El CRE de Santa Cruz demandará al Tribunal Constitucional la nulidad de la reforma de la Loreg

El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, decidió en la reunión extraordinaria que mantuvo el pasado día 4 demandar al Tribunal Constitucional español la nulidad de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que introdujo el voto rogado para los españoles residentes en el exterior. Entre otras cosas, en la reunión también se habló de la reforma del Reglamento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), para la que el último pleno de este organismo ofreció a sus miembros un plazo para presentar propuestas, que finalizó el pasado 31 de enero.

Según el Boletín Informativo de los Residentes Españoles de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, a la reunión del CRE asistieron representantes de la colectividad de españoles residentes en esta ciudad y estuvo presidida por Carlos Alonso Benavides y Patricia Bort Schmitter, presidente y secretaria del CRE regional. Asistió como ponente José Mansilla, consejero general representante por Bolivia ante el Consejo General, quien “expuso sobre la actual situación del CGCEE, su inoperancia e inadaptación a la realidad actual de los emigrantes”. 

“También hizo referencia a la avalancha de demandas de reformas que llegan desde todos los CRE y en especial a los pronunciamientos del movimiento asociativo del exterior, quienes, alegando representación de los emigrantes españoles (que en la práctica no ejercen porque es un resorte exclusivo de los CRE), exigen reformas de fondo a los estatutos del CGCEE con el solo interés de ganar espacios y representatividad al interior del organismo en desmedro de los CRE, únicos representantes de los españoles residentes en el exterior ante el CGCEE”, refiere el Boletín respecto a las propuestas que se han originado con ocasión de la reforma del Reglamento del CGCEE.

Según expone, José Mansilla explicó “la verdadera necesidad de reformar los estatutos del CGCEE para que los cargos (Presidencia, Vicepresidencia y Secretaria) dejen de estar en manos de los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Exteriores y pasen de ser cargos digitados por imposición y aclamación a ser cargos electos por los consejeros generales en los plenos de los mandatos del CGCEE y no lo que ocurre en la actualidad que los cargos son nombrados por los ministerios con el agravante de lo que ocurrió en este último mandato donde el recién nombrado José Castelao Bragaña dimitió antes de ejercer su mandato lo que hizo que todos los cargos quedaran en manos de los funcionarios de los ministerios del ramo”. Se refirió asimismo “a la ambigüedad e inoperancia de la Comisión Permanente y su irrelevancia en relación a las verdaderas necesidades de la diáspora”.

Por otra parte, los asistentes se interesaron ante el consejero general por las propuestas presentadas por este CRE al CGCEE sobre “la nacionalidad automática para los cónyuges de españoles y la ratificatoria de nacionalidad de los menores de edad a simple solicitud de renovación del pasaporte español”, a lo que Mansilla habría respondido que “éstos, como todos los demás pedidos, solicitudes, demandas y proposiciones de los distintos consejeros generales de la diáspora fueron a dar a saco roto por la inoperancia precisamente de la Comisión Permanente, que no viabiliza ni agiliza nada”.

El debate continuó con temas de orden local referidos a la relación e interacción de los ciudadanos españoles con el Consulado General local y algunos inconvenientes de orden menor, tras los cuales se abordó el tema del voto rogado y la necesidad de reforma de la Loreg “para la supresión del voto rogado para que los ciudadanos españoles emigrantes y que residan en cualquier parte del mundo puedan votar libremente en urnas en sus propios consulados y no a través del complicadísimo sistema actual que le ha llevado los niveles de participación ciudadana del exterior prácticamente a cero”.

Finalmente se acordó, por consenso, que sea el CRE de Santa Cruz-Bolivia el que demande de nulidad ante el Tribunal Constitucional las reformas de la Loreg que introdujeron el voto rogado como práctica electoral para la ciudadanía española en el exterior, “por ser confiscatorio del derecho a elegir consagrado en la Constitución”. “Por este motivo se instruyó al asesor político, José Luis Rozas, para que prepare el texto de la demanda de inconstitucionalidad de la Loreg para ser presentada ante el Tribunal Constitucional de España en el menor tiempo posible”, añade la información.