El CGCEE podría ser recibido en el Senado coincidiendo con su próximo pleno
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) podría ser recibido por la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado coincidiendo con el pleno que celebrará en Madrid el próximo mes de junio, según se consideró el pasado martes en esta Comisión con ocasión de la comparecencia de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, y a instancias de la senadora socialista Matilde Fernández Sanz, quien adelantó que se pondría en contacto con todos los grupos para convocarlo.
“Deberíamos ver cómo los convocamos a esta comisión para escucharlos al final de las reuniones con el Gobierno”, consideró Matilde Fernández refiriéndose a los miembros del CGCEE, después de que Terrón hubiese informado, a instancias suya, de que el Consejo celebrará su próximo pleno en Madrid en junio. Para ello, la senadora anunció que “nos pondremos en contacto con todos los grupos y tal vez utilizaremos la mediación de nuestra presidenta”.
Un encuentro con los miembros del CGCEE del que Terrón dijo que le parece “muy buena idea que puedan verse con ustedes, que puedan reunirse en el formato que ustedes nos digan con los miembros de esta comisión”. “Aquella va a ser una reunión creo que interesante por el momento y por los temas a tratar”, adelantó del próximo encuentro del Consejo General.
La secretaria de Estado dijo que no quiso extenderse en su primera intervención sobre los temas que se van a tratar en ese pleno porque “está en sede parlamentaria la reforma de la Ley Electoral y cómo se articula y se reconoce el derecho de voto”, materia sobre la que declaró que “lo único que hemos hecho ha sido ser enormemente respetuosos y hasta el día de hoy no hemos entrado en este tema, como tampoco lo vamos a hacer hasta que concluya el procedimiento parlamentario”. Declaraciones que parecen adelantar el peso que este asunto tendrá en los debates del pleno del CGCEE.
La comparecencia
Al igual que hiciese la semana anterior en el Congreso, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración compareció el pasado martes en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado a petición del Grupo Popular y del Grupo Socialista para explicar las líneas de trabajo y prioridades de su departamento y a petición propia para esos mismos objetivos y para dar cuenta del desarrollo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en esa materia.
A diferencia de lo que ocurrió en la comparecencia ante el Congreso, en ésta se habló bastante más de emigración, a pesar de haber empleado sólo dos horas, la mitad que la anterior. Se hizo con la referencia inicial de Terrón y a instancias de la senadora Fernández Sanz que comenzó su intervención por los españoles que residen en el exterior y planteó una serie de cuestiones.
Anna Terrón había dicho a los senadores que “algo que está en el corazón de esta Secretaría de Estado” es “el trabajo con nuestros ciudadanos en el exterior”, de los que observó que cada vez más responden “no sólo al clásico patrón del emigrante que todos conocemos, sino que se trata de ciudadanos que están en el exterior desarrollando sus capacidades y trabajando en nuevas oportunidades”, un cambio del que dijo que tenemos que tomar nota.
En ese sentido, reconoció la labor que se ha desarrollado en esta legislatura, en los últimos dos años en los que “se ha dado continuidad a proyectos iniciados anteriormente, que se han materializado en un gran esfuerzo normativo organizativo y, en la medida de lo nos podemos permitir hoy en día, presupuestario”.
“Ello ha elevado la protección de los ciudadanos españoles que podemos pensar que estaban en los patrones tradicionales de la emigración, pero, además, ha permitido promover políticas dirigidas a jóvenes de segunda y tercera generación vinculándoles con el país de origen de sus ascendientes. Este conjunto de políticas nos ha permitido ir pasando del concepto del emigrante al concepto de ciudadano en el exterior”, explicó.
“No queremos que sean invisibles”
La senadora Matilde Fernández, que ofreció su apoyo a Terrón, empezó su intervención hablando de los emigrantes, aún reconociendo que son menos numerosos que los inmigrantes porque, explicó, “no debemos olvidar el compromiso que tenemos con los ciudadanos españoles en el exterior. Es otro perfil, pero no queremos que sean invisibles”.
Fernández solicitó a Terrón una valoración, presencial o por escrito, sobre el desarrollo de la ley 40/2006, del Estatuto de ciudadanía española en el exterior, y sobre cómo reforzar los órganos democráticos del millón y medio de españoles que están viviendo fuera de España; así como información sobre la situación de los Consejos de Residentes Españoles, si han crecido o decrecido en número, y de los objetivos que se plantea el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Seguimiento del CGCEE
Recordó que el artículo 10.2 del Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior “recoge que las Cortes Generales son receptoras de conclusiones e incluso de los miembros que forman parte del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior” y pidió “que la próxima vez que usted, Exteriores o el Gobierno convoquen al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, lo ponga en conocimiento de la presidenta de esta comisión porque posiblemente podríamos recibirles aquí y escuchar lo que los españoles del Consejo plantean”. “De esta forma, los senadores de los distintos territorios podríamos ver cómo podemos seguir sus trabajos y atender a las necesidades y reivindicaciones que los españoles fuera de nuestro país puedan plantear”, observó.
También se interesó la senadora Fernández por el programa de retorno de españoles; por las prestaciones económicas, “ya que hay más de 42.000 personas en América Latina –algunos ya están de retorno en España– que están recibiendo ayuda económica”; y por los programas de becas para esa segunda o tercera generación “que son hijos o nietos universitarios de españoles”.
Nacionalizaciones
La Ley de Memoria Histórica también fue objeto de su interés. “Recientemente he leído unos documentos de un catedrático de Sociología de La Coruña al que se le ha encargado un trabajo sobre la petición de descendientes de españoles de recuperación de la nacionalidad y del pasaporte”, informó y, aún con la cautela de que no estaba muy segura de los datos, indicó que hay 162.000 personas, casi todos nietos de españoles y de españolas, que han pedido la recuperación de la nacionalidad sin que esa petición haya ido acompañada de la del pasaporte. “De esas 162.000, sólo 38.600 han pedido pasaporte, lo cual posiblemente quiere decir que se valora tener la nacionalidad de sus ancestros, pero no necesariamente querer venir a hacer su vida a nuestro país”.
Fernández pidió información sobre las nuevas nacionalizaciones ofreciendo que “podemos pensar, junto con ustedes, en esa transversalidad y en la posibilidad de trabajos de empresas internacionales nuestras o de empresas multinacionales que están arraigadas en España y que sean un canal para que esos nuevos españoles y esas nuevas españolas, que he visto en un documento que son mayoritariamente universitarios, puedan ser personas vinculadas al país de sus ancestros”.
Prestaciones por necesidad
En su réplica, además de informar sobre el pleno del CGCEE, Terrón explicó que el Gobierno sigue destinando 83 millones de euros a prestaciones por razón de necesidad, para la atención de personas ancianas, y que el colectivo de retornados está recibiendo pensiones asistenciales por valor de unos tres millones de euros, “lo que les ha facilitado que en esta época de su vida puedan volver a España”.
La secretaria de Estado corroboró la impresión de la senadora en el sentido de que la Ley de Memoria Histórica va a dar la nacionalidad a personas que “no nos consta que hayan movido trámites que les faciliten la llegada a nuestro país”. “Asimismo, estamos trabajando en programas relativos a educación, programas destinados a jóvenes, a mujeres, a asociaciones en el exterior, con proyectos desde los 650.000 euros a los 2.000.000, todos ellos con el fin de que permanezcan estos vínculos”, añadió.
Entre las líneas de actuaciones que Terrón considera que se deben incrementar está la colaboración con otras entidades del Estado, como el Instituto Cervantes y otros agentes dedicados a la promoción de la cultura en el exterior, “porque se trata de descendientes de españoles y nos pueden servir de embajadores de este nuevo país en relación con la gente que salió mucho antes y los autóctonos de aquellos otros lugares”.
