Opinión

Voto rogado y nacionalidad para los nietos de españoles

Más de una década de voto rogado supuso un verdadero retroceso en los derechos políticos de los emigrantes.

Voto rogado y nacionalidad para los nietos de españoles

Desde enero de 2011, los ciudadanos españoles residentes en el exterior estaban obligados a ‘rogar’ su voto. ​La reforma de algunos artículos de la legislación electoral española (pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, con apoyo externo de Convergencia i Unió) abrió la puerta a una práctica que, desde un primer momento (elecciones autonómicas de España de 2011), demostró tener unos acusados efectos en la participación electoral de los emigrantes y expatriados españoles: la abstención (que los detractores del voto rogado arguyen que es ‘inducida’) creció en todas las consultas por encima del 90% del censo. 

El pasado 18 de mayo se aprobó en el Parlamento español el informe de la ponencia de la Comisión Constitucional sobre la Proposición de Ley Orgánica de reforma del voto exterior. 

La Comisión Constitucional aprobó también el informe de la ponencia, y luego tendrá que aprobarse en el Pleno antes de pasar al Senado. La nueva regulación estará en vigor para las elecciones generales de 2023.

Los aspectos más importantes de la ley son: la realización de una parte del proceso electoral vía online; voto presencial en los consulados o lugares destinados por el gobierno. También ampliar el tiempo de votación, etc. 

Además de estas medidas, también se establecerá que los votos se envíen a España por valija diplomática para no depender de los servicios postales extranjeros.

Desde la creación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior los derechos políticos de los emigrantes fueron un reclamo permanente de este colectivo.

A pesar de ello, los partidos mayoritarios, por distintos motivos, cercenaron durante 10 años los derechos al votante español en el exterior.

Con la sanción de esta ley y la aprobación en el futuro de la propuesta de ley de la memoria histórica –donde se incluye el derecho a la nacionalidad de los nietos– se abriría una nueva etapa de reconocimiento de los derechos de los emigrantes y sus descendientes.

Ambas propuestas generarán una nueva situación cuantitativa y cualitativa. En relación al voto exterior puede ser decisivo para lograr mayorías parlamentarias. Galicia es un ejemplo concreto donde la diferencia de un diputado puede determinar quién preside la Xunta. Con la sanción de la ley de la memoria histórica incorporaría a varios cientos de miles de emigrantes, tanto al padrón electoral o al mercado laboral español.

Estamos ante una buena noticia que demuestra cierta sensibilidad de la coalición del gobierno frente a los reclamos de los emigrantes. Ningún emigrante sin derecho al voto. Ningún nieto o nieta sin derecho a la nacionalidad.

Lois Pérez Leira

Analista de temas migratorios

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