Un decreto de este año regula el funcionamiento del Consello de Comunidades Galegas

El Consello de la Xunta aprobó el pasado mes de septiembre el decreto que regula el funcionamiento del Consello de Comunidades Galegas y que refuerza el carácter representativo de la Comisión Delegada, cuya elección pasa a estar regulada.
El decreto hace efectiva y aumenta la participación activa de las comunidades gallegas, desarrollando así el mandato del Estatuto de Galicia, que reconoce a las comunidades gallegas asentadas fuera del territorio “el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego mediante el reconocimiento de su galeguidade, cuyo alcance y contenido será regulado por ley del Parlamento”.
Del Consello de Comunidades Galegas forman parte toda las comunidades gallegas legalmente reconocidas en el mundo y representa en la actualidad a 500.000 gallegos residentes fuera de España, así como a un número similar de residentes en otras comunidades autónomas.
Entre plenarios (que se celebran cada tres años), está representado por la Comisión Delegada, que está formada por doce miembros elegidos democráticamente, cuatro en representación de cada área geográfica determinada: resto de España, resto de Europa y América. El próximo plenario se encargará de  renovar este órgano.
Entre otras novedades, se refuerza el carácter representativo de la Comisión Delegada, y se acercan los órganos de representación de la diáspora a su realidad actual. Esto se consigue por la actualización de los baremos de representación de estas comunidades y la forma de elección de sus representantes, haciendo estos baremos más próximos a la realidad de estas comunidades mediante la introducción del voto ponderado.
Otras novedades del texto es que regula cómo se desarrollan las sesiones, comunicaciones y ponencias durante los plenarios; protocoliza los procedimientos de votación para elegir los miembros de la Comisión Delegada (hasta ahora no existía reglamento por escrito); establece que las comunidades gallegas elaboren informes y consultas previos a la aprobación por el Consello de Gobierno de la Xunta del reconocimiento de la ‘galeguidade’ a las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia; y describe otros aspectos organizativos internos, como quién, cuándo y cómo, y en qué plazos debe convocar los órganos de representación.
El decreto también respeta y asume, en los aspectos que regula, las demandas de los propios representantes de la diáspora.