La Junta financia con casi 4 millones de euros 34 proyectos contra la pobreza en países en desarrollo
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicó, este lunes 20, la resolución de las líneas de subvención de proyectos de desarrollo y microproyectos en el exterior del año 2023, por un valor aproximado de 3.900.000 euros: 3.300.000 destinados a proyectos de desarrollo y 600.000 destinados a microproyectos y microacciones.
Este presupuesto supone un incremento total de casi un 8% respecto a los fondos destinados en 2022, lo cual permite subvencionar 34 intervenciones, siete más que en el ejercicio anterior.
Por medio de estas líneas de trabajo se ejecutarán 18 proyectos de desarrollo y 16 microproyectos y microacciones en el exterior, que serán ejecutados en 13 países empobrecidos y que beneficiarán a casi 200.000 personas de África (Senegal, Mali, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Guinea-Bisáu, Tanzania y Mozambique), de América Latina (Bolivia, Guatemala, El Salvador y República Dominicana) y de India. Mientras que los proyectos tienen una duración máxima de dos años, los microproyectos y microacciones en el exterior se ejecutan en un máximo de un año.
“Castilla y León es una tierra solidaria”
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, explica que “el objetivo de estas intervenciones es mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables en países empobrecidos, mediante el cumplimiento de los estándares reconocidos internacionalmente en relación con los derechos humanos. Castilla y León es una tierra solidaria, y la Junta está a la altura de esta solidaridad”.
El 35,3% de las intervenciones que van a financiarse se dirigen a contribuir al derecho humano al agua potable y a su saneamiento, el 26,5% al derecho humano a la alimentación, el 20,6% al derecho humano a la salud, y el 17,6% al derecho humano a la educación.
Detalles específicos de los proyectos
Aunque cada proyecto tiene una lógica propia y responde a un contexto local muy específico, se pueden encontrar ciertos patrones comunes en las intervenciones, que responden a las líneas estratégicas priorizadas para este año por la Consejería de la Presidencia.
González Gago explica que “todas las acciones se dirigirán a los colectivos más vulnerables de los territorios apoyados, con una atención especial a las mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, población desplazada, poblaciones campesinas y personas enfermas o dependientes”.
En las intervenciones de agua y saneamiento, hay tres líneas principales de trabajo: el fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de abastecimiento de agua, la mejora del acceso al agua potable con la construcción de pozos o canalizaciones de agua, y, por último, los programas integrales de gestión de agua, en los que el saneamiento y el tratamiento de las aguas negras tiene un peso importante, junto a la gestión de los recursos hídricos. En ese sentido se desarrollarán proyectos en Burkina Faso o El Salvador.
En lo que se refiere al derecho a la alimentación, se financian proyectos productivos de carácter agrario y avícola, o intervenciones para garantizar el derecho a una alimentación saludable en mujeres embarazadas y niños menores de cinco años en comunidades vulnerables rurales e indígenas. Especialmente significativos son también los proyectos dirigidos a agrupaciones campesinas de mujeres para garantizar la seguridad alimentaria, y los proyectos de prevención de la malnutrición. Destacan en este ámbito los proyectos en Senegal y Guatemala.
En el terreno sanitario, las intervenciones se centrarán en la salud materno-infantil, así como en las infraestructuras y equipamientos en maternidades, y en el diagnostico de enfermedades como la tuberculosis. También se contemplan proyectos relacionados con la prevención de enfermedades comunes con prácticas higiénicas y nutricionales, o con la mejora de la atención sanitaria integral de niños con diversidad funcional. Destacan las intervenciones que se van a desarrollar en este sentido en los países del África Subsahariana.
Por último, en lo referente a las intervenciones de carácter educativo, estas se centrarán en facilitar el acceso a la educación y la calidad educativa de niños y adolescentes indígenas y de comunidades aisladas y altamente vulnerables. Se financiarán infraestructuras y equipamientos para el suministro eléctrico adecuado en las aulas, así como intervenciones dirigidas a ofrecer servicios complementarios para el acceso a la educación, como alojamientos de internado o comedores. Destacan los proyectos educativos en Guatemala y República Dominicana.
