Jiménez dice que las nuevas nacionalizaciones exigirán “un gran esfuerzo presupuestario”
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, admitió el pasado martes en declaraciones a RNE que la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados y emigrantes españoles en virtud de la ley de Memoria Histórica conllevará para el Estado un “gran esfuerzo presupuestario”, pero consideró que “merece la pena”.
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, admitió el pasado martes en declaraciones a RNE que la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados y emigrantes españoles en virtud de la ley de Memoria Histórica conllevará para el Estado un “gran esfuerzo presupuestario”, pero consideró que “merece la pena”.
“Nos va a exigir un gran esfuerzo burocrático, administrativo, presupuestario”, admitió Jiménez, que sin embargo consideró que “merece la pena el esfuerzo”. La secretaria de Estado ya había adelantado durante su comparecencia en el Congreso para explicar los presupuestos que se cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros para este fin.
Jiménez recordó que el propio ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha dejado claro que al Gobierno no le preocupa “lo que cueste”. “Nos preocupa que la gente que tiene derecho a ser y sentirse españoles puedan serlo”, aseveró.
Según la secretaria de Estado, el tema de la nacionalidad es la “pregunta más frecuente” que se hace a los representantes del Gobierno en sus viajes a América Latina, “sobre todo cuando tenemos reuniones con la colectividad española” porque “hay muchas personas que se sienten españoles y que quieren tener la nacionalidad española”.
Para estas personas, subrayó, lo que ellos llaman “la ley de nietos’ ha supuesto muchísimo”. También recalcó que aunque en un principio se pensó que la ley era sólo “para los hijos de exiliados”, ésta es en realidad “para todos los que hayan tenido que verse obligados a irse de su país, que se sintieron expulsados de su país por razones económicas o políticas”.
El desarrollo de la reforma de la nacionalidad está siendo objeto de preocupación entre algunos miembros del Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), especialmente entre representantes de Estados Unidos y Francia.
Los tres consejeros generales por Francia se muestran especialmente inquietos con la posibilidad de que se acoten las fechas de emigración y exilio para que los descendientes puedan acceder a ella y se han dirigido a varios miembros del Gobierno y a representantes de las fuerzas políticas pidiendo que no haya límites.
“Nos va a exigir un gran esfuerzo burocrático, administrativo, presupuestario”, admitió Jiménez, que sin embargo consideró que “merece la pena el esfuerzo”. La secretaria de Estado ya había adelantado durante su comparecencia en el Congreso para explicar los presupuestos que se cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros para este fin.
Jiménez recordó que el propio ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha dejado claro que al Gobierno no le preocupa “lo que cueste”. “Nos preocupa que la gente que tiene derecho a ser y sentirse españoles puedan serlo”, aseveró.
Según la secretaria de Estado, el tema de la nacionalidad es la “pregunta más frecuente” que se hace a los representantes del Gobierno en sus viajes a América Latina, “sobre todo cuando tenemos reuniones con la colectividad española” porque “hay muchas personas que se sienten españoles y que quieren tener la nacionalidad española”.
Para estas personas, subrayó, lo que ellos llaman “la ley de nietos’ ha supuesto muchísimo”. También recalcó que aunque en un principio se pensó que la ley era sólo “para los hijos de exiliados”, ésta es en realidad “para todos los que hayan tenido que verse obligados a irse de su país, que se sintieron expulsados de su país por razones económicas o políticas”.
El desarrollo de la reforma de la nacionalidad está siendo objeto de preocupación entre algunos miembros del Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), especialmente entre representantes de Estados Unidos y Francia.
Los tres consejeros generales por Francia se muestran especialmente inquietos con la posibilidad de que se acoten las fechas de emigración y exilio para que los descendientes puedan acceder a ella y se han dirigido a varios miembros del Gobierno y a representantes de las fuerzas políticas pidiendo que no haya límites.
