Torres prevé que “reivindicaciones históricas van a encontrar solución”

“Vislumbro que determinadas reivindicaciones históricas de la emigración van a encontrar solución en esta legislatura”, declaró el director general de Ciudadanía Española en el Exterior y secretario del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Agustín Torres, tras la reunión que la Comisión Permanente de este organismo celebró la semana pasada en Madrid iniciando el nuevo sistema de funcionamiento del que se dotó el Consejo General en su último pleno y que para Torres es “más operativo y ágil” que el anterior.

Un sistema, el anterior, que considera que era imposible de mantener ahora que el pleno del CGCEE lo integran alrededor de ochenta personas.
Entre los temas para los que prevé avances están, además del acceso a la nacionalidad que ya se está poniendo en marcha, el voto y la participación de los residentes en el exterior y las prestaciones del SOVI. Torres aseguró que los consejeros generales tienen ahora los medios para ser más concretos y precisos en sus reivindicaciones y tener más presente las respuestas que ha dado la Administración con anterioridad a propuestas que se han ido repitiendo en el tiempo como si nunca hubiese habido un pronunciamiento sobre ellas.
El director general cree que un ejemplo de propuesta reiterada sin tener en cuenta las razones expuestas por la Administración es la homologación de los permisos de conducir extranjeros de los emigrantes españoles, que hace años que se presenta. En este sentido, Torres recuerda que la Administración ha respondido en varias ocasiones que desde que España entró en la Unión Europea, en 1986, no puede tomar de forma unilateral decisiones que son contrarias a las normas europeas, como es este caso.
En principio, según Torres, esto no tendría que suponer una renuncia a determinadas aspiraciones sino que desde el Consejo, con el conocimiento previo de las normas legales que rigen en cada caso, se puede intentar buscar otras soluciones.
En este sentido señaló que desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que tiene la primera vicepresidencia del CGCEE, han comprometido la presencia de la Administración en las comisiones delegadas, para que éstas puedan presentar una información completa ante el pleno del Consejo General y éste pueda seguir avanzando en la resolución de propuestas.


Posibilidades del SOVI
En las reivindicaciones del Consejo General sobre el SOVI es en una de las cuestiones en las que Torres cree que se puede avanzar en esta legislatura, siquiera sea parcialmente. Sobre este asunto la Comisión Permanente del CGCEE acordó dirigir una carta al ministro de Trabajo e Inmigración para que se pronuncie ante sus posibilidades. “Espero que si no todas sí al menos algunas de las reivindicaciones que se plantean se puedan tener en cuenta”, expone Torres.
En este asunto su opinión es que la petición de que se considere como cotizado el período del servicio militar para estas prestaciones es algo que trasciende las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social para entrar incluso en las del Pacto de Toledo y que la solicitud de que se den por cotizados los períodos trabajados en España antes de la emigración y que no fueron declarados por las respectivas empresas, porque el sistema no se lo reclamó, es contraria a la legislación. En este sentido, Torres señala que no sólo en el SOVI sino en todo el sistema de protección social ni la obligatoriedad ni los sistemas de inspección eran los mismos que en la actualidad.
En cambio, el director general considera que sí tienen posibilidades de ser atendidas las reclamaciones referidas al prorrateo en las cotizaciones del SOVI y sus correspondientes prestaciones. Cree que hay mucha desproporción entre haber cotizado los 1.800 días a los que corresponde la totalidad de la prestación y haberlo hecho, por ejemplo, 1.700, pues la cuantía de la prestación puede bajar de 300 a 60 euros.


Ley de nacionalidad
Por otra parte, a Torres le parece lógico que el CGCEE siga reclamando una Ley de Nacionalidad específica que saque esta materia del Código Civil, que se aumenten las posibilidades de acceso para los emigrantes y sus descendientes y que incluso, como se señaló desde la Comisión Permanente, se considere las posibilidades de los inmigrantes que llegan a España, porque “entra dentro de sus competencias”.
No obstante, observa que ahora se está viviendo el proceso de aplicación de la disposición adicional séptima de la llamada Ley de la Memoria Histórica que se refiere a esta materia y estará vigente durante dos o tres años, por lo que considera descartable que el Gobierno acometa próximamente la elaboración de una Ley de Nacionalidad.
“Cuando se tenga cerrado el actual marco de actuación y se conozcan los efectos de la inmigración establecida en el país quizá se plantee lo que significa esta norma. Pero cada uno actúa desde su competencia y me parece oportuno que en el Consejo General se haga esa reflexión”.


Modelo normalizado para las propuestas
El director general también se refirió a otros temas abordados en la Comisión Permanente y ya indicados por su presidente, Francisco Ruiz, como el intento de establecer una metodología de trabajo, del que dijo que sólo tiene validez interna y que intentarán normalizar la presentación de propuestas por parte de los consejeros generales con un modelo común, sin perjuicio de cualquier otro tipo de manifestación, así como elaborar un cuadro de propuestas que visualice los pronunciamientos del Consejo y el estado en que se hallan sus resoluciones; la ampliación del uso de las nuevas tecnologías solicitando al Ministerio de Asuntos Exteriores la apertura de una página web para los Consejos de Residentes Españoles; la solicitud de que el Consejo General sea oído en la Subcomisión que estudia en el Congreso de los Diputados la reforma del régimen electoral; y la coordinación entre la Administración general y las administraciones autonómicas en materia de emigración, en la que trabajarán en la próxima reunión de la Comisión Sectorial, que se celebrará en diciembre.