El Pleno del CGCEE aprobó una resolución en la que pide la paralización de las instrucciones

Educación acepta reunirse con la Comisión de Educación del CGCEE para seguir debatiendo sobre las ALCE

La subdirectora de proyección exterior educativa, Ángeles Múñoz, aceptó reunirse de nuevo con la Comisión de Asuntos Educativos del CGCEE para seguir debatiendo sobre las instrucciones que se han dado para el curso que viene en las Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE).

Educación acepta reunirse con la Comisión de Educación del CGCEE para seguir debatiendo sobre las ALCE
Ángeles Muñoz, durante su intervención en el Pleno.

La subdirectora de proyección exterior educativa, Ángeles Múñoz, aceptó reunirse de nuevo con la Comisión de Asuntos Educativos para seguir debatiendo sobre las instrucciones que se han dado para el curso que viene en las Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE).

Durante el Pleno, la presidenta de la Comisión, Miriam Herrero instó a Muñoz a paralizar de forma inmediata las instrucciones y recordó que “los plazos son muy cortos”, ya que el curso empieza en septiembre.

A pesar de las explicaciones sobre los cambios que Muñoz dio en el Pleno, éste aprobó una resolución en la que se pide la suspensión de las instrucciones para el próximo curso, poner en marcha “un proyecto coherente, de calidad y con futuro para las ALCE” y que se “negocio con todos los colectivos implicados: Padres de alumnos, asociaciones de españoles en el exterior, consejos de residentes, profesores, alumnos mayores y organizaciones sindicales”.

Muñoz, por su parte, explicó que las nuevas instrucciones corresponde a un “proceso de mejora del programa” y que en la orden de 2010 “ya se decía que de las tres horas al menos la mitad serían presenciales”.  Según dijo, a lo largo de este tiempo “hemos estado preparando el camino para que se hiciese este cambio” y “contamos con experiencias en este sentido en Nueva York y Canadá”.  

En su intervención, la subdirectora hizo hincapié en “las dificultades que tenían los alumnos para cumplir todas sus horas de clase” y por eso “hemos tratado de dotarnos de una herramienta de flexibilidad”. Además, matizó, este sistema de trabajo permite al alumnado reforzar “sus puntos más débiles”. Muñoz también resaltó que el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (Cideac) “va a acompañar todo el proceso” y recordó que están trabajando “ para que no sean necesarios grandes conocimientos informáticos ni una gran conexión a internet” para poder seguir los cursos.

En la Resolución aprobada por el Pleno se asegura que la reducción de las clases presenciales a favor de la tutorización por internet  -que según recoge la resolución sólo serán dos minutos semanales-  “impedirá cubrir el exhaustivo nuevo curriculum, que resulta ya de difícil realización con tres horas presenciales”. La Resolución, que recoge las quejas y argumentos de las diferentes asociaciones, explica que este proceso se comenzará por los niños más pequeños –entre 7 y 10 años- que “no tienen suficiente madurez ni autonomía para seguir ni realizar actividades a distancia”. Además, aseguran que el profesorado “no está realmente preparado para este cometido, que requiere conocimientos informáticos muy superiores a los que posee” y denuncian que según las instrucciones dadas, “en la mayoría de los casos el profesor presencial y el tutor en línea no serán la misma persona”.

Respecto a las experiencias pilotos de enseñanzas no presenciales, la Resolución asegura que las llevadas a cabo en las ALCE “en los últimos dos años han resultado un fracaso debido a la baja participación de los alumnos”. “Si estas no han sido satisfactorias, a pesar de haberse llevado a cabo con alumnos mayores y de nivel más avanzado, es fácil imaginar cual sería el resultado con los alumnos más pequeños”, recoge la Resolución.

El material didáctico a utilizar también es motivo de análisis en la Resolución  en la que se asegura que “fueron elaboradas por los propios profesores de manera obligatoria, pero sin que la Administración les facilitase el tiempo ni los recursos necesarios para una realización coherente”. Además, explican, son “inaplicables en grupos heterogéneos de edades, niveles y lengua materna” y están pensadas para ser puestas en marcha “con materiales y medios de los que, en la práctica, no se dispone” como ordenadores, wifi, cañones de proyección, …

En el último punto del documento se asegura que es incoherente “que no se hayan tenido en cuenta los informes de la Inspección, sobre el derecho inalienable de la formación presencial de los alumnos ni se tome en consideración o se indique cómo se va a evaluar el trabajo del profesorado en línea”.

El texto de la Resolución también recoge los derechos de los docentes como trabajadores y asegura que esta nueva modalidad “supondrá un recorte del profesorado en más de un 30%” y una ampliación de la jornada laboral, ya que los profesores telemáticos tendrá que asumir numerosas funciones como revisar la guía del curso, hacer un seguimientos personalizado de los alumnos y hacer y enviar informes periódicos de actividad para los profesores presenciales.

Propuestas de la Comisión

La Comisión de Asuntos Educativos también se mostró su contrariedad por como se aprobaron las instrucciones, ya que creen que en la reunión mantenida en Madrid los 1 y 2 de abril les tenían que haber informado sobre el cambio.

En esa reunión, la Comisión, que desconocía las nuevas instrucciones, aprobó unas propuestas que incluían en referencia a la ALCE que se abriesen aulas en los países que cumplan los requisitos y tengan suficiente demanda y que se dotasen las aulas de personal funcionario.

En referencia a otros temas, la Comisión pidió que el Ministerio de Educación reúna en una sola web toda la información respecto a los “recursos educativos de los que puedan disfrutar los españoles residentes en el exterior”. También piden que en las oficinas de la red consultar esté disponible una “guía continuamente actualizada de todos los recursos educativos”.

En la Resolución, que fue aprobada por el Pleno, la Comisión también solicita que, donde no sea posible tener recursos propios, se promueva la colaboración con otras instituciones “para satisfacer la demanda de formación de los niños y jóvenes españoles que ahí residen”.

Además, desde esta Comisión se sugería a la presidencia y secretaría del Consejo, la presencia del Alto Comisionado de la Marca España en el Pleno del Consejo, algo que no se concretó. Desde la Comisión se entendía que las actividades de la Marca España “pueden incidir en la ciudadanía española en el exterior, sobre todo en materia de cultura y reforzamientos de los lazos de la identidad con España y, en general, en todas sus necesidades y derechos”.

Educación acepta reunirse con la Comisión de Educación del CGCEE para seguir debatiendo sobre las ALCE