BRUSELAS RESPONDIó A UNA INTERPELACIóN DEL DIPUTADO IñAKI IRAZABALBEITIA

La UE descarta tomar medidas contra España por multar a los retornados que cobran pensión del extranjero

La Comisión Europea descarta adoptar medidas contra España por multar a los pensionistas retornados que perciben cuantías de países extranjeros, porque la doble imposición no es contraria al derecho de la UE. Así respondió la Eurocámara a una interpelación del eurodiputado del grupo de Los Verdes/ALE Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

La UE descarta tomar medidas contra España por multar a los retornados que cobran pensión del extranjero

La Comisión Europea descarta adoptar medidas contra España por multar a los pensionistas retornados que perciben cuantías de países extranjeros, porque la doble imposición no es contraria al derecho de la UE. Además, defiende que cada Estado miembro tiene libertad para “configurar sus regímenes y procedimientos de fiscalidad directa, siempre que sus normas no sean discriminatorias", lo que, de algún modo, avala la decisión del Gobierno español de sancionar a los retornados que no declararon sus pensiones del extranjero. Así respondió la Eurocámara a una interpelación del eurodiputado del grupo de Los Verdes/ALE Iñaki Irazabalbeitia Fernández sobre “la situación de 250.000 jubilados gallegos” que perciben pensiones u otras prestaciones sociales de otros países y que están siendo sancionados por el Gobierno español por no cumplir con sus obligaciones tributarias, según recoge el periódico ‘Faro de Vigo’ en su edición de este miércoles.

El Ministerio de Hacienda lleva un tiempo rastreando las pensiones de emigrantes retornados superiores a 11.200 euros para que tributen desde 2008 y la Agencia Tributaria les obliga a abonar los intereses de demora y les impone una sanción.

Irazabalbeitia alega que no se informó debidamente a los afectados de que tenían que declarar estas pensiones y recuerda que España tiene firmados convenios bilaterales con algunos países de la UE en materia fiscal pero que cada uno de estos acuerdos es diferente.

Pese a las movilizaciones que convocan cada mes para protestar ante las delegaciones de Hacienda por lo que consideran una injusticia, y a las cartas enviadas por el Gobierno de la Xunta de Galicia para que se paralizaran las penalizaciones, ya que, según expresó en alguna ocasión el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en el ánimo de estas personas no estaba delinquir, la Agencia Tributaria continúa con las reclamaciones del dinero adeudado.

“Mientras se dan casos de fraude fiscal en España y un estado de corrupción que toca a miembros del partido en el Gobierno, los emigrantes retornados, que han trabajado toda una vida en el extranjero llena de privaciones y contribuyendo a mejorar la economía de otros países europeos se ven ahora en un vacío jurídico”, denuncia el europarlamentario de Los Verdes, para quien el problema es que falta una regulación europea sobre esta materia. En este sentido, Irazabalbeitia advierte de que el Gobierno español, en su afán recaudatorio, está discriminando fiscalmente a los emigrantes retornados.

Así mismo, denuncia que a los jubilados gallegos emigrados se les está aplicando una doble imposición –es decir, tributaron en el extranjero y ahora tienen que pagar también impuestos en España–. “Y no se les están reconociendo los beneficios que les concedieron los países de acogida, como exenciones fiscales o prestaciones de incapacidad o invalidez y jubilación”, añade.

La Comisión Europea distingue entre los trabajadores transfronterizos y los emigrantes. Según explica, el derecho comunitario “no garantiza que el traslado de residencia dentro de la Unión Europea de una persona asegurada sea neutral a la seguridad social o los impuestos”.

El Ejecutivo comunitario defiende además que cada Estado miembro tiene libertad para “configurar sus regímenes y procedimientos de fiscalidad directa, siempre que sus normas no sean discriminatorias”.

Según la argumentación de Bruselas, es válido gravar dos veces la misma renta en distintos países y es voluntad de cada Estado decidir si quiere cooperar o no con otros miembros de la UE para eliminar esta doble imposición.

“La Comisión está facultada para formular propuestas de legislación de la UE dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, pero las propuestas en materia de fiscalidad solo podrán entrar en vigor si los estados miembros de la UE las aprueban por unanimidad”, explica la Eurocámara.

Transfronterizos

En el caso de los trabajadores de zonas transfronterizas y personas móviles, es decir, aquellos que viven en un país pero se desplazan a trabajar a otro, la Comisión Europea cree que sí podría haber margen para mejorar la cooperación en materia fiscal entre los estados. En este sentido, adelanta que está examinando las legislaciones fiscales de los países miembros para detectar “indicios de medidas discriminatorias” en trabajadores, por ejemplo, en lo que respeta a sus pensiones de jubilación. Bruselas advierte que si detectan la existencia de discriminación en el trato fiscal de estas personas “pondrán en marcha procedimientos de infracción”.