CONECTADOS POR VIDEOCONFERENCIA, TAMBIÉN PARTICIPÓ ROBERTO JIMÉNEZ

Dirigentes y especialistas de Buenos Aires, Montevideo y México reclamaron una ley de nacionalidad inclusiva

| 23 de octubre de 2015, 16:47
Conferencia Nacionalidad PSOE 2
Panorámica de la sede del PSOE Buenos Aires durante el acto.

Referentes sociales y dirigentes políticos y especialistas de Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y México DF (México) protagonizaron un debate conjunto. Conectados mediante un sistema de videoconferencia, reclamaron la sanción de una ley de nacionalidad inclusiva y que se reconozca el derecho de “todos” los nietos nacidos en el exterior, a que se les reconozca la nacionalidad.

En el marco de este encuentro, que contó con la participación del secretario de Emigración del PSOE, Roberto Jiménez, en Buenos Aires un panel de expertos –integrado por la presidenta del Consejo de Residentes de Españoles en Buenos Aires, Maite Michelón Martínez; la jurista internacional especialista en derecho de nacionalidad, Aurelia Álvarez Rodríguez; el presidente de la Federación de Sociedades Españolas en Argentina, José María Vila Alén;  la autora del libro ‘La abuela civil española’, Andrea Stefanoni; miembros de Ce.DEU, y el secretario de Organización del PSOE Argentina, Gustavo López Pardo– analizó los diversos aspectos que debería contemplar la normativa que rige los criterios de acceso a la nacionalidad con el fin de considerar los casos excluidos por la denominada Ley de Memoria Histórica.

Durante el debate, que en la sede del PSOE Buenos Aires congregó a más de un centenar de asistentes, Álvarez Rodríguez planteó la necesidad de “actualizar” y “ampliar” algunos de los artículos del Código Civil español. “En particular –señaló–, los referidos a la nacionalidad de los hijos y nietos de españoles, nacidos en el exterior”.

Álvarez opinó que “una Ley de Nacionalidad merece una profunda reflexión, ya que implica regular también otras cuestiones como nacionalidad por residencia, asilo, etc., por lo que consideró más factible que las fuerzas políticas deberían focalizarse en “una modificación concreta y puntal sobre este tema en el Código Civil”.

Por su parte, María Michelón y José Vila coincidieron en apuntar que todos “los partidos políticos tienen el deber y la responsabilidad” de hacer un verdadero proyecto de ley de nacionalidad y reclamaron que “cumplan efectivamente” con este compromiso tantas veces declamado.

Asimismo, Michelón detalló el intenso trabajo que está llevando adelante el Consejo General de la Emigración para elevar al poder ejecutivo sus aportes a una eventual ley de nacionalidad que incluya a los descendientes, también para impulsar a las fuerzas políticas y de gobierno a que escuchen los reclamos de los colectivos en el exterior.

Durante su intervención, desde México D.F., el secretario de Emigración del PSOE ratificó una vez más el compromiso de su partido y adelantó que la propuesta para la formulación de una nueva normativa que atienda los reclamos en materia de nacionalidad de la ciudadanía en el exterior será incluida en la plataforma electoral de su formación.

Jiménez aseguró también que en caso de llegar a ser gobierno, en un plazo no mayor de seis meses, sacarán adelante un proyecto de ley dirigido a descendientes, en el que se consideren tanto los casos excluidos (nietos de abuelas, hijos mayores de quienes la obtuvieron por la Ley de Memoria Histórica, nietos de españoles nacionalizados al país de acogida, nietos que perdieron su nacionalidad por no ratificarla) como a los ya registrados en otras leyes.

Finalmente, apuntó que para su formulación tendrán en cuenta la opinión de las instituciones de los colectivos en el exterior antes de aprobarla.

Con respecto a la proposición no de ley presentada por el PP, los asistentes al encuentro interpretaron el anuncio realizado por el jefe de los populares en el exterior, Alfredo Prada, como una iniciativa “oportunista e irresponsable”.

En esta dirección, Gustavo López recordó que la proposición no de ley anunciada por Prada necesitaría la aprobación del Congreso para entrar en vigor, pero que no es el caso. Algo que consideraron, por lo menos, extraño ya que el partido gobernante, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento desde hace cuatro años, podría haberlo hecho si hubiera querido.

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