Conde destaca que la Xunta busca el máximo consenso en la candidatura de Galicia a los fondos Next Generation

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, puso en valor, en el Parlamento gallego, el amplio proceso consultivo que está realizando la Xunta para asegurar el máximo consenso en torno a la candidatura gallega a los fondos europeos Next Generation. En este sentido, indicó que, junto a implicación de las pymes en los proyectos, la colaboración público-privada y la I+D+i, son la base sobre la que se asienta la propuesta de Galicia. Así lo reconoció durante su comparecencia en la Comisión no permanente especial de estudio sobre la reactivación económica, social y cultural de Galicia por la crisis del Covid-19, donde intervino a petición propia por tercera vez.

Conde explicó que la Xunta quiso incorporar el diálogo como un factor esencial en esta estrategia en la que tanto los agentes económicos y sociales como los sectores productivos tienen un papel significativo. Para eso, la Administración autonómica promovió distintos espacios de consulta, como los seis foros sectoriales celebrados hasta ahora –el último con las empresas y agentes vinculadas al ámbito de la movilidad sostenible, segura y conectada–; la propia comisión parlamentaria de reactivación; o la Mesa del Diálogo Social donde se acordó la creación de un grupo de trabajo para seguir perfilando la candidatura gallega.

El vicepresidente económico destacó que, junto a la búsqueda de consensos para definir la candidatura de Galicia a los fondos Next Generation, el Gobierno autonómico pone especial énfasis en los siguientes elementos definitorios de esta estrategia: la implicación de las pymes en los diferentes proyectos para que tengan un alto impacto sobre la productividad, el empleo y el territorio; la colaboración público-privada, con mecanismos como la sociedad impulsora, que se encargará de madurar los proyectos tractores de Galicia; o que la I+D+i se concibe como un vector transversal. Y subrayó también que, ante la necesidad de agilizar los procesos administrativos en el actual contexto de reactivación económica, la Xunta puso a disposición del tejido empresarial la Oficina de Proyectos Tractores del Igape y la Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia.

Un trabajo hecho con rigor y transparencia

En su intervención explicó que, en este momento, la candidatura gallega a los fondos de reconstrucción Next Generation abarca 354 proyectos que podrían llegar a movilizar una inversión de cerca de 20.000 millones de euros. De esas iniciativas, 247 son públicas y consiguen una movilización de en torno a los 7.000 millones de euros (34,6%); y 107 parten de la iniciativa privada y proceden de los sectores productivos, con cerca de 13.000 millones de euros (65,4%) de inversión prevista.

Son proyectos, dijo, fruto de un trabajo que está ya en un estadio avanzado y maduro, hecho con rigor, transparencia y buscando involucrar al máximo al tejido productivo. Un trabajo, añadió, que la Xunta viene realizando a lo largo de estos meses a todos los niveles: dentro de la propia Administración y más allá, con el tejido empresarial, con los interlocutores sociales y económicos, con los colectivos y entidades en disposición de hacer aportaciones y, por supuesto, con los grupos políticos.

Los proyectos con los que Galicia concurre a los fondos europeos están clasificados en base a cinco cadenas de valor sobre las que tienen un mayor impacto. Los relativos a la economía circular y la transición energética suman el 55% de la inversión. Los que tienen que ver con la movilidad sostenible son el 8% del total. Una tercera cadena de valor la engloban los Hubs de Innovación Digital, la Industria 4.0 y las TIC, y a ella pertenece el 16% de la inversión. La cadena mar-industria y campo-industria ocupa el 12% de la inversión con una especial apuesta de por medio rural. Y, finalmente, la quinta cadena de valor estaría en el ámbito sanitario, los modos de vida saludables y la nueva economía de los cuidados que son ámbitos de actuación que suman el 9% de la inversión.

Con respecto a los proyectos de carácter público –del que se les entregó un inventario a los grupos de la Cámara–, Conde destacó que los mayoritarios están vinculados con el impulso de la economía circular y la eficiencia energética, con el crecimiento cohesionado y con la sanidad y la nueva economía de los cuidados; de hecho, tres de cada cuatro proyectos públicos pertenecen a una de estas cadenas de valor. Destacan los relacionados con la modernización del Sergas, que son 27 iniciativas; los de refuerzo de las políticas de empleo y cohesión, con 43 propuestas; los de apoyo a la innovación industrial e impulso de las pymes, que suma 40 proyectos; los de movilidad sostenible, segura y conectada, con 21; y los relativos a la conservación y restauración de ecosistemas, que son 27 iniciativas.

Por otra parte, el vicepresidente económico también apuntó que la candidatura gallega cuenta con proyectos de carácter público-privado, como el Polo para la Transformación de Galicia, en el que se incluye, por ejemplo, la generación de hidrógeno verde con la instalación de una planta inicial en As Pontes, la creación de una fábrica de fibras textiles a partir de la madera y de la celulosa, la puesta en marcha de un centro para el impulso de la economía circular orientado a la valorización de residuos, o el desarrollo en Galicia de nueva potencia renovable (1000 MW de energía eólica y solar).

Además, desde el sector privado, destacan los proyectos relacionados con la automoción autónoma y conectada, la movilidad sostenible, el descubrimiento de fármacos, la industria aeroespacial, o la cadena campo-mar-industria.

Conde, que aseguró que todo el consenso y acuerdo que se pueda conseguir en torno a esta candidatura será una forma de consolidar y de afianzar el posicionamiento de Galicia a la hora de optar a las ayudas europeas, concluyó solicitando al Ejecutivo central más diálogo y una cogobernanza real con las comunidades autónomas para que puedan participar de manera activa en la definición de los criterios de reparto de los fondos. En este sentido, advirtió de que, hasta ahora, el único que se está produciendo es un agravio comparativo entre regiones al primar intereses que nada tienen que ver con la cohesión social y territorial que establece la Comisión Europea.