El voto exterior podría ser prioritario en los debates de la Subcomisión parlamentaria

El pleno del Congreso de los Diputados no vio la semana pasada, para su toma en consideración, como estaba previsto, una proposición no de ley presentada por el BNG desde el Grupo Mixto para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en lo que al voto procedente del exterior se refiere. La Cámara no tuvo que pronunciarse sobre la toma en consideración de esta iniciativa porque el Grupo proponente la había retirado con anterioridad. Fuentes del BNG explicaron que fue tras el compromiso del PSOE y del PP de que esta materia tendría prioridad en los debates de la Subcomisión parlamentaria.

Como anunció este periódico en su último número, estaba previsto que la proposición fuese tomada en consideración en el pleno del pasado martes.
El diputado de la formación nacionalista Francisco Jorquera explicó que la retirada se produjo después de que recibiesen una llamada del Grupo Socialista planteando la conveniencia de que se mantuviese cuando la Comisión Constitucional de la Cámara ha creado una Subcomisión específica para estudiar todos los aspectos de una posible modificación del Régimen Electoral y después de que contactase con todos los grupos parlamentarios, incluido el del PP.
Para la retirada de la iniciativa Jorquera habría alcanzado el acuerdo del PSOE y del PP de que el voto emigrante o de los españoles residentes en el exterior, que alcanza un elevado número en Galicia, sea abordado en la Subcomisión de manera urgente y separada del resto de los asuntos. De no ser así, advirtió, volverán a presentar la iniciativa cuando les corresponda.
La Subcomisión, que preside Alfonso Guerra, ya hizo un primer análisis del voto emigrante en vísperas de las elecciones gallegas y descartó proceder a una reforma urgente de la Ley Electoral para que los emigrantes votasen en las embajadas como los demás electores lo hacen en los colegios españoles.
Con su iniciativa, el BNG persiguía igualar el trámite para votar de los residentes ausentes con el de los electores en el país con el establecimiento de la votación directa en mesas instaladas en embajadas y consulados.
Además, Jorquera planteó que se considere el voto por correo como un procedimiento “excepcional” y de carácter “rogado” dadas “las escasas garantías” para asegurar la personalidad de los electores que, a su juicio, ofrece la actual fórmula de voto por correo desde el exterior.
Los nacionalistas gallegos también abogan por que los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) deban acreditar haber residido en el municipio en algún periodo comprendido en los diez años anteriores a la fecha de la celebración de las elecciones municipales.
Este requisito, según reseña en su propuesta, se justifica por la necesidad de “garantizar” la existencia de un vínculo efectivo de los electores inscritos en el censo de residentes ausentes con el municipio donde ejercer el voto, además de “evitar distorsiones” que dañen la legitimidad del sistema electoral.


Acceso a la nacionalidad
Por otra parte, el pleno de la Cámara vio al día siguiente, el pasado miércoles, una interpelación urgente de ERC-IU sobre las medidas que tiene previsto el Gobierno aprobar “para hacer efectiva la aplicación y desarrollo” de la llamada Ley de la Memoria Histórica, solicitando que “se dé el impulso no sólo a la ley, sino a las políticas por la recuperación de la memoria democrática que este país necesita”.
En su respuesta, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló entre los pasos dados para el desarrollo de la Ley, la instrucción para el acceso a la nacionalidad española de hijos y nietos de españoles que tuvieron que salir del país.
El ministro subrayó que la ley “responde al firme compromiso del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista con las víctimas de las injusticias causadas durante la Guerra Civil y la dictadura” y que en los quince meses de vida que tiene la norma “el Gobierno ha puesto todo su empeño y ha trabajado sin demora por dar pleno cumplimiento a las previsiones contenidas en esa ley”.
Entre las actuaciones que han tenido lugar para su desarrollo, Caamaño resaltó la importancia que tenía para el Gobierno “dar cumplimiento a la previsión contenida en la disposición adicional séptima de la ley, en la que se reconoce el derecho a adquirir la nacionalidad española de aquellas personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, así como a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.
“Para hacer efectivo ese derecho, el 4 de noviembre de 2008 se dictó una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el derecho de opción a la nacionalidad española. Con arreglo a lo dispuesto en esa instrucción, desde el pasado 29 de diciembre los interesados pueden  presentar ya las solicitudes en el Registro Civil español, consular o municipal correspondiente al lugar de su domicilio”, recordó.


Difusión en el exterior
Subrayó también que el Gobierno “ha procedido a dar una amplia difusión de esta medida en el exterior, distribuyéndose cerca de medio millón de folletos con información detallada sobre el alcance de las disposiciones de esta ley. Y para facilitar además el ejercicio de ese derecho, el Ministerio de Justicia ha habilitado un procedimiento simplificado que hace más sencillo el trámite de obtención del certificado de nacimiento del ascendiente de nacionalidad española”.
“Asimismo, desde el departamento de Exteriores, se ha procedido a reforzar, tanto con medios materiales como personales, determinados consulados que, previsiblemente, recibirán un mayor número de solicitudes”, añadió.
En esta misma línea de actuación, señaló que el pasado 3 de noviembre publicó el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto sobre concesión de nacionalidad española a los brigadistas internacionales, sin que tengan que renunciar a la suya, sin límite de plazo y pudiendo solicitarla por vía telemática o por escrito, sin necesidad de que se desplacen al país para ello. El ministro informó de que en estos pocos meses ya se han concedido doce nacionalidades al amparo de esta disposición.


Oficina para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura
También señaló que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2008 se aprobó la creación, en el Ministerio de Justicia, de una oficina para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, indicando que aunque esta figura no esta prevista en la ley, “el Gobierno ha considerado conveniente dotar a las víctimas de una oficina de referencia para facilitarles toda la información que sea precisa, y para asegurarles que pueden defender perfectamente los derechos que la ley les concede”. Su sede está en las dependencias del Ministerio de Justicia en la madrileña plaza de Jacinto Benavente.