Feijóo arranca al BNG un pacto sobre financiación autonómica y al PSdeG, sobre Novacaixagalicia
El Debate sobre el Estado de la Autonomía, celebrado los pasados días 15 y 16 en el Parlamento gallego, sirvió a Alberto Núñez Feijóo para pactar con los grupos de la oposición aquellas cuestiones que más interesan para contribuir al desarrollo de la economía de Galicia. En lo que respecta al futuro de Novacaixagalicia (NCG), el PP gallego logró arrancar a los socialistas un acuerdo para demandar al Banco de España “un trato no discriminatorio” a las entidades financieras, “ni por su naturaleza jurídica ni por su procedencia geográfica”. El pacto con el BNG se centró en reclamar al Gobierno central 805 millones de euros del acuerdo de financiación autonómica –sin descartar la vía judicial “en caso de no llegar a un acuerdo”–, y la transferencia de las políticas activas de empleo, así como la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el catálogo priorizado de fármacos.
La crisis económica, la desafección política y el cuestionamiento del modelo de Estado fueron los asuntos que centraron el último Debate sobre el Estado de la Autonomía en Galicia, durante el cual, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó las líneas prioritarias de su Gobierno para los dos años que quedan de legislatura. “El gran empeño del Gobierno gallego es la defensa de la Autonomía, el bienestar de sus ciudadanos y el fortalecimiento de los instrumentos productivos, económicos y financieros que favorezcan nuestro progreso común”, dijo Feijóo.
Entre las medidas novedosas en las que apoyó su reflexión destacan la apuesta por la internacionalización de la economía a través de la reestructuración del Igape para que 700 empresas comiencen a exportar de forma regular y se incrementen en 3.400 millones las exportaciones gallegas, así como el impulso a los sectores productivos con la aprobación, por ejemplo, de un Decreto de Electromovilidad para el sector de la automoción, o de un Decreto de apoyo a la comercialización para el sector pesquero.
También anunció que en las próximas semanas se ampliará el Diálogo Social con otros nueve acuerdos pactados con los agentes sociales y económicas y, en el ámbito del bienestar, reiteró su compromiso con la Ley de Garantías de las Prestaciones Sanitarias si el Gobierno desbloquea el Fondo de Cooperación pendiente de transferir a la Comunidad para hacer frente al pago de los servicios públicos.
En un momento en el que se discute sobre la viabilidad del modelo de autonomías, el presidente gallego concluyó su discurso afirmando que “urge abrir una nueva etapa en la relación del Gobierno central con las autonomías” para pasar de la “tensión sistemática” a la “cooperación permanente”. En esta línea, propuso profundizar en una “España cooperativa” que permita que las comunidades puedan participar en las políticas del Estado, así como que aquellas decisiones que afectan al núcleo del sistema autonómico “no dependan de acuerdos improvisados con minorías, sino que sean consecuencia de un amplio y mayoritario consenso”.
Feijóo recordó que Galicia dejará de ingresar en este ejercicio económico 805 millones de euros, debido a una mala interpretación del modelo de financiación autónomica, denuncia con la que consiguió tocar la fibra sensible de los nacionalistas gallegos, muy críticos durante todo el debate con la política desplegada por Núñez Feijóo en estos dos años de mandato. “Si su objetivo fue mejorar la vida de los gallegos, usted fracasó”, recriminó el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, al jefe del Ejecutivo gallego.
Aún así, el BNG decidió sumarse a la propuesta ‘popular’ para demandar al Estado los 805 millones de euros de la financiación autonómica a los que, según Feijóo, Galicia tiene derecho y para reclamar al Gobierno central tanto “plena autonomía” para legislar y ejecutar las políticas activas de empleo como la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el catálogo priorizado de fármacos.
Los socialistas gallegos se mantuvieron en un tono igualmente crítico con Feijóo. “A día de hoy es usted el presidente de la Comunidade Autónoma con la peor evolución del desempleo”, le espetó Pachi Vázquez.
Sin embargo, el PP ha podido alcanzar con el PSdeG un acuerdo en lo relativo a garantizar el futuro de Novacaixagalicia tras una transacción entre ambas fuerzas por la que se demanda al Banco de España –en lugar de al Gobierno central, como figuraba en la propuesta inicial– “un trato no discriminatorio” a las entidades financieras, “ni por su naturaleza jurídica ni por su procedencia geográfica”.
Además, han pactado que en las demandas de capitalización –NCG necesita ganar un 4,8% de capital principal si quiere seguir como caja– se tengan en cuenta los diferentes grados de saneamiento efectuados –la entidad gallega destinó más de 3.000 millones a este fin–, considerando este extremo el “verdadero sistema de garantías de terceros”.
Pese a apoyar esta transacción, en el momento de la votación, los socialistas demandaron que se votase igualmente su propia propuesta de resolución, en la que pedían “garantizar el mantenimiento de Galicia en el mapa financiero con entidades solventes vinculadas prioritariamente con el territorio y los sectores productivos gallegos”. De hecho, su portavoz parlamentario, Abel Losada, había recriminado al PPdeG que no la apoyase.
A mayores, el PSdeG ha acordado con los ‘populares’ la creación de una ponencia parlamentaria que elabore un texto “conjunto” para una nueva Ley del Suelo “con vocación de consenso y de permanencia en el tiempo”. Por su parte, el BNG rechazó sumarse al consenso tras cuestionar la “credibilidad” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoyándose en cómo se tramitaron las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el Plan de Ordenación del Litoral (POL).
AVE a Galicia
Los grupos de la oposición se han descolgado, no obstante, de una propuesta de resolución impulsada por el PP –el PSOE se abstuvo y el BNG la rechazó– con el fin de demandar el cumplimiento del Pacto del Obradoiro para la llegada del AVE a Galicia y que se proceda a la adjudicación del contrato “antes de que finalice 2011”.
En cambio, PP y PSOE reivindicaron conjuntamente “el carácter estratégico” de la línea de alta velocidad gallega con Madrid y su futura conexión con Portugal, como pedían los socialistas, mientras que el Bloque se abstuvo.
También se quedó solo el grupo mayoritario de la Cámara en su petición de que el Estado cumpla con lo dispuesto en la Ley de Dependencia y aporte el 50 por ciento de su coste de aplicación, así como en la propuesta de “garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo” de las finanzas públicas a través de una Ley de Disciplina Presupuestaria.
Otro de los aspectos en los cuales los grupos con representación en el arco parlamentario gallego han logrado ponerse de acuerdo ha sido en la necesidad de “apoyar el mantenimiento de la actividad productiva y los puestos de trabajo” de la planta de Clesa en Caldas de Reis. Esta propuesta llegó a la Cámara de la mano del PP, que contó con el respaldo de la oposición para “apoyar futuros proyectos que garanticen la viabilidad de la factoría” de la localidad pontevedresa.
También en clave económica, se alcanzó la misma unanimidad en la petición de que la Xunta negocie con el Gobierno central una modificación de “los criterios de reparto y la cuantía” del Fondo de Compensación Interterritorial garantizando “una discriminación positiva” a comunidades como Galicia para “facilitar el proceso de convergencia”.
