Emigración y la Fundación +34 renuevan su convenio para prestar atención a los gallegos presos en el exterior

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el presidente de la Fundación +34, Francisco Javier Casado Martín, renovaron en Santiago el acuerdo para prestar atención a aquellos presos de origen gallego que estén en situación de especial dificultad en prisiones extranjeras, especialmente en América Latina.

La Fundación +34 es una organización privada, de carácter social y benéfico sin ánimo de lucro, y sus objetivos fundamentales son ofrecer ayuda humanitaria y defensa a los presos españoles en el extranjero y también asistencia a los ciudadanos en situación de desamparo y abandono en países del exterior.

Los objetivos del convenio, dotado con 12.000 euros aportados por Emigración, son favorecer las condiciones tanto físicas como psicológicas de las personas encarceladas, así como recoger información sobre su situación jurídica; facilitar asistencia médica en diversas ciudades del centro y sur de América; y el envío de productos farmacéuticos a aquellas personas que las necesitan para su supervivencia y no la tienen garantizadas.

De este modo, Galicia pretende complementar el trabajo de la Administración del Estado, que es en la que recae la responsabilidad y competencia sobre los españoles recluidos en cárceles del extranjero.

Contacto con las familias

Rodríguez Miranda recordó, tras la firma del acuerdo, que “además de ayudar a los propios presos, muchos de ellos en situaciones extremas, este acuerdo da empuje al funcionamiento de una entidad que permite la mejora en el contacto con sus familias en la Galicia territorial”.

Según se recuerda en el convenio, “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha denunciado una preocupante situación de muerte y violencia en las cárceles de determinados países”. Y las oficinas del Valedor do Pobo y del Defensor del Pueblo han solicitado a las administraciones competentes que hagan un esfuerzo por atender a las personas que se encuentran en grave riesgo “por estar en situación de privación de libertad en países en los que no se asegura unas condiciones de respeto de los niveles mínimos de los derechos humanos”.