La presidenta de la Feaer participó en la protesta de retornados contra Hacienda realizada en Cádiz

Unos 500 emigrantes retornados de distintas localidades de la provincia de Cádiz se han concentrado este miércoles en la capital gaditana para exigir que se anulen las sanciones de hasta 30.000 euros que la Agencia Tributaria les ha incoado por no haber declarado al fisco la pensión que reciben del extranjero. La presidenta de la Federación Española de Emigrantes Retornados (Feaer), Eva Foncubierta, ha participado en la concentración celebrada frente la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

La medida, que afecta en Andalucía a 150.000 personas y a más de 800.000 en toda España, arranca con la puesta en vigor por parte del actual Gobierno de la Ley 35/2006, aprobada en su día por el PSOE y que nunca había llegado a aplicarse.

La norma obliga a declarar las pensiones extranjeras que sobrepasen los 11.200 euros por año.

El problema radica en que hasta ahora la propia Agencia Tributaria informaba a estas personas de la no obligatoriedad de declarar estas cantidades que percibían de países como Alemania, Francia o Noruega, a los que muchos de ellos habían emigrado en los años de la posguerra española.

En marzo y abril de este año empezaron a llegar los primeros requerimientos correspondientes al 2008, último ejercicio fiscal que no ha prescrito y ahora, están llegando los correspondientes a 2009.

Según la Federación Española de Emigrantes Retornados (Feaer), hay pensionistas que ya han regularizado su situación pagando entre los 20.000 y los 30.000 euros. Para la presidenta de este colectivo, Eva Foncubierta, el Ejecutivo está aplicando un “doble rasero” ya que tienen constancia de casos como el de un asociado de Olvera (Cádiz) que ha llegado a abonar 7.000 euros sólo por el año 2008, una cantidad que “no está acorde” con lo que abonan el resto de contribuyentes.

También para la Federación existen requerimientos con “poco sentido” y que “cuestan más a la administración de lo que realmente se va a recaudar” como el caso de una señora a la que exigían 4 euros cuyo impago ha generado una multa de 273.

El PSOE, según informa la agencia Efe, ha apoyado al colectivo con su presencia en la concentración y facilitando el transporte de los emigrantes jubilados desde localidades como Trebujena, Sanlúcar, Arcos, Olvera y Chiclana.

En la concentración, Araceli Maese, secretaria de organización del PSOE de Cádiz, ha considerado que la ley es “injusta” si se tiene en cuenta que la actual situación económica y que muchas de estas personas son el “sustento de muchos hogares” perjudicados por el desempleo de los más jóvenes.

Por ello ha pedido que la aplicación de esta norma, que fue aprobada en 2006 a instancias de la OCDE para homogeneizar que los emigrantes jubilados tributaran en los países en los que residían, se lleve a cabo de “la forma menos dolosa posible”.

Más contundentes son los miembros de Izquierda Unida, como el diputado provincial y alcalde de Espera, Pedro Romero, que también ha mostrado su apoyo a la concentración porque considera que la medida es “lamentable y patética” y ha pedido al Gobierno que se siente a dialogar con los afectados.