Una argentina denuncia al Ayuntamiento de Lalín por la presunta estafa de su herencia

Diana Moure Münz, descendiente de un emigrante gallego en Argentina, compareció la pasada semana en rueda de prensa junto con su abogado para anunciar la presentación de una denuncia penal por delito continuado de estafa, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, contra varios familiares residentes en Santiago y Lalín, y contra el propio Ayuntamiento de Lalín. La herencia en Galicia de Diana Moure y sus hermanos, únicos herederos de su padre –fallecido en 1988–, desapareció mediante una compleja maniobra que fue denunciada por la interesada.

En 2007, Diana Moure viajó a España para ponerse al día sobre los bienes de su padre –ya fallecido– y de sus abuelos. El viaje se realizó de forma urgente, al percatarse la denunciante a través de internet que se había firmado un convenio urbanístico el 20 de septiembre de 2003 entre un familiar suyo –que aseguraba actuar en representación de la Comunidad hereditaria de su abuelo– y el Ayuntamiento de Lalín. Dicho convenio fue publicado en el DOG del 9 de diciembre de 2004, pero la denunciante ignoraba con qué poder de representación actuaba este familiar, relacionado con el mundo jurídico, dado que ni ella ni ninguno de los familiares implicados –su madre y hermanos– otorgaron poder ninguno de representación, y menos aún de venta de la herencia de su padre, fallecido en 1988.
Movida por el afán de esclarecer los hechos, así como por el legítimo interés de conocer el paradero y destino de la herencia de su padre, Diana descubrió también que en el DOG del 24 de octubre de 2003 se anunciaba la firma del convenio urbanístico que tuviera lugar el 20 de septiembre de 2003 entre el Ayuntamiento de Lalín y la Comunidad Hereditaria de su padre.
Tanto Diana como su madre y sus hermanos desconocen cómo se pudo firmar ese convenio, teniendo en cuenta que los herederos universales no otorgaron ni firmaron poder ninguno para eso. En la denuncia presentada se pone sobre la mesa la posibilidad de que dichos documentos podrían llevar unas firmas falsificadas.
La expropiación de bienes del padre, por parte del Ayuntamiento de Lalín, forma parte también de esta denuncia, ya que los denunciantes desconocen qué personas presentaron alegaciones al expediente de expropiación y si se pagó el justiprecio o qué personas se quedaron con  el dinero.
Tanto el familiar de Diana Moure como el propio Ayuntamiento de Lalín se negaron –según relató la mujer– a facilitarle documento alguno –que no obstante afirman tener– para demostrar la legalidad del proceso, negándole el derecho total sobre la herencia de su padre y abuelos.
En particular, aseguró que el Ayuntamiento, pese a que la mujer justificaba fehacientemente el interés y grado de parentesco con su padre, para solicitar las fotocopias de todos los convenios urbanísticos firmados entre la Comunidad de Herederos y el Ayuntamiento, no se les entregó “absolutamente ningún documento”.
Tanto el concejal de Urbanismo de Lalín, Román González, como César López –secretario del Ayuntamiento– como el propio alcalde, José Crespo, aseguraron a la denunciante que “no sabían en calidad de qué y por quién actuaba la persona que decía ser representante de la Comunidad Hereditaria del padre y abuelos de los denunciantes”, algo difícil de comprender por la solicitante, porque dicha documentación debería estar incorporada al expediente administrativo correspondente, dice.
Según la denuncia, “o se actuó por parte de los responsables municipales conociendo la falta de representación del presunto representante, o la negligencia raya la temeridad”, dijo Diana Moure.
En el punto quinto de la denuncia, se afirma que “no es la primera vez, ni será la última lamentablemente, que gallegos que emigraron por las circunstancias que sean, ven cómo les ‘despluman’ sus propios familiares que quedaron en España, mediante artificios y argucias más o menos estudiadas y planificadas”.
Ante la falta de una profunda investigación por el juez instrutor, Diana Moure solicita de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, se ordene continuar con la investigación y practicar las pruebas propuestas para esclarecer este caso.
Román Rodríguez considera que el Ayuntamiento de Lalín es un “auténtico convidado de piedra” en todo este asunto y que es “víctima de un conflicto familiar”. “Entendemos que a nosotros no se nos puede involucrar en cuestiones familiares internas”, dijo, al tiempo que aseguró que el Ayuntamiento “se ve inmerso injustamente en un asunto en el que no tiene nada que ver y que es sólo fruto de desavenencias familiares internas”.
Rodríguez cree que el Ayuntamiento de Lalín está siendo “víctima de un ataque mediático en toda regla, propiciado por la interesada Diana Moure, que debe pensar que haciendo ruido en los medios va a conseguir que la Justicia se vuelva de su parte”.
El titular de Urbanismo de Lalín asegura que desde el Ayuntamiento no hay que “esconder nada” y que el convenio “fue absolutamente legal”, ya que cabe incidir en que “fue su propio familiar, Álvaro Moure Goyanes, el que denegó el acceso a dicha documentación en base a que no tenía nada que reclamar, puesto que su padre vendió su parte de la herencia”.