De Partido Popular a ‘banda de los populares’
“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía Lord Acton, dictum que describe a la perfección las mayorías absolutas del Partido Popular en el Estado español y en Galicia. En cualquier Estado europeo occidental un partido como el Partido Popular estaría ilegalizado, aquí le auguro un largo recorrido, pues como bien acuñara Manuel Fraga cuando era ministro de Turismo de Franco: “Spain is different”.
La sentencia de la trama Gürtel condena a ‘conseguidores’ y miembros del Partido Popular a condenas por casi todos los delitos previstos en el código penal. La sentencia es todo un catálogo de la corrupción. Los 29 condenados lo son por asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales y estafa procesal intentada.
La sentencia condena por 28 delitos de prevaricación, el delito que describe las ilegalidades cometidas desde un cargo público. Los 28 delitos suman 194 años de inhabilitación. El delito para el beneficiado de esas decisiones, el cohecho, se repite en 24 casos sobre 12 acusados. Hay 26 delitos demostrados de blanqueo, 36 de malversación y 20 contra la hacienda pública. De éstos últimos, 11 recaen sobre el matrimonio del extesorero del Partido Popular Bárcenas, y su actual cónyuge y exempleada del partido en la sede central de la calle Génova, Rosalía Iglesias.
Los jueces ratifican que el Partido Popular mantuvo oculta durante más de dos décadas, es decir desde su fundación, una financiación delictiva con la que financió y ganó elecciones municipales, autonómicas y estatales que además servían como sobresueldo-soborno a miembros relevantes del partido que entregadas en los famosos ‘sobres de Bárcenas’ oscilaban entre los 5.000 y 15.000 euros mensuales y obligaban a un trato de favor a los empresarios que entregaban el dinero por medio del tesorero de turno.
El Partido Popular, ‘defensor’ de la libre empresa, del ‘emprendimiento’ y de todas las iniciativas privadas habidas y por haber utilizó y utiliza el Estado como un cortijo propio. Según el Fiscal, la trama Gürtel era un “sistema” para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones a altos cargos públicos del Partido Popular, no como un hecho aislado, sino como “una actividad duradera para delinquir”.