En la última resolución judicial también se recoge la designación de un “veedor informante de la gestión del interventor”

El plazo para la intervención del Centro Gallego de Buenos Aires concluirá el 31 de marzo de 2014

La Justicia argentina fijó en el 31 de marzo de 2014 la fecha para finalizar el plazo de intervención del Centro Gallego de Buenos Aires y devolver la gestión de la entidad a la Junta Directiva. Hasta entonces, Carlos La Blunda seguirá siendo el gestor único de la entidad. En la resolución judicial también se nombra a Nicolás Jacinto Serafini como “veedor informante de la gestión del interventor”.

El plazo para la intervención del Centro Gallego de Buenos Aires concluirá el 31 de marzo de 2014

La Justicia argentina fijó en el 31 de marzo de 2014 la fecha para finalizar el plazo de intervención del Centro Gallego de Buenos Aires y devolver la gestión de la entidad a la Junta Directiva. Hasta entonces, Carlos La Blunda seguirá siendo el gestor único de la entidad. En la resolución judicial también se nombra a Nicolás Jacinto Serafini como “veedor informante de la gestión del interventor”.

La Sala Civil B del Poder Judicial de la Nación ratificó la sentencia en la que se apartaba a la Junta Directiva de la gestión de la entidad y se dejaba, desde el pasado mes de octubre, a La Blunda como gestor único de la entidad, asegurando que las divergencias entre ambas partes llevaba a que el proceso de “toma de decisiones vitales” no tenía “el dinamismo apropiado, acorde a la urgencia que el quehacer diario le impone”. Según explica, esto podría llevar a un estancamiento “nocivo y perjudicial para los intereses de la institución, de sus asociados y de los profesionales y trabajadores que en ella se desempeñan”.

Aún así, la resolución judicial modifica dos aspectos importantes de la sentencia anterior. El primero es poner fecha al final de la total intervención, “en principio, el 31 de marzo de 2014 deberá restituirse la conducción del Centro Gallego de Buenos Aires a sus autoridades naturales”; y el segundo nombrar a Nicolás Jacinto Serafini como veedor judicial “informante de la actuación del interventor”.

Según explica el documento, “ambos aspectos se justifican en tanto el proceso de saneamiento no puede ser por tiempo indeterminado y porque es necesario el conocimiento del proceso de toma de decisión por parte de quienes pudieran integrar la Junta Directiva en el futuro”.

La resolución establece que las funciones del veedor judicial serán “presentar un informe mensual de seguimiento, vigilancia y fiscalización social de la gestión del interventor judicial”, en que el deberá dejar constancia de “todas las circunstancias que considere relevantes y, puntualmente, del manejo de los fondos de la entidad, de las contrataciones que se efectúen con prestadores o personal y de la evolución de la cartera de litigios”. Para llevar a cabo esta tarea, el veedor tendrá facultades “para conocer, informarse y monitorear las funciones de la persona encargada de la intervención”.