El servicio exterior se concentra ante Hacienda para que se haga efectiva la actualización salarial vinculada al IPC de cada país
El personal laboral del servicio exterior (PLEX) sigue luchando por sus derechos salariales y por la mejora de sus condiciones de trabajo y por eso llevaron a cabo una concentración este miércoles 24 ante el Ministerio de Hacienda.

El coordinador del PLEX en el sindicato CSIF y consejero general del CGCEE (Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior) en representación del mismo, Pablo Puertas, explica que “la negociación está bloqueada a nivel nacional”, pero recuerda que “en los propios presupuestos generales del Estado está establecido que el personal laboral deberá ver actualizados sus salarios de acuerdo al IPC local” y que solo “hay que cumplir lo que ya está firmado”.
“Es un tema muy importante”, subraya Puertas, quien se lamenta que se dejase de lado “porque UGT y CC OO, en su momento, firmaron el acuerdo marco que supuso una subida general a todos, pero este año terminó y sí o sí hay que hacer la subida en función del IPC de cada país, pero es una decisión que se está estirando por demasiado tiempo”. Además, hay que tener en cuenta que esto lleva tiempo porque hay que calcular la subida que corresponde en los más de 120 países en los que España cuenta con personal laboral.
Puerta insiste en que “Función Pública tiene que sentarse a negociar de una vez por todas porque realmente estuvimos 15 años con los sueldos congelados y fue totalmente insuficiente la subida que se recibió con el acuerdo marco” porque “estaba vinculado al IPC de España que no tiene nada que ver con el coste de vida en el exterior”. Recuerda que hay países con monedas muy fuertes y con un elevado coste de vida como Suiza, Reino Unido o Australia, entre otros.
El representante de CSIF deja claro que su sindicato nunca firmó el acuerdo marco porque “sabía que era totalmente perjudicial para los trabajadores e incluso se quedó corto con respecto al IPC español”, ya que el acuerdo se firmó a tres años vista –2022, 2023 y 2024– sin conocer la inflación.
“Esta vez estamos los tres sindicatos en la misma línea”, destaca Puertas, quien explica que CC OO y UGT se dieron cuenta “que había sido un grave error para el exterior, ya que el 3,5% que se aumentó en 2022 es cercano al IPC español, pero es irrisorio respecto al IPC local de otros países”. De hecho, puntualiza que cada año tienen que pedirle a Función Pública que autorice un aumento para que los salarios no queden debajo del salario mínimo legal de cada país. “No se puede mirar el exterior con la óptica del coste de vida en España”.
Pero las reivindicaciones no son solo salariales. Desde el colectivo también se pide el desarrollo y actualización del Acuerdo PLEX en el que se incorporen derechos esenciales como la asistencia sanitaria y una protección social homogénea en toda la red exterior, así como permisos de conciliación y teletrabajo.
Otra de las reclamaciones es crear un catálogo de puestos y la equiparación salarial, así como la recuperación de la promoción interna, la restitución inmediata del Plan de Acción Social PLEX y el fin de las asistencias técnicas que, según argumentan, encubren puestos estructurales bajo contratos temporales que degradan derechos y rozan el fraude de ley.
Estas cuestiones llevan muchos años sobre la mesa. “Lo importante –asegura Puertas– es que ahora tenemos el apoyo de nuestras centrales no solo de nuestro sector. De hecho, te puedo decir que el propio presidente de CSIF está implicado para que esto salga adelante”. “Es muy importante tener el apoyo que, por desconocimiento, no tuvimos durante años. El PLEX se ha hecho ver y se tomó conciencia de la importancia del personal en el exterior”.
Los siguientes pasos, reconoce Pablo Puertas, se decidirán en función de la postura que muestre la Administración y, en caso de que no se hagan efectivas estas reclamaciones, valorarán llevar a cabo más acciones.
Colapso en los consulados
Desde el colectivo PLEX recuerdan que no sólo se trata de mejorar sus condiciones laborales, sino también de que España cuente en el exterior con un servicio fuerte y eficaz para atender a los más de 3 millones de españoles que viven en el exterior y que pronto llegarán a 4 millones como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad para descendientes al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
“El Ministerio de Exteriores tiró de lo que pudo para cubrir una demanda que lo sobrepasó en todos los consulados de América”, se lamenta Pablo Puertas, quien recuerda que esos 4 millones de españoles van a estar atendidos por el mismo personal que hay actualmente y se sitúa en torno a las 5.000 personas.