EMIGRACIÓN EVITA LA POLÉMICA Y ASEGURA QUE SU INTENCIÓN ES CONSENSUAR EL CONTENIDO CON LA COLECTIVIDAD

Sociedades gallegas en Suiza rechazan el borrador de la ‘Lei de Retorno’ de la Xunta

El ‘Anteproxecto de Lei de Apoio ao Retorno’ que prepara la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta recibió ya las primeras críticas. El borrador, que desde hace aproximadamente un mes comenzó a distribuir por los centros de la colectividad el secretario xeral, Santiago Camba, cuenta con el rechazo expreso de la ‘Sociedade Galega Sementeira’ de Basilea, ‘A Nosa Galiza’ y la ‘Irmandade Galega’ –en Suiza–.
Sociedades gallegas en Suiza rechazan el borrador de la ‘Lei de Retorno’ de la Xunta
 El secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, mantuvo una reciente reunión con los centros gallegos en Suiza.
El secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, mantuvo una reciente reunión con los centros gallegos en Suiza.

El ‘Anteproxecto de Lei de Apoio ao Retorno’ que prepara la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta recibió ya las primeras críticas. El borrador, que desde hace aproximadamente un mes comenzó a distribuir por los centros de la colectividad el secretario xeral, Santiago Camba, cuenta con el rechazo expreso de la ‘Sociedade Galega Sementeira’ de Basilea, ‘A Nosa Galiza’ y la ‘Irmandade Galega’ –en Suiza– que se apresuraron a presentar alegaciones al texto por considerar que, entre otras cuestiones, contempla “una reducción de los derechos que tienen reconocidos actualmente” los retornados.

Cataluña es la única comunidad española que cuenta con una Ley de Retorno. Desde 2002, los catalanes emigrados que regresan a su lugar de origen disponen de una reglamentación específica para beneficiarse de las ventajas que le proporciona su comunidad en tanto que ciudadanos catalanes. Galicia es el principal referente de España en emigración, pero a fecha de hoy todavía carece de una normativa que regule su política en lo que al retorno de sus emigrantes se refiere.
La Comisión Delegada de Emigración, reunida el pasado mes de agosto en Santiago de Compostela, decidió respaldar la propuesta de la Secretaría Xeral de elaborar una ‘Lei de Apoio ao Retorno’ que defina y regule la condición de gallego retornado.
Para cumplir con este propósito, el titular de Emigración de la Xunta comenzó hace aproximadamente un mes a distribuir por los centros gallegos del exterior el Anteproyecto de la ley, con el fin de que sea analizado en privado y consensuado con la colectividad gallega en el exterior.
Pero tan sólo unos días después de recibir el texto, la ‘Sociedade Galega Sementeira’ de Basilea (Suiza), respaldada por las asociaciones de Ginebra ‘A Nosa Galiza’ y la ‘Irmandade Galega’, entre otras, se ha apresurado a presentar alegaciones a un borrador que rechazan “en los términos en que está redactado”, según reconoce en el escrito la asociación ‘Sementeira’.
Entre los motivos que aducen en ‘Sementeira’ para retirar su apoyo a la propuesta relata que, en lo que respecta a los requisitos para acceder a la condición de emigrante retornado, consideran que estos “suponen una reducción de los derechos que tienen reconocidos actualmente”.
Así mismo, considera que con esta ley se originará una “duplicidad de registros y de reconocimiento de la condición de emigrante retornado que creará confusión”. Como “confusa” es, a su entender, la condición de emigrante gallego retornado temporal que se aplica en la nueva normativa, ya que, “¿cómo se decide si un emigante retornado es temporal o definitivo?”, se preguntan.
El anteproyecto de ley presentado por la Secretaría Xeral de Emigración “no define ni establece ningún derecho a los emigrantes gallegos retornados”, alegan estas sociedades, que considera que “las funciones” de la Oficina Galega do Retorno y del Consello Asesor de la mencionada Oficina “muestran una visión reduccionista del proceso del retorno al excluir actuaciones antes de la llegada del emigrante a Galicia”.
Por su parte, ‘A Nosa Galiza’, ‘Irmandade Galega’, ‘Tordoia’, ‘Olten’ y otros se suman a lo expuesto por ‘Sementeira’ y alegan, entre otros asuntos, que sería “primordial” la participación de los ayuntamientos en la acogida de retornados. También piden que se defina el concepto de extranjero para la Comunidad autónoma gallega.
El borrador, según fuentes de la Secretaría Xeral de Emigración, se envió a estas entidades  con ánimo de que fuera estudiado de puertas adentro y sin ánimo de incitar a la polémica, máxime cuando se trata de un texto que pretende ser consensuado.
El departamento de Emigración de la Xunta niega “la más mínima intención” de alimentar “una guerra” por un asunto que, a su entender, debe abordarse en privado. Con esa intención fue entregado a los responsables de dichas entidades y así “lo aceptaron”, según aseguran las mismas fuentes.
“Nosotros no distribuimos el borrador, lo que hicimos fue expresar un sentimiento”. “El sentimiento es libre” y lo que se expone en las alegaciones “sólo son opiniones”, declaró a ‘Galicia en el Mundo’ el presidente de ‘A Nosa Galiza’, Xosé Constenla, quien considera que “en democracia, el sentimiento es libre”.
Desde su punto de vista, el compromiso con la Xunta se ceñía a no dar a conocer el borrador fuera de la dirección de los centros gallegos y eso fue lo que se hizo. El borrador se distribuyó entre los centros advirtiendo que no se difundiera fuera de las directivas y “todos nos dieron su palabra de que no lo harían”.
Desde los centros en Suiza lo que se hizo fue “un trabajo; se dieron unas opiniones, que pueden ser tenidas en cuenta o no”, pero que están encaminadas a facilitar el retorno de los emigrantes y no a que “anden de un lado para otro” sin saber qué hacer cuando llegan a Galicia para, luego, verse en la obligación de volver sin conseguir el objetivo del retorno, respondió el presidente de ‘A Nosa Galiza’ de Ginebra.
Las fuentes de la Xunta aseguran que las asociaciones cometen un error técnico “bastante grave” en sus alegaciones respecto a las competencias de la Xunta, puesto que el Gobierno gallego, con esta ley, lo que pretende es proporcionar “un servicio de asesoramiento, más que de ayuda al retornado”, puesto que, según reconocen, esto sería “competencia” del Gobierno central.