La preocupación por el Brexit crece entre los españoles instalados en Reino Unido por la crisis

La ruptura de Reino Unido con la Unión Europea está causando cada vez más preocupación entre los españoles residentes en el país, principalmente entre los desplazados durante la crisis. La incógnita respecto al futuro del gigante europeo tras el Brexit se cierne de manera alarmante sobre la población emigrada, que se ocupa en trabajos precarios y ve peligrar las ayudas que percibe de la administración para subsistir en una economía caracterizada por los altos precios incluso en los productos más básicos, como la vivienda o la alimentación. A ello se suma un ambiente enrarecido y con ciertos tintes xenófobos hasta el punto de que algunos reconocen que han dejado de hablar español por la calle para evitar miradas de desconfianza.

Reino Unido acoge oficialmente a alrededor de 132.000 españoles (la cifra real con los no censados podría elevarse a 200.000) y sobre muchos de ellos planean algunas dudas importantes respecto a su continuidad en el país, como son la posibilidad de conseguir la residencia permanente, el derecho a percibir asistencia sanitaria o las ayudas para becas y programas científicos. Es por ello que los 11.000 jóvenes de origen español que cursan estudios en Reino Unido centran su preocupación, entre otras cuestiones, en el coste de sus matrículas universitarias.

En el caso de las mujeres, éstas figuran entre las más perjudicadas, ya que, una vez se apliquen las nuevas medidas tras la aprobación del Brexit, se habla de la obligatoriedad de justificar cinco años de trabajo en el país (incluso se dice que podrían exigirse seis). Pero algunas lo han dejado un tiempo para cuidar de sus hijos y, a pesar de contabilizar más de ese tiempo de estancia, podrían verse privadas de los beneficios que llevaría aparejados el derecho de residencia.

Para resolver estas y otras dudas, el Gobierno español acaba de abrir una ‘ventanilla única’ en la Embajada de Londres mediante la cual responderá a los interesados a través de dos direcciones de correo electrónico: [email protected] o [email protected].

Al igual que la administración, los ciudadanos también se han apresurado a utilizar las redes sociales para mantenerse comunicados ante una situación que les ha dejado un futuro incierto. Tal es el caso de Nacho Romero, quien abrió un grupo en Facebook bajo el nombre ‘Españoles en el Reino Unido-surviving Brexit’, que cuenta ya con 3.000 integrantes.

Por su parte, el vallisoletano David Casajeros, quien lleva 19 años viviendo en Leeds, ha ganado las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Edimburgo, con lo que pretende dar soporte a los españoles en el país que en los últimos meses se ven sin garantías de futuro.

Comunitarios

Si el número de españoles se acerca a los 200.000, la cifra de ciudadanos comunitarios instalados en Reino Unido se eleva a 3,5 millones, a los que el país destina el 10% de las ayudas a trabajadores con bajos salarios.

El 40% de los inmigrantes llegados de Europa viven en hogares en los que se recibe algún tipo de ayuda social, con una media anual de 6.000 libras (7.680 euros), mientras que unos 8.000 hogares perciben 10.000 libras al año, lo que equivale a 12.800 euros.

Reino Unido destina 700 millones de libras (900 millones de euros) a pagar subsidios, desempleo y ayudas a vivienda a ciudadanos de la Europa comunitaria.

Desde el Brexit, más de 136.000 ciudadanos han pedido el certificado de residencia permanente en Reino Unido, pero el Gobierno ha rechazado el 28% de ellos.

“Arreglar, se va a arreglar”

Si el futuro se presenta incierto para los nuevos residentes en el país, no ocurre lo mismo con los que arribaron a mediados del siglo pasado. A estos no les va a “afectar”, asegura Nicolás Miño, presidente del Centro Gallego de Londres, quien lleva casi 50 años residiendo en esa capital.

Miño reconoce que existe preocupación entre la gente, pero sobre todo, entre los que se han sumado a la ola migratoria motivada por la última crisis económica. Muchos de ellos no se han anotado en los consulados y eso, al final, “les puede perjudicar mucho”, asegura.

No obstante, se muestra optimista y reacio a pensar que van a ser expulsados. “Algún acuerdo se va a hacer”, asegura, porque “arreglar, se va a arreglar”, confía. Lo que ocurre, asegura, es que ya no podrán entrar sin permiso de trabajo como hasta ahora y, en lugar de justificar cuatro años de empleo en el país, como ocurría en su época, se habla de que serán seis.

Nicolás Miño confía en que las normas para los europeos serán más flexibles que para los procedentes de otras comunidades, ya que, a su entender, la ola xenófoba “no es por los europeos”, sino por los ciudadanos procedentes de otras culturas que “vienen a delinquir”. “Los europeos no serían el problema, el rechazo se produce hacia colectivos más conflictivos”, apostilla.