Voto recuperado… ahora toca incluir a toda la ciudadanía en el exterior

La unanimidad en el voto del Senado nos hace plantearnos cuáles han sido las razones que impedían que ninguno de los gobiernos que hemos tenido todo este tiempo tuvieran la iniciativa de retirar esta traba que hemos sufrido y que al parecer todos los partidos han determinado que era una injusticia. 

El potencial incremento en números de votos se va a notar en unas provincias más que en otras, y provincias con grandes proporciones de emigrantes tendrán la obligación de tener en cuenta la voz y el voto de la ciudadanía española en el exterior.

Provincias como Ourense tienen más de un tercio de su población en el exterior; Lugo, más de un quinto, y otras seis provincias que superan el 10% de su ciudadanía viviendo en el exterior podrían en algunos casos tener un cambio en la distribución de sus escaños si hubiera alta participación exterior.

Para algunos partidos políticos está claro que su ‘botín’ está en Latinoamérica y así nos lo demuestran constantemente con los continuos viajes de jerifaltes visitando una y otra vez las mismas plazas mientras que se olvidan de la emigración más reciente, a partir del 2009, con destino hacia Europa principalmente.

Las visitas suelen ser a centros tradicionales, casas regionales y en la mayoría de las ocasiones apuestan por los votos de la población de más edad, que quizás llevan décadas votando a los mismos partidos por inercia.

…pero ahora la pelota está en el tejado de la ciudadanía.

Del 3% de los votos que ha habido en algunas de las últimas elecciones autonómicas desde el exterior hay que retornar a superar el 30% de participación, como en los buenos tiempos o incluso soñar con acercarnos a la participación media de cualquier provincia española.

El poder votar presencialmente en urnas habilitadas en diferentes ciudades de las demarcaciones consulares que en ocasiones superan el tamaño de España, así como el poder descargarse las papeletas o que se amplíen dos días más el plazo del escrutinio van a ayudar a incrementar el poder de decisión de los casi 3 millones de españoles en la diáspora.

Tras esta decisión del Senado, ahora desde el exterior esperamos la votación de la siguiente ley que están en la mesa del Senado sobre la Ley de memoria democrática. Esta votación ha de llevarse a cabo con fecha límite del 31 de octubre.

Esta ley también puede ayudar a incrementar el impacto del poder de la diáspora en futuras elecciones, ya que incrementaría el número de votantes a través del reconocimiento de una nacionalidad que les estaba siendo negada y puede sumar al banco de votantes unos cuantos cientos de miles de españolas y españoles en el exterior.

Esperamos que la aprobación de esta ley vaya de la mano de una instrucción por parte del Ministerio de Justicia que tenga en cuenta la propuesta del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), así como de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE. Esta instrucción debería abrir la mano con una interpretación que sea justa, pero que no cometa errores pasados, dejando a sectores de la población fuera de su aplicación como pasó en 2007 con la Ley de Memoria Histórica, negando la nacionalidad a los hijos mayores de edad.

En este caso sería interesante que se tengan en cuenta aquellas enmiendas que se han presentado y que amplían derechos y población que se pueda acoger a la disposición octava, como son la enmienda número 5 que otorgaría la nacionalidad de origen o la 115 que retira el límite temporal y facilita la acreditación de parentesco a través de medios telemáticos.

Igualmente, para complementar la instrucción los Consulados Generales deberán tener los recursos necesarios que puedan permitir los trámites que cientos de miles de personas van a solicitar. Se ha de facilitar que un procedimiento sencillo no tenga que pasar a través de compras de citas en las puertas de los consulados, como sucede de manera ilegal en algunos consulados generales de Latinoamérica por parte de gente ajena a los mismos, e igualmente no se vea la gente forzada a llevar sus casos a través de despachos de abogados que en muchas ocasiones se aprovechan de las necesidades de las personas a través de campañas de miedo o intentando hacerse pasar por una autoridad con poder de otorgar cartas de naturaleza o con acceso a información privilegiada.

La nacionalidad es un derecho y no puede ser un negocio.

El próximo 27 y 28 de septiembre la Universidad de León ha organizado el IX Seminario sobre relaciones jurídicas Internacionales, centrada en Inmigración y Derechos Humanos, donde podremos exponer las necesidades de la emigración y estaría bien que los representantes de los partidos en el exterior se conectaran y tomaran nota de la larga lista de demandas que nos quedan aparte del voto rogado y la nacionalidad.

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), la leonesa Violeta Alonso Peláez, hablará de los órganos de participación de la emigración española ante las instituciones y yo como presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE expondré los problemas actuales de la emigración, así como la discriminación y posibles soluciones.

El ansiado fin del voto rogado es el comienzo de un camino y no un destino final, pero el apoyo de todos los partidos a retirar las trabas que ellos mismos impusieron en 2011, ha de complementarse con la inclusión de soluciones a los problemas de la emigración en sus programas electorales. 

Quizás la circunscripción exterior que ya disfrutan en Italia, Francia, o Portugal sea el siguiente paso lógico… aunque en la política actual parecemos abocados a no optar siempre por lo más lógico y muchos siguen al pie de la letra el librillo de su ideología sin adaptarse a los tiempos, las necesidades o a una población que necesita que la sociedad siga avanzando y no se estanque.