laboral, generando una situación de incertidumbre respecto a su futuro. Hasta ahora, el tiempo de residencia acumulado durante el proceso de asilo computaba para la regularización, algo que dejará de ocurrir con la nueva normativa.
Por otra, parte, el reglamento tampoco permite la renuncia a las solicitudes de asilo para agilizar el acceso al arraigo, por lo que la mayoría de las personas afectadas deberán permanecer dos años en situación de irregularidad administrativa antes de optar a una regularización, lo que las condena a ser víctimas de la economía sumergida y a la explotación laboral.
El secretario xeral de Emigración de la Xunta quiso dejar claro el pasado viernes en Rois que con la nueva normativa hay “aspectos que se mejoran”, pero en otros, “sigue habiendo dificultades”, y, en concreto, centrándose en Galicia, puso el ejemplo de determinados miembros de familias que, teniendo vinculación con la comunidad autónoma, no tienen la nacionalidad, por lo que son considerados “inmigrantes” y se les tiene que aplicar “la normativa en materia de nacionalidad”.
Al respecto, Miranda instó a la Administración central a que “solucione” el problema cuanto antes, porque ya está siendo “muy tarde”, añadió.
El dirigente gallego aprovechó el problema generado por esta circunstancia para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de no ser “diligente en la solución de problemas” sino más bien de provocarlos para decir más tarde “que los arreglan”.
Repercusión en el aspecto formativo
Un día después de la entrada en vigor de la reforma del Reglamento, la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego de la Xunta, Zeltia Lado, contrapuso la planificación de la Xunta en materia de captación de talento –con un foco prioritario en los gallegos retornados y una segunda línea centrada en los trabajadores de terceros países– frente a los continuos giros del Gobierno central en lo que se refiere a este asunto.
Lado lamentó que, en la elaboración de este documento, el Ejecutivo desatendió, de una manera sistemática, el posicionamiento de la Xunta, defensora de las experiencias de corta duración –evaluadas por la Unión Europea y en línea con el tercer sector– como una vía complementaria idónea para fomentar la empleabilidad y regularización de las personas inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular, tal y como demuestra el éxito de la primera edición del programa autonómico de arraigo por formación.
La directora xeral también recordó que el nuevo Reglamento de Extranjería obstaculiza este programa pionero al rechazar las microformaciones y los cursos de grado A en la regularización por vía formativa, además de no tener en cuenta a entidades como Cáritas para la impartición de esta formación.
El Reglamento de Extranjería regula las condiciones y procedimientos para que las personas extranjeras puedan residir, trabajar y regularizar su situación en España. También establece las vías legales para entrar en el país y define los derechos y deberes tanto de las personas migrantes como de las instituciones encargadas de gestionar su integración.
Con esta reforma, se han actualizado muchos aspectos para que la normativa sea más acorde con la realidad actual, adaptándose a los cambios sociales, económicos y demográficos de los últimos años, sin embargo, no parece que lo acordado sirva para dar respuesta en positivo al conjunto de las situaciones que abarca.
Aprobado el 20 de noviembre de 2024, el nuevo Reglamento entró en vigor el pasado martes día 20. En estos seis meses de ‘vacatio legis’, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llevado a cabo una intensa campaña con el objetivo de formar e informar ampliamente de todas las novedades y cambios que el nuevo Reglamento introduce.
