El Consejo pide que se extienda el apoyo externo que reciben algunos consulados para tramitar la nacionalidad

.La propuesta, presentada por la propia presidenta del Consejo, Violeta Alonso, a través de la Comisión Permanente, hace hincapié en la necesidad de que “el modelo de apoyo actualmente previsto, basado en la externalización de tareas de recogida, revisión, digitalización y carga de datos en Dicireg, pueda aplicarse también en aquellos consulados que concentran la mayor parte de los expedientes pendientes, permitiendo que el personal consular se centre en las funciones de análisis, validación e inscripción registral”.

En el texto de la propuesta se recoge que 2,45 millones de personas han solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, lo que está teniendo un “impacto directo” en la capacidad operativa de algunas oficinas consulares, así como en los tiempos de tramitación, “haciendo necesario el recurso de medidas extraordinarias de apoyo para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía”.

Además, se especifica que los cuatro consulados que cuentan con refuerzo recibieron hasta el 31 de marzo, unos 368.000 expedientes y se estima que todavía podrían recibir 584.000 adicionales “previéndose que tramiten en conjunto alrededor del 40% del total de expedientes de toda la red consular”.

Además, las propias previsiones de la administración aseguran que el 85% de los expedientes de nacionalidad por Ley de Memoria Democrática se tramitarán en tan solo diez oficinas, entre las que se encuentran los cinco consulados generales de Argentina, así como los de La Habana, São Paulo, Miami, México y Santiago de Chile.

Según la propuesta presentada, la iniciativa de reforzar cuatro consulados argentinos “constituye un precedente de enorme valor” al reconocer de forma explicita “que el cuello de botella no se encuentra en la resolución jurídica de los expedientes, sino en las tareas materiales previas de gestión documental y carga de datos y que dichas tareas pueden ser realizadas de forma eficaz por medios externos”. Esto, subrayan, hace que resulte “razonable y coherente” que estas medidas se pongan en marcha en otras demarcaciones consulares “donde el volumen de expedientes y la presión sobre los recursos humanos hacen inviable una tramitación en plazos razonables con los medios ordinarios”

Eliminación del límite temporal en el acceso a los estudios de grado

Desde la Comisión Permanente también llegó a Pleno la propuesta de Saúl Beceiro de eliminar la referencia temporal respecto a la finalización de estudios para acceder a contratos predoctorales y sustituirlo por criterios basados en méritos, capacidad y adecuación al programa de doctorado.

Según se explica en la propuesta, que fue aprobada con el 90% de los votos del Pleno, la mayoría de contratos predoctorales están vinculados a que los solicitantes hayan acabado sus estudios de grado en un periodo reciente, generalmente cuatro años. “Este requisito –recoge la propuesta– ­penaliza de manera significativa a la ciudadanía española residente en el exterior que decide retornar. Muchas de estas personas lo hacen tras haber desarrollado trayectorias profesionales o personales fuera de España durante varios años. A su regreso, encuentran en los estudios de máster una vía de reintegración académica y profesional. Sin embargo, al intentar continuar su formación mediante un doctorado, se ven excluidas automáticamente de la mayoría de las convocatorias predoctorales por haber superado el límite temporal desde la finalización de sus estudios de grado”.

El problema se ha intensificado con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ya que muchos de los nuevos españoles deben convalidar sus títulos académicos, algo que en la práctica puede llevar varios años y cuando finalmente lo conseguen, el requisito temporal les impide acceder a los contratos predoctorales.

 

Colaboración con el Instituto de Mujeres

Otra de las propuestas presentada por la Comisión Permanente y aprobada en Pleno fue la colaboración institucional entre el CGCEE y el Instituto de Mujeres para llevar a cabo proyectos sobre memoria y realidad de las mujeres emigrantes.

Con esta iniciativa se intenta paliar la falta de visibilidad que tradicionalmente han sufrido las mujeres emigrantes y por eso propone que “el CGCEE estudie la viabilidad de acceder, participar o colaborar en convocatorias,subvenciones o líneas de apoyo impulsadas por el Instituto de las Mujeres, especialmente aquellas relacionadas con memoria histórica, investigación feminista, movimiento asociativo, cultura y difusión social”.

Asimismo, se propone explorar la posible elaboración futura de proyectos centrados en la memoria histórica y social de las mujeres emigrantes españolas del siglo XIX, XX y XXI, incorporando una perspectiva feminista y de género en el análisis de los procesos migratorios españoles.