Los consejeros generales piden acabar con la ocupación ilegal de la vivienda y que se eliminen los topes a los alquileres
La ocupación ilegal de viviendas en España, así como la imposición de topes al precio de los alquileres constituye un problema para los propietarios, que afecta también a los residentes en el exterior con inmuebles en el territorio. El último pleno del CGCEE aprobó propuestas para que se modifique la normativa que regula ambos apartados, así como que se endurezcan las penas para los que incurran en ocupación ilegal y se deje de penalizar a los propietarios que les cortan los suministros por falta de pago.
Los consejeros generales, en representación de la colectividad en el exterior, se hicieron eco durante el pasado pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) del descontento que reina entre residentes en el exterior con propiedades de inmuebles en España, que se ven perjudicados por la ocupación ilegal, así como por los topes establecidos al precio de los alquileres.
Conscientes de los perjuicios que la actual ley en materia de vivienda les ocasiona, a propuesta de la consejera Ana Carolina Haché (República Dominicana), solicitaron la modificación de la misma para evitar la “ocupación ilegal” y eliminar los “topes” a los precios, por considerarlos “una imposición forzada al libre mercado”. Igualmente, sobre la consideración de estos delitos, piden dejen de ser leves y pasen a ser “sanciones más graves y privativas de libertad por violación y secuestro de la propiedad privada”.
Asimismo, acuerdan que se modifique el artículo 172 del Código Penal que penaliza a los propietarios que corten los suministros básicos a las viviendas ocupadas.
La Comisión de Derechos Civiles, que recibió el respaldo a un total de 21 propuestas durante el pasado pleno (celebrado a comienzos del pasado mes de abril en Madrid), acordó elevar al departamento del Gobierno correspondiente la concesión del permiso a todos los ciudadanos españoles en el exterior que regresan temporalmente a su tierra en su condición de turistas para que puedan disponer de vehículos propios en el territorio nacional. Al respecto, se pide que se restaure la matrícula turística, o bien la adaptación de los requisitos de la matricula ordinaria para que puedan circular con sus vehículos de manera regular. La medida está pensada para evitar irregularidades fiscales e impacto negativo en el medio ambiente.
Otro de los puntos que se aprobaron en relación con la circulación de vehículos en España tiene que ver con los permisos a los cubanos. Sobre este aspecto se solicita la firma de convenios para facilitar la homologación del carné de conducir de estos ciudadanos, con el fin de favorecer su capacidad de acceso al mercado laboral español y mejorar así su calidad de vida en cuanto a su condición de retornados.
Respecto a los ciudadanos cubanos, también se acordó igualmente la firma de un convenio de reconocimiento de sentencias en materia civil para facilitar la vida de los cubano-españoles en el Estado español en lo que respecta al reconocimiento de sentencias en materia civil (familiar, divorcios). Ello facilitaría la inscripción sin el costoso y oneroso ‘exquatur’ (reglas de que un estado dispone para verificar si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro estado reúne los requisitos de homologación).
Los consejeros también llegaron a acuerdos en lo que respecta al censo del exterior (CERA). Así, se acordó solicitar al Instituto Nacional de Estadística (INE) el desarrollo de un procedimiento telemático para que los electores censados puedan realizar sus reclamaciones censales a través de la sede electrónica del INE, a semejanza del empleado para los electores residentes en España. Asimismo, se solicitó la revisión del sistema de reintegro de gastos de franqueo de correo de electores en el extranjero para que el reembolso no se demore más de cuatro meses desde la celebración de los comicios.
Entre las 21 propuestas aprobadas figura también la reclamación del uso de medios telemáticos para la firma de las actas de nacionalidad y permitir que los españoles nacidos en el exterior dispongan de mayor flexibilidad en la asignación de sus apellidos, especialmente a los provenientes de países lusófonos, ya que, en este caso, el apellido que transmiten los progenitores es el segundo.
