Un gallego se querella en Argentina contra los crímenes del franquismo
Representantes de organismos de derechos humanos, sindicales y la Federación de Sociedades Gallegas respaldaron la presentación, en los Tribunales Federales argentinos, de una querella contra los crímenes del franquismo, presentada, entre otros, por Darío Rivas, hijo de un gallego fusilado en 1936. Por sorteo, será la jueza María Servini de Cubría quien decida si da curso, o no, a la demanda para que también se aplique en Argentina “el principio de justicia universal” que hace unos tres años esgrimió España para juzgar los crímenes cometidos durante las dictaduras de Argentina y Chile.
El miércoles pasado, día 14, en la capital argentina ‘Abuelas y Madres de Plaza de Mayo’, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la central sindical (CTA) y la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, entre otros organismos, demandaron ante los tribunales federales argentinos que se aplique en el país el principio de justicia universal para poder investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.
El equipo de abogados que patrocina la querella está integrado por los abogados Carlos Slepoy (argentino radicado en España); David Baigún (director del posgrado de Derecho Penal de la UBA); Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler y tiene por delante la tarea de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. La iniciativa de que sean los tribunales argentinos los que impulsen las investigaciones y denuncias contra los crímenes del franquismo se concretó tras conocerse que la justicia española frenó la investigación que inició el juez Baltasar Garzón sobre este tema y lo sentó en el banquillo acusado de prevaricación.
Al mismo tiempo la Federación ha iniciado un plan de trabajo con el objetivo de sumar a otras asociaciones gallegas como querellantes. “En todas las instituciones de la colectividad –explicó el secretario de la Federación, Luis Fernández– existen represaliados directos o familiares de represaliados”. Éste es el caso de las dos primeras demandas presentadas por Darío Rivas (hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo) Severino Rivas, fusilado en 1936) y de Inés Holgado (nieta de Elías García Holgado, alcalde y diputado provincial en Salamanca, encarcelado en 1936 y asesinado un año más tarde).
De aquí en adelante, detalló Fernández, la entidad se abocará a “recabar datos concretos para sumarlos a la querella” y a “concienciar a las nuevas generaciones sobre lo que sucedió y la necesidad de buscar verdad y justicia”. “Sabemos que con esta iniciativa –reflexionó– la mitad de España nos va a amar y la otra mitad nos odiará, pero nosotros somos concretos en este tema”. Al respecto señaló que quien quiera hacer una denuncia puede hacerlo ante la propia Federación o cualquiera de los organismos de derechos humanos que están actuando en solidaridad con el pueblo español, explicó.
Por otra parte, apuntó que históricamente la Federación se opuso a la ley de amnistía. “No compartimos el criterio de que la transición es algo modélico. Pensamos que no hubo ruptura democrática y que por lo tanto todavía quedan muchas cosas por resolver, muchas heridas sin cerrar” dijo, y agregó: “en todo caso somos solidarios con esas fuerzas que en España también están pidiendo la derogación de la ley de amnistía y el avance de un proceso que permita la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco. Crímenes que fueron planificados y ejecutados mediante terrorismo de estado”.
Asimismo, señaló que si los organismos de derechos humanos de la Argentina impulsan la iniciativa en nombre de la solidaridad, la Federación lo hace en nombre propio y de los hombres y mujeres represaliados durante el franquismo por haber defendido la legalidad democrática de la República.
“Creemos que no podremos ser una sociedad plena y democrática si no hay apego a la historia real y no reconocemos que las víctimas del franquismo fueron los héroes de la defensa democrática”, dijo.
Por último, Fernández aseguró que “si bien la mayoría de los represores están muertos, es necesario saber, en este proceso, quienes fueron los autores intelectuales del genocidio en España. El dirigente recordó también que en Galicia, no hubo guerra civil, porque sus líderes, los alcaldes, fueron asesinados a su regreso de España donde habían ido a presentar el Estatuto de Autonomía gallega; sin embargo está constatado que hubo 30.000 asesinados y que la cifra se eleva a alrededor de 150.000 muertos en toda España.
El presidente de la Federación, Francisco Lores, manifestó que creen que “hay un avance de la derecha” y que esto no está desvinculado de la acusación de los tribunales franquistas al juez Garzón, y al intento de recortar el derecho al voto de la emigración.
