EL ESTADO VENEZOLANO ASUME EL 96,78% DEL BANCO DE VENEZUELA
El Gobierno de Venezuela asume el control de la filial del Grupo Santander
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela asumió el pasado viernes, 3 de julio, el control del Banco de Venezuela, el tercero más grande del país, luego de cancelar 630 millones de dólares al Grupo Santander de España, propietario de la entidad.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela asumió el pasado viernes, 3 de julio, el control del Banco de Venezuela, el tercero más grande del país, luego de cancelar 630 millones de dólares al Grupo Santander de España, propietario de la entidad.
El ministro de Economía, Alí Rodríguez Araque, anunció el pago de 630 millones de dólares, que representa el 60 por ciento del monto total de la operación (1.050 millones de dólares), y afirmó que la transacción fue “excelente negocio” para el gobierno porque logró “una de las joyas del sistema”, y para el grupo Santander porque obtuvo “importantes beneficios”.
Rodríguez Araque dijo en un breve discurso, al asumir el gobierno el control del banco, que durante las negociaciones se generaron algunas “tensiones”, pero que al final se logró un “acuerdo amigable”.
El ministro indicó que el gobierno utilizará el Banco de Venezuela para “impulsar un proceso de reestructuración” de la banca pública.
El pase del Banco de Venezuela a manos del Estado le permitirá al gobierno convertirse en el líder del sistema financiero debido a que la banca estatal pasará a controlar 21,13 por ciento de los depósitos totales y 16,8 por ciento de los créditos.
Por su parte, Emilio Botín-Sanz, presidente del grupo Santander, exaltó el logro del acuerdo, e indicó que durante los trece años que la corporación española manejó la institución venezolana se realizaron inversiones por el orden de los 455 millones de dólares, que incluyeron 300 millones de dólares en tecnología, 125 millones de dólares para la formación del recurso humano, y unos 30 millones de dólares para el banco de desarrollo Bancrecer.
Tras casi un año de negociaciones, el vicepresidente venezolano Ramón Carrizález anunció en mayo que el gobierno pagaría al grupo Santander 1.050 millones de dólares por 96,78 por ciento de las acciones del Banco de Venezuela.
Como parte del acuerdo se decidió que el monto de la venta se cancelaría de la siguiente manera: 630 millones de dólares al momento de la firma del “contrato de compra-venta” el 3 de julio; y dos pagarés de 210 millones de dólares, cada uno, que se pagarán a su vencimiento en octubre y diciembre.
Cabe destacar que el pasado 22 de mayo, el presidente del Banco de Venezuela, Michel J. Goguikian, representante del Grupo Santander en el país, manifestó la “satisfacción” por el acuerdo alcanzado con el Gobierno venezolano.
“Tenemos que reconocer ante ustedes que el grupo Santander está extremadamente satisfecho sobre el acuerdo alcanzado con la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.
Asimismo, el Gobierno venezolano aprobó la entrega de divisas oficiales al grupo Santander para que pueda “repatriar dividendos” por 182,4 millones de dólares el 27 de mayo, y otros 122,3 millones de dólares en julio.
Rodríguez Araque juramentó a la nueva junta directiva del banco que quedó encabezada por el economista Eugenio Vásquez Orellana en el cargo de presidente. Vásquez Orellana venía de desempeñarse como presidente del gubernamental Banco de la Vivienda y Hábitat.
Dentro del convenio también se estableció que el Gobierno venezolano podrá disponer durante dos años de la plataforma informática que actualmente posee la institución financiera, con la posibilidad que se prorrogue por un año más.
De la operación de venta quedó excluida Bancrecer, filial local del banco, que permanecerá en manos del grupo Santander.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció en julio de 2008 que su gobierno nacionalizaría el banco, pero las negociaciones por el precio de venta se prolongaron.
El Banco de Venezuela fue adquirido por el grupo Santander en diciembre de 1996 por 351,5 millones de dólares luego de un proceso de privatización.
La institución controlaba para mayo pasado 11,12 por ciento de los créditos del sistema y 10 por ciento de los depósitos totales, y manejaba una clientela de 3,2 millones de personas.
El Gobierno venezolano inició en 2007 una política de nacionalizaciones que abarcó, en principio, industrias estratégicas como la petrolera, eléctrica y de telecomunicaciones, y que después se extendió, al año siguiente, a los sectores siderúrgicos, cementero y bancario.
Durante 2009, se ha anunciado la nacionalización de al menos 74 empresas contratistas de la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), en virtud de una nueva ley que reserva al Estado el control de todas las actividades ligadas a la producción de hidrocarburos, y de otras empresas relacionadas al sector siderúrgico.
Hasta la fecha, el gobierno ha llegado a acuerdos amistosos con Techint, las cementeras Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza), y el grupo Santander. En total, estas negociaciones suman unos 3.800 millones de dólares.
Otras empresas, como las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips, y la cementera mexicana Cemex, apelaron al arbitraje internacional.
El Gobierno respetará acuerdos y derechos de los trabajadores
Asimismo, el titular de la Vicepresidencia, Ramón Carrizalez enfatizó en su día, que el Gobierno será respetuoso del contrato firmado, las especificaciones acordadas y el estado de las cuentas privadas.
También indicó que los 6.000 trabajadores de la entidad pasarán a manos del Estado, al igual que las 286 agencias distribuidas en todo el territorio nacional.
El ministro de Economía, Alí Rodríguez Araque, anunció el pago de 630 millones de dólares, que representa el 60 por ciento del monto total de la operación (1.050 millones de dólares), y afirmó que la transacción fue “excelente negocio” para el gobierno porque logró “una de las joyas del sistema”, y para el grupo Santander porque obtuvo “importantes beneficios”.
Rodríguez Araque dijo en un breve discurso, al asumir el gobierno el control del banco, que durante las negociaciones se generaron algunas “tensiones”, pero que al final se logró un “acuerdo amigable”.
El ministro indicó que el gobierno utilizará el Banco de Venezuela para “impulsar un proceso de reestructuración” de la banca pública.
El pase del Banco de Venezuela a manos del Estado le permitirá al gobierno convertirse en el líder del sistema financiero debido a que la banca estatal pasará a controlar 21,13 por ciento de los depósitos totales y 16,8 por ciento de los créditos.
Por su parte, Emilio Botín-Sanz, presidente del grupo Santander, exaltó el logro del acuerdo, e indicó que durante los trece años que la corporación española manejó la institución venezolana se realizaron inversiones por el orden de los 455 millones de dólares, que incluyeron 300 millones de dólares en tecnología, 125 millones de dólares para la formación del recurso humano, y unos 30 millones de dólares para el banco de desarrollo Bancrecer.
Tras casi un año de negociaciones, el vicepresidente venezolano Ramón Carrizález anunció en mayo que el gobierno pagaría al grupo Santander 1.050 millones de dólares por 96,78 por ciento de las acciones del Banco de Venezuela.
Como parte del acuerdo se decidió que el monto de la venta se cancelaría de la siguiente manera: 630 millones de dólares al momento de la firma del “contrato de compra-venta” el 3 de julio; y dos pagarés de 210 millones de dólares, cada uno, que se pagarán a su vencimiento en octubre y diciembre.
Cabe destacar que el pasado 22 de mayo, el presidente del Banco de Venezuela, Michel J. Goguikian, representante del Grupo Santander en el país, manifestó la “satisfacción” por el acuerdo alcanzado con el Gobierno venezolano.
“Tenemos que reconocer ante ustedes que el grupo Santander está extremadamente satisfecho sobre el acuerdo alcanzado con la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.
Asimismo, el Gobierno venezolano aprobó la entrega de divisas oficiales al grupo Santander para que pueda “repatriar dividendos” por 182,4 millones de dólares el 27 de mayo, y otros 122,3 millones de dólares en julio.
Rodríguez Araque juramentó a la nueva junta directiva del banco que quedó encabezada por el economista Eugenio Vásquez Orellana en el cargo de presidente. Vásquez Orellana venía de desempeñarse como presidente del gubernamental Banco de la Vivienda y Hábitat.
Dentro del convenio también se estableció que el Gobierno venezolano podrá disponer durante dos años de la plataforma informática que actualmente posee la institución financiera, con la posibilidad que se prorrogue por un año más.
De la operación de venta quedó excluida Bancrecer, filial local del banco, que permanecerá en manos del grupo Santander.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció en julio de 2008 que su gobierno nacionalizaría el banco, pero las negociaciones por el precio de venta se prolongaron.
El Banco de Venezuela fue adquirido por el grupo Santander en diciembre de 1996 por 351,5 millones de dólares luego de un proceso de privatización.
La institución controlaba para mayo pasado 11,12 por ciento de los créditos del sistema y 10 por ciento de los depósitos totales, y manejaba una clientela de 3,2 millones de personas.
El Gobierno venezolano inició en 2007 una política de nacionalizaciones que abarcó, en principio, industrias estratégicas como la petrolera, eléctrica y de telecomunicaciones, y que después se extendió, al año siguiente, a los sectores siderúrgicos, cementero y bancario.
Durante 2009, se ha anunciado la nacionalización de al menos 74 empresas contratistas de la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), en virtud de una nueva ley que reserva al Estado el control de todas las actividades ligadas a la producción de hidrocarburos, y de otras empresas relacionadas al sector siderúrgico.
Hasta la fecha, el gobierno ha llegado a acuerdos amistosos con Techint, las cementeras Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza), y el grupo Santander. En total, estas negociaciones suman unos 3.800 millones de dólares.
Otras empresas, como las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips, y la cementera mexicana Cemex, apelaron al arbitraje internacional.
El Gobierno respetará acuerdos y derechos de los trabajadores
Asimismo, el titular de la Vicepresidencia, Ramón Carrizalez enfatizó en su día, que el Gobierno será respetuoso del contrato firmado, las especificaciones acordadas y el estado de las cuentas privadas.
También indicó que los 6.000 trabajadores de la entidad pasarán a manos del Estado, al igual que las 286 agencias distribuidas en todo el territorio nacional.
