La Agencia Tributaria abrió 27.696 inspecciones a jubilados por no declarar su pensión

Cristóbal Montoro niega que se esté tratando a los pensionistas retornados como “defraudadores”

La Agencia Tributaria (AEAT) abrió un total de 27.696 inspecciones a jubilados extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero, según indicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Cristóbal Montoro niega que se esté tratando a los pensionistas retornados como “defraudadores”

La Agencia Tributaria (AEAT) abrió un total de 27.696 inspecciones a jubilados extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero, según indicó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso al ser preguntado por el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, por el número de procedimientos de gestión tributaria que se han abierto a emigrantes retornados por pensiones no declaradas.

Montoro aclaró que a los afectados por las reclamaciones de la Agencia Tributaria “no se les está tratando como defraudadores” y que se está estudiando “caso a caso” para evitar perjuicios innecesarios sobre su patrimonio.

Según Montoro, el porcentaje de inspecciones que afectan a este colectivo es “realmente pequeño” en relación con las 800.000 actuaciones totales iniciadas por la Agencia el año pasado, y además, añadió, se está llevando a cabo un “examen individual de cada expediente” para tener en cuenta las “circunstancias personales y familiares” de cada ciudadano, tales como la edad, los descendientes a su cargo o la existencia de algún tipo de discapacidad.

La intención es poder aplicar medidas de aplazamiento o fraccionamiento del pago siempre que sea posible y, así, evitar “perjudicar la situación patrimonial de los afectados”, matizó el ministro.

De hecho, el titular de Hacienda aseguró que se están concediendo “aplazamientos automáticos sin necesidad de garantías” a quienes tienen una deuda inferior a los 18.000 euros y que más de 3.800 personas afectadas por autodeclaraciones extemporáneas derivadas de un requerimiento se han beneficiado de aplazamientos por valor de 5,21 millones de euros.

Sin embargo, Hurtado cree que se está tratando de forma “injusta” a estos pensionistas mientras se permite a 30.000 defraudadores beneficiarse de una “amnistía fiscal” como la de 2012.

“Sobre estas personas, usted ha hecho recaer la Ley General Tributaria con todo su peso, sin ningún tipo de consideración. Sin embargo, para los amnistiados ha sido benévolo y bastante comprensivo, hasta el punto de que ha modificado la propia ley”, recriminó.

El diputado andaluz insistió en acusar a Montoro de “tratar como defraudadores” a unos pensionistas cuyo único ‘delito’ ha sido recibir una “información errónea” de la Agencia Tributaria sobre el tratamiento que debían dar a sus pensiones en el extranjero.

“Para evitar este sufrimiento habría bastado con información, porque no son defraudadores”, lamentó.

Hurtado también criticó que la Agencia Tributaria centre el grueso de sus inspecciones en pensionistas y trabajadores por cuenta ajena, que declaran de media unos rendimientos anuales de 19.500 euros, frente a los menos de 10.000 euros al año que declaran por estimación directa los grandes empresarios, lo que ha provocado que la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal haya caído el año pasado en 600 millones de euros.

En su turno de réplica, Montoro insistió en que “aquí no ha habido ninguna amnistía fiscal”. “Lo he explicado 20.000 veces”, se quejó, acusando a los socialistas de “hacer demagogia” y de ser los únicos que realmente han aplicado una amnistía fiscal en 1991, permitiendo “la opacidad más absoluta” a sus beneficiarios. “Hoy no se ha amnistiado a nadie, la información está en los ordenadores de la Agencia Tributaria”, añadió.

En Galicia, emigrantes retornados afectados a los que Hacienda reclama cantidades por estas pensiones han constituido plataformas y cifran en unos 250.000 los afectados por estos casos.

Cristóbal Montoro niega que se esté tratando a los pensionistas retornados como “defraudadores”