El Gobierno elevará a seis millones de euros la ayuda a los descendientes de españoles nacidos en Venezuela

El Ministerio de Trabajo del Gobierno de España destinará en 2020 un total de seis millones de euros (el doble que en 2019) para atender las necesidades básicas de los españoles nacidos en Venezuela que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el país bolivariano, según aseguró a ‘Crónicas de la Emigración’ el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Caracas, José Francisco Armas.

Mujeres embarazadas, lactantes, menores de 12 años, personas con dolencias crónicas y enfermos oncológicos constituyen el principal grupo de beneficiarios de este plan especial de choque que el Ministerio de Trabajo puso en marcha por primera vez en febrero de este año y que contempla ayuda socioasistencial y una cuantía económica.

El consejero laboral confía en que antes de que acabe el año o a principios del que viene, se apruebe el real decreto para 2020 con la cantidad propuesta desde esta Consejería.

Las ayudas del Gobierno central a Venezuela parten de la necesidad que emana de la situación del país, que atraviesa por una etapa “muy difícil”, asegura Armas, quien enfatiza el hecho de que por primera vez se haya puesto en funcionamiento una iniciativa de estas características para atender a los descendientes de españoles nacidos ya en Venezuela. Se trata de un plan “muy interesante”, porque “si un español necesita de una intervención quirúrgica urgente, se le puede resolver por este plan especial”, aclara el consejero.

Frente a los mayores de 65 años nacidos en España que residen en el país bolivariano y que tienen sus necesidades básicas cubiertas gracias a la ayuda que les presta la Fundación España Salud (FES) –lleva funcionando 13 años y cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros para atender a algo más de 7.000 mayores emigrados a Venezuela en situación de vulnerabilidad–, Armas contrapone la situación de este colectivo, carente hasta el año pasado de las prestaciones básicas, y para el que el Ministerio de Trabajo ha decidido habilitar este plan especial, orientado a proporcionarles cobertura sanitaria y de tipo alimenticio. A través de lo que se conoce como ‘tarjeta de alimentos’, cuando finalice 2019, alrededor de 6.400 personas habrán recibido una ayuda por este programa que podría elevar a 10.000 el número de beneficiarios de la tarjeta en 2020. Más de 50 mujeres embarazadas, 132 niños y 330 enfermos oncológicos han sido atendidos a lo largo de este año gracias a esta iniciativa que Armas considera “muy importante en Venezuela” y por la que cada uno de los beneficiarios percibe una cuota mensual de 25 euros. Dicha cantidad se les ingresa en una tarjeta de la que van sacando dinero a medida que lo necesitan. La tarjeta está dispuesta de tal manera que imposibilita su uso en el caso de emplearla en productos inadecuados, como bebidas alcohólicas.

Al cambio, los 25 euros que reciben de la Consejería están entre 1,4 o 1,5 millones de bolívares, lo que supone cuatro o cinco veces el salario mínimo en Venezuela, que ronda los 300.000 bolívares mensuales (entre el salario base y la ayuda en bonos de alimentación que les dan las empresas a los trabajadores), según revela el consejero.

Con ambas pagas, se las arreglan para comprar leche, harina de arepa, jamón, pollo, huevos y algo de verdura y fruta.

Pero lo cierto es que todo está “muy caro” en Venezuela y los precios de los alimentos “suben de hoy para mañana”, confirma Armas, para quien, la cantidad aportada no permite grandes alardes y da para alimentarse “más o menos”, porque “hay que ajustarse mucho para comprar”.

El consejero habla de “desproporción” entre el salario que se cobra al mes y los precios de los alimentos y pone como ejemplo que en el mes de septiembre hubiese sido necesario destinar el salario de 104 meses de trabajo para realizar una canasta básica, es decir, para llenar la cesta de la compra.

Póliza colectiva de seguro

Además de esta ayuda, el consejero informó también de otras actuaciones que está llevando a cabo la Consejería, entre las que destaca las negociaciones que mantienen con compañías aseguradoras radicadas en Venezuela, como Mercantil, Mapfre, Banesco o Universitas, para acoger como clientes a los españoles con capacidad para pagar una pequeña cuota mensual. La propuesta de esta póliza colectiva de seguros está pensada para españoles menores de 65 años que no se encuentran en situación de vulnerabilidad y a los que estar dados de alta en una aseguradora le daría “mucha tranquilidad”, confirma Armas.

Muchos de ellos ya pertenecían a Sanitas, pero la compañía abandonó Venezuela tiempo atrás y dejó a los clientes a su suerte, por lo que se hace necesario desde Madrid actuar de intermediarios de este colectivo con las compañías aseguradoras, a las que les podrían proporcionar más de 15.000 clientes.

Esto conllevaría ciertas ventajas para los asegurados, sostiene el consejero, ya que las compañías abaratan los precios al tratarse de un grupo tan amplio. Así, se podrían obtener mejoras tanto en el precio de la póliza como en la cantidad asegurada, recuerda, e informa que los interesados disponen de plazo hasta el 15 de enero para preinscribirse y poder así conocer la cifra de aspirantes a beneficiarse de esta iniciativa que deben presentar a las compañías.

El pasado mes de noviembre figuraban inscritos en el Consulado de Caracas 25.521 españoles de 0 a 18 años, mientras que 26.703 tenían entre 19 y 35. Los que superan esta edad y hasta los 65 suben a 58.273, lo que es indicativo del alto porcentaje de personas que se pueden acoger a esta póliza.

Por lo que respecta a los mayores de 65 años, se contabilizan 48.818 inscritos, de los cuales, unos 7.000 se encuentran en situación de vulnerabilidad y reciben la asistencia médica, quirúrgica y farmacológica que presta la Fundación España Salud.

900 pensionistas más con ayuda

La llegada del partido socialista al poder en 2018 está teniendo repercusión también en el número de pensionistas en Venezuela que perciben una cuantía de España. El consejero asegura que si bien el ejecutivo anterior había eliminado el subsidio a los españoles que ya cobraban el seguro social de Venezuela –una medida que “excluía a un colectivo muy importante”, dice–, el nuevo Gobierno les restituyó este año la partida por considerar que los 16.000 bolívares que estos perciben cada mes del Gobierno de Maduro es una cantidad irrisoria para afrontar el día a día, ya que apenas da para cuatro cafés. Como complemento, desde su llegada a la Consejería, 912 pensionistas a los que se les quitó la ayuda de España en su momento –todos ellos beneficiarios de los servicios que presta la Fundación España Salud– han vuelto a recuperarla y perciben entre 1.100 y 1.300 euros al trimestre. De las 1.700 personas en situación de necesidad extrema que la venían disfrutando hasta ese momento, se ha pasado a 2.692, atestigua Armas, quien apunta que se trata de “un colectivo muy deprimido” que “espera por las ayudas del Gobierno de España para poder subsistir, ya que “si no fuera por España…”.

En medio de este clima, la emigración se presenta como la única salida para muchos habitantes del país, entre los que figuran muchos nietos de españoles, que buscan una salida a su precaria situación personal en el lugar de origen de sus abuelos. Las cifras hablan de 2.630 retornados a España desde Venezuela en 2013, hasta alcanzar los 16.402 en 2017. En 2018, continuó, los números siguen al alza y en 2019 se sitúan en 12.000 de un total de 14.500 salidas. Los 2.500 restantes recalaron en países como Canadá, Panamá o República Dominicana. De esos 12.000 que se establecieron en España, 2.413 han regresado con la condición de ‘emigrante retornado’, lo que les da derecho a disfrutar de una paga de 470 euros mensuales durante 18 meses. En 2017, se beneficiaron de estas ayudas 4.116 retornados de Venezuela y en 2018, un total de 4.216.

Ayudas para cuestiones puntuales

Otra de las partidas contempladas dentro del presupuesto de la Consejería Laboral para colaborar con los españoles más desfavorecidos residentes en Venezuela está destinada a sufragar un ‘programa rápido’, dirigido a atender cuestiones puntuales, dotado con 260.000 euros. Un total de 600 personas se han beneficiado en 2019 de estas ayudas, orientadas a paliar la desnutrición o malnutrición, a atender demandas de medicinas o arreglos en viviendas, así como gastos derivados de la escolarización de los niños.

A todo ello hay que añadir el millón de euros que desde esta Conserjería se destina a los centros, para mantenimiento, gastos de personal y en los últimos tiempos, para la compra de generadores eléctricos. Además, se atiende a 50.000 españoles vinculados a los centros de día de la Hermandad Gallega de Caracas, la Hermandad Gallega de Valencia, el Hogar Canario, el Centro Asturiano y el Centro Español de El Tigre, entidades que “se financian por este programa sin recibir ayudas de otras instituciones”, confirma Armas.

La Consejería Laboral de España en Caracas dispone de un presupuesto de 15 millones de euros para atender a las demandas de la diáspora española en Venezuela, un país que vive una “situación muy enquistada”, confiesa el consejero, quien apunta que “hay que estar constantemente inventando formas” para poder responder a las necesidades que se presentan.

El número de españoles residentes en Venezuela a 1 de enero de 2018 ascendía a 167.255, de los cuales el 30% superaba los 65 años y el 13% eran menores de 18. El goteo constante de salidas durante ese año (25.000 españoles abandonaron el país bolivariano en 2018, según cifras de la Embajada) y también en 2019 está reduciendo la cifra considerablemente. De todos modos, 2019 experimentó un considerable descenso con respecto al año anterior (se sitúa en 14.500 bajas), que Armas atribuye, en parte, a las ayudas que el Gobierno de España está enviando a los españoles en el país, que disuade a muchos ciudadanos de abandonar su lugar de residencia.