GUILLERMO MARTíNEZ DESTACA ANTE LA JUNTA GENERAL EL ESFUERZO PRESUPUESTARIO DE SU CONSEJERíA

El Gobierno de Asturias mantendrá los servicios de atención social a los emigrantes

La lucha contra la violencia de género, así como la mejora y consolidación de los servicios de justicia y seguridad pública continuarán siendo, junto con la atención a los emigrantes, las prioridades presupuestarias de la Consejería de Presidencia en 2015, según ha asegurado este lunes Guillermo Martínez en la Junta General. El titular de Presidencia ha iniciado la ronda de comparecencias parlamentarias del Consejo de Gobierno para explicar el proyecto de ley de presupuestos.

 

El Gobierno de Asturias mantendrá los servicios de atención social a los emigrantes
Comparecencia consejero Presidencia 1
Guillermo Martínez, en la comparecencia ante la Junta General.

La lucha contra la violencia de género, así como la mejora y consolidación de los servicios de justicia y seguridad pública continuarán siendo, junto con la atención a los emigrantes, las prioridades presupuestarias de la Consejería de Presidencia en 2015, según ha asegurado este lunes Guillermo Martínez en la Junta General. El titular de Presidencia ha iniciado la ronda de comparecencias parlamentarias del Consejo de Gobierno para explicar el proyecto de ley de presupuestos.

La Consejería de Presidencia gestionará 100.565.231 euros en el caso de que el presupuesto resulte aprobado en sus términos actuales. Martínez ha advertido de las consecuencias que conllevaría una nueva prórroga: puesto que en mayo se celebrarán elecciones autonómicas, no se podrían tramitar créditos extraordinarios hasta el segundo semestre de 2015, un hecho “poco o más bien nada sostenible para quien crea en la capacidad de las instituciones públicas como herramienta de progreso”.

La mayor parte del presupuesto de la Consejería se distribuye entre sus tres direcciones generales: Justicia e Interior, Emigración y, por último, Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud. Algunos de los principales datos facilitados por el consejero han sido los siguientes:

• Dirección General de Emigración. Esta dirección general incorpora dos programas presupuestarios. Uno, con 1.287.623 euros, corresponde al denominado Emigración Asturiana; otro, con 100.597 euros, al Consejo de Comunidades Asturianas.

Las políticas para la mejora del bienestar de la población emigrante y retornada consumen la mayor parte de los recursos, de acuerdo con los criterios del IV Plan de Emigración 2013-2016. A esta finalidad se destinarán 645.775 euros, un 7% más que en 2013 (último presupuesto aprobado).

La Dirección General mantendrá el Servicio de Atención Social a Emigrantes y Retornados, que desde 2013 ha atendido 668 consultas, el 59% de ellas vía telefónica.

De igual manera, mantendrá el Servicio de Atención Social Personalizada, que también atiende a la ‘nueva emigración’. Asturias es la única comunidad autónoma que cuenta con este servicio.

• Dirección General de Justicia e Interior. Con 83.227.217 euros, es la que dispondrá de mayores recursos, que se reparten entre cinco programas.

–Relaciones con la Administración de Justicia, dotado con 45.869.512 euros. La mayor parte de esta cantidad (37.433.600 euros) se destina a gastos de personal. Asturias cuenta con 1.292 funcionarios de Administración de Justicia y, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, encabeza el ranking de funcionarios en relación con la población (109,16 funcionarios por cada 100.000 habitantes).

El capítulo 2, con 3.876.108 euros, crece casi un 13% con respecto a los presupuestos prorrogados de 2013. El objetivo es mejorar la dotación para el gasto corriente de las 16 sedes judiciales, que albergan 101 juzgados y salas.

Este programa incluye también las subvenciones a los colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón para la justicia gratuita, cuyo monto se incrementará un 16,28%. La entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales del Gobierno del Partido Popular ha conllevado un aumento de la demanda de estos servicios, lo que obliga a su vez al Principado a incrementar el presupuesto para asegurar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos. A expensas de que el ministerio ofrezca una solución satisfactoria de la financiación que corresponde a las comunidades autónomas, el Principado intenta al menos amortizar los incrementos derivados de la entrada en vigor de la Ley de Tasas.

–Gestión de servicios de justicia del menor. Con 6.238.900 euros, de este programa dependen los gastos del Centro de Menores de Sograndio y los derivados de la ejecución de las medidas judiciales y extrajudiciales dictadas por el Juzgado y la Fiscalía de Menores. Las transferencias corrientes (capítulo 4) ascenderán a 457.000 euros. Crece casi un 19%. El incremento, de 71.885 euros, responde a la puesta en  marcha de un programa de “convivencia en grupo educativo” para aquellos menores infractores que necesitan residir fuera de su contexto familiar y/o social durante el tiempo que dure la medida judicial en medio abierto.

–Policía y protección de edificios. El presupuesto para este programa suma 7.281.693 euros, dedicados básicamente a la seguridad y vigilancia de los 86 edificios e instalaciones. En este apartado aumenta cerca de un 24% el capítulo para la ampliación de la seguridad en edificios de la Administración de Justicia mediante un convenio de colaboración con el ministerio del Interior. Concretamente, con la incorporación de los juzgados de Llamaquique (Oviedo).

–Ordenación del juego. Este programa tiene la menor dotación: 630.822 euros, que se destinarán a cubrir dos tipos de gastos: los correspondientes al grupo de la policía nacional adscrito a la Dirección General de Justicia e Interior y los derivados de las competencias derivadas de la ley del Principado 6/2014 de Juego y Apuestas. 

–Protección Civil y Seguridad Pública. El presupuesto del organismo autónomo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se eleva a 28.662.592 euros (la cantidad supera a la asignada al programa porque ésta sólo recoge la transferencia corriente).

En este apartado, la partida para reparaciones y conservación (mantenimiento y conservación de instalaciones, vehículos y recursos materiales) crece un 36% respecto al presupuesto prorrogado de 2013.

También es destacable el mantenimiento de los servicios de medios aéreos y de apoyo a la extinción de incendios forestales, con 4.604.250 euros.

• Dirección del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud. La dirección general gestionará dos programas presupuestarios: Actividades y Servicios de la Juventud, con 3.071.363 euros; y Promoción de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que suman 2.204.598 euros.

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, el Gobierno de Asturias mantiene su esfuerzo contra la violencia de género: el presupuesto garantiza el sostenimiento de los recursos y servicios destinados a la recuperación integral de las víctimas así como sus hijos e hijas. Es el tercer año consecutivo en el que no se recorta un solo euro para estas políticas. La cantidad presupuestada para la red de casas de acogida, pisos tutelados y el correspondiente a la red de centros asesores de Asturias asciende a 1.329.435 euros.

En el desarrollo de las políticas de igualdad tienen especial importancia los programas para el fomento del empleo y del autoempleo, dentro de los cuales destaca la Escuela de Emprendedoras y Empresarias. En lo que va de año, ha formado a 90 emprendedoras y atendido a 250 mujeres que han solicitado asesoramiento empresarial.

En cuanto a las políticas destinadas a la juventud, destaca el compromiso para mantener la Red Asturiana de Oficinas Jóvenes, sucesoras de las oficinas de información juvenil. Las aportaciones del Principado serán las mismas que en 2013 y 2014 recibieron las oficinas de información juvenil. La dotación global asciende a 386.058 euros.

También se mantiene el apoyo a los consejos de juventud (regional y local), con 330.000 euros en conjunto. Este respaldo presupuestario contrasta con la situación que viven estos organismos en el resto del Estado, donde bien han sido suprimidos o bien han visto mermadas de tal modo las aportaciones de las administraciones que su funcionamiento y autonomía están en entredicho.