Rueda defiende que la Lei da Galeguidade “es fruto del consenso con las comunidades en el exterior”

El vicepresidente del Gobierno gallego y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, fue el encargado de exponer en el Parlamento de Galicia el contenido de la Lei da Galeguidade, elaborada por el departamento de Emigración de la Xunta durante la pasada legislatura y sometida a la aprobación del Consello de Comunidades Galegas. Dicha Lei, que sustituirá a la Lei de Recoñecemento da Galeguidade, en vigor desde 1983, servirá para “abrir espacios” a las entidades que trabajan “en este campo y no tenían acomodo” en la normativa vigente hasta la fecha, dijo Rueda durante su intervención. Se trata de un Proyecto de Lei que busca favorecer la participación activa de las nuevas generaciones en el contexto de las organizaciones vinculadas a la colectividad, así como la integración de las nuevas tecnologías y la plena incorporación de las mujeres a las tareas de dirección, apuntó el conselleiro.

Rueda aseguró que la Lei “apuesta por la fusión de las entidades gallegas en el exterior”, y dijo que con ella se amplía la cobertura de derechos en los ámbitos social, cultural y económico. También servirá para “fortalecer la Marca Galicia y la internacionalización” de las empresas gallegas, así como la difusión de las posibilidades turísticas de Galicia en el exterior, añadió Rueda, quien hizo hincapié en que la nueva Lei “es fruto del consenso con las comunidades en el exterior”.

La Lei da Galeguidade tiene por objeto regular el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia y colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, así como el reconocimiento de su ‘galeguidade’. También tiene por objeto reconocer la existencia de otro tipo de entidades gallegas a las cuales se les puedan reconocer determinados derechos de los reconocidos a las comunidades gallegas. Contempla, además, solicitar la colaboración del Estado español para elaborar y actualizar un censo de gallegos en el exterior con la periodicidad que rige para el Padrón municipal, con el objeto de articular políticas de apoyo a los ciudadanos gallegos en la diáspora.

La normativa considera gallegos a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero a los cuales el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga derechos políticos, así como también a sus descendientes. También considera gallegos a los ciudadanos españoles nacidos en Galicia y residentes en otra comunidad autónoma del Estado español, así como sus descendientes. No obstante, y según se puso de relieve en el debate, la Lei dejaría fuera del concepto de ‘galeguidade’ a un gallego que se asentase primero en cualquier comunidad autónoma española y después se desplazase a otro país.

Así pues, el debate suscitado en el Parlamento gallego a propósito de esta nueva normativa dejó claro el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios en estas y otras cuestiones y constató la división de opiniones entre el partido del Gobierno y la oposición. La Lei, según los grupos minoritarios, se centra demasiado en las entidades en el exterior e ignora a los ciudadanos. Ese fue el principal argumento esgrimido por los portavoces de AGE (José Javier Ron Fernández), BNG (Francisco Jorquera) y PSdeG (Marisol Soneira), que reprocharon al PP la elaboración de una Lei que, entre otras cuestiones, no regula la participación de los residentes en el exterior en la actividad política de Galicia.

Se trata pues, de “una oportunidad perdida para dotar a Galicia de una auténtica ley de ciudadanía en el exterior”, dijo Jorquera, quien matizó que la normativa en la que se trabajó en la última legislatura “no contempla” el desarrollo de derechos de los residentes en el exterior. “Los poderes públicos deben garantizar los derechos de un modo reglamentario”, ya que, de lo contrario, se caerá en un “mercantilismo electoral”, enfatizó el portavoz nacionalista, para quien, el texto debería servir para “impulsar el conocimiento, divulgación y uso” del idioma y de la producción cultural en gallego. Pero “nada de eso” contempla este Proyecto de Lei, dijo Jorquera, sino que, a su entender, responde más bien a la “idea de establecer un control político y burocrático sobre las comunidades gallegas”.

El portavoz de AEG, Ron Fernández, coincidió en gran medida con la exposición del portavoz del BNG y calificó la nueva Lei da Galeguidade de “despropósito”, ya que, con ella, el concepto de ‘galeguidade’ “se nos va entre las manos”, y se ponen “las relaciones económicas por encima de las culturales”. “Mezcla derechos culturales con empresariales, por eso merece que sea devuelta y redefinida”, apostilló.

Para Ron Fernández, la normativa debería ser “un mecanismo para que las prácticas de corrupción desaparezcan para siempre”, sin embargo, “tenemos la sensación contraria”, dijo, y pidió que “se definen los derechos de participación” de los emigrantes “en la vida pública”, ya que la nueva ley “los deja sin cauces de participación”.

Por su parte, la portavoz socialista, Marisol Soneira, abogó por elaborar una ‘Lei da Galeguidade’ que lleve aparejado un consenso entre todas las fuerzas políticas, ya que, de la actual, “están excluidos el 90% de los derechos de ciudadanía”, “olvida a los 800.000 gallegos” que en los últimos años tuvieron que dejar Galicia y tampoco incluye a “los que accedieron a la nacionalidad”. Y los emigrantes “quieren seguir vinculados con nosotros”, apostilló.

En esta normativa, ¿dónde están los ciudadanos?, se preguntó Soneira, quien, pese a reconocer que las entidades gallegas en el exterior “son importantes”, aclaró que “el PSdeG piensa que las personas están por encima de los edificios”. Soneira hizo alusión a la situación actual del Centro Gallego de Buenos Aires, y, en este sentido, recordó que fue durante el Gobierno de Núñez Feijóo cuando la entidad comenzó a ser gestionada por el Gobierno argentino. “Los presidentes Laxe, Fraga y Touriño no heredaron la deuda que dejaron los socialistas en el hospital de Buenos Aires”, le recriminó la responsable de defender el Proxecto de Lei de Emigración, la diputada ‘popular’ Paula Prado del Río, quien acusó a BNG y AGE de mostrar poco interés en los asuntos que tienen que ver con la emigración. “No nos interesa practicarla”, le respondió Jorquera, quien acusó al gobierno actual de “diseñar políticas que obligan a que los jóvenes emigren”.

Prado del Río respondió a las acusaciones de los portavoces de los restantes grupos de la Cámara asegurando que la normativa es consecuencia de las reivindicaciones reiteradas del Consello de Comunidades Galegas, y dijo que los derechos de los ciudadanos en el exterior ya están reconocidos en la Constitución y en el Estatuto. “El partido socialista quiere legislar sobre derechos ya reconocidos”, dijo Prado del Río. Los demás portavoces respondieron que también los derechos de las asociaciones están recogidos en ambas normativas y, pese a ello, han elaborado un Proxecto de Lei para desarrollarlos.