Los socialistas presentan una iniciativa para regularizar la situación de los afectados

El PP replantea estudiar “de forma individual” cada expediente sancionador, pero dentro de la ley

El PP replantea estudiar “de forma individual” cada expediente sancionador, pero dentro de la ley
Los diputados socialistas gallegos en el Congreso se reunieron con los retornados.

El PP ofrece una vez más que se revise “caso a caso” la situación de los pensionistas afectados por los cobros de la Agencia Tributaria, pero siempre dentro de lo que permite la ley, en respuesta a la Proposición no de Ley de los socialistas en la que reclama más información para los afectados, regularizar su situación sin multas ni intereses de demora, y más facilidades de pago a través de los plazos o de líneas de financiación del ICO sin intereses.

En concreto, el texto del PP propone comprobar “de forma individual” cada expediente teniendo en cuenta los convenios de doble imposición y “el resto de condiciones económicas y personas de cada contribuyente que puedan afectar a la liquidación del impuesto”, así como evaluar la “situación concreta de cada caso” cuando haya un expediente sancionador.

Además, el PP ofrece “extremar el celo y el cuidado en la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago” para tratar de dar las “mayores facilidades y la necesaria flexibilidad que permite el ordenamiento jurídico vigente” a estas personas, con las que se debería abrir un “cauce de comunicación” y ante las que se debería “intensificar la divulgación” sobre el tratamiento fiscal de sus pensiones.

Se trata de una alternativa con “propuestas comprometidas, serias y responsables”, según el diputado y secretario ejecutivo del Partido Popular en el Exterior, Alfredo Prada.

Así, Prada recordó que la Agencia Tributaria puede realizar comprobaciones de cualquier periodo impositivo no prescrito y que la ley prevé sanciones para cualquier falta de ingreso total o parcial de una deuda cuando la omisión sea dolosa o culposa. “Y en estos casos, se dan estos supuestos”, insistió, y añadió: “Se está aplicando la ley, no se hace otra cosa. Una ley de 2006 aprobada por el PSOE y que ahora, como no gobiernan, pretenden que no se aplique, se cambie o no se cumpla”.

Por eso, emplazó al principal partido de la oposición a que “deje de hacer demagogia y electoralismo con los emigrantes” y que no usen a ese colectivo “para sus intereses partidistas”. “No les interesa resolver sus problemas, y hoy lo demostrarán una vez más si no aceptan nuestra propuesta, que es un buen paso adelante para arreglar este problema”, espetó Prada, quien aseguró que para el PP y el Gobierno los emigrantes son una “preocupación” desde el primer momento de legislatura.

El PSOE critica la “voracidad fiscal”

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en materia de Economía, Antonio Hurtado, ha defendido su propia iniciativa, recordando que los emigrantes retornados “reivindican una causa justa” y criticó la “voracidad fiscal” de un Gobierno que dio “trato de favor de forma muy gentil y educada a los verdaderos defraudadores” con la ‘amnistía fiscal’, pero que abre comprobaciones e impone “sanciones, recargos e intereses de demora” a unos ciudadanos “que no tienen ninguna intención de defraudar”.

 “No les hagamos más sufrir, son personas mayores a las que una notificación de la Agencia Tributaria les quita el sueño. Lancen al menos un mensaje tranquilizador porque no son merecedores de este escarnio”, añadió, y recordó que fue la propia Agencia Tributaria la que informó de forma errónea a los millares de afectados que hay por todo el país.

Además, ha avanzado que se aceptará la enmienda presentada por CiU para precisar que la asistencia de la Agencia Tributaria a estas personas debe pasar también por ayuda para confeccionar los formularios de regularización fiscal, más allá de la mera información.

Trato “denigrante”

Por su parte, Alberto Garzón, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reprochó al Gobierno que trate “de forma totalmente denigrante” a unos ciudadanos que, en muchos casos, se tuvieron que “exiliar” para “sobrevivir”, y reprochó que se trate “con estos métodos” a los ciudadanos “más débiles”.

“Es inconcebible que a los grandes defraudadores se les den tantas facilidades pese a que son delincuentes financieros y fiscales, y que a las personas humildes, trabajadoras, se les trate con estos métodos, cuando además son un colectivo que ya ha sido duramente castigado por las políticas del PP”, añadió el diputado malagueño.

Para el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, “parece claro” que en este caso ha habido una “falta de información o información inadecuada” por lo que “no parece justo” exigir la regularización y las sanciones “de golpe” a personas que, en muchos casos, carecen de recursos. Por eso, ha reclamado una “solución equilibrada que tenga en cuenta lo excepcional de las circunstancias” de estas personas.

Además, aprovechó para criticar la “beligerancia” y la “dureza” con la que el Gobierno aplica la ley a estas personas en contraposición a la “suavidad del tratamiento dado a los beneficiarios de la ‘amnistía fiscal’”.

El BNG pide que se informe

Olaia Fernández Davila (BNG) también ha asegurado que no se puede sancionar a estas personas, sino que se les debe informar, facilitarles el pago de lo adeudado y devolver las cuantías a quienes ya hayan pagado las multas, y que se debe hacer a través de un acuerdo colectivo, porque “es difícil entender que se arregle con unos y con otros no cuando todos son víctimas de la misma mala información” de la propia administración pública.

“Es una injusticia. O son defraudadores o no lo son, y si no lo son no se les puede aplicar la ley como si lo fueran. Y no lo son, son personas mal informadas. ¡No se iban a poner todos de acuerdo para defraudar a Hacienda!”, subrayó, y recordó que muchos de los afectados por esta situación también han sido víctimas de las preferentes.

CiU pide minimizar los efectos

La diputada de CiU Inmaculada Riera reconoció que puede haber algunos supuestos objetivos de infracción tributaria entre estos casos, pero recordó que la aplicación de la normativa ha cambiado en los últimos ejercicios porque “las rentas procedentes de pensiones extranjeras no se incluían en los borradores de la Declaración de la Renta”.

Por eso, cree que es necesario que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo que permita “afrontar esta situación” minimizando los efectos económicos y sociales “complejos” que pueden tener reclamaciones de más de 20.000 euros a jubilados cuyas pensiones no superan los 900 euros y que no pueden costearse asesoramiento profesional para hacer las declaraciones complementarias necesarias.

“Agravio comparativo”

La diputada del PNV Isabel Sánchez Robles avanzó su abstención aunque ve “inadecuado usar el ámbito tributario para compensar el sacrificio y el drama” de la emigración y recordó que la Ley del IRPF es “meridianamente clara” en lo que respeta a las rentas del extranjero y su tratamiento, por lo que no aplicar la normativa o saltársela para cerrar expedientes sancionadores o no devengar intereses sería “contrario a los principios de igualdad, equidad y legalidad” e incurriría en “un agravio comparativo con otros colectivos”.

No obstante, reconoció que “se pueden mitigar los efectos” de estas medidas con aplazamientos o condonaciones de sanciones, pero que se deben decidir “en atención a las circunstancias de cada caso”. “La Agencia Tributaria debe hacer un riguroso análisis de las circunstancias personales y económicas de cada supuesto, tratando de flexibilizar al máximo sus mecanismos legales para facilitar el pago de las deudas”, pidió, y reclamó también información “completa y detallada” para este colectivo.


 

El PP replantea estudiar “de forma individual” cada expediente sancionador, pero dentro de la ley