Las responsabilidades compartidas entre las instituciones y la sociedad

Los efectos reparadores que buscaba el Gobierno con la ley aprobada en octubre de 2023 se explicaban en la página web de la Moncloa: “Esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reivindica expresamente la Transición y la defensa de los valores democráticos, y condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista”.

Meses después de su aprobación seguimos viendo a diario los efectos que las leyes pueden llegar a provocar y la ola de esperanza que ha creado en muchos países de Latino América donde muchos y muchas descendientes ya han logrado por fin una nacionalidad española que desde España se les negó durante décadas.

Los muchos mensajes particulares que recibía al principio del proceso por parte de la ciudadanía que se frustraba ante el sistema de citas, la espera, y la falta de recursos consulares está ahora siendo reemplazada por mensajes de nuevas y nuevos ciudadanos españoles que por fin han cumplido un sueño que parecía imposible antes de la aprobación de la ley.

Esta ley otorga la nacionalidad de aquellos y aquellas que sufrieron las consecuencias de tener que emigrar, expulsados de su país por causas económicas y políticas principalmente, a “hijos, hijas nietos y nietas” como detalla la ley.

La falta de una ley generosa y justa y de un código civil desfasado abrieron una ventana temporal de dos años (con otro prorrogable por Consejo de Ministros… si se mantiene gobierno del mismo color), que añade una presión y un estrés añadido a la ciudadanía que ha de buscar certificados de nacimiento, certificados de matrimonios, y demás documentación que pruebe filiación con esa ciudadana o ciudadano “originariamente español” que emigró.

La nacionalidad española abre las puertas de muchos países y ofrece una posibilidad para buscar otro hogar, en muchos casos en la madre patria, pero también hacia países en la Unión Europea, o facilitando la entrada en muchos otros países de los cinco continentes.

Muchos nuevos y nuevas nacionalizadas han creado grupos en redes sociales para colaborar e informarse de planes de retorno, o ayudas por parte de ciertas provincias que buscan repoblar zonas de la España vaciada, que buscan atraer en algunos casos mano de obra cualificado que ayuden a una población envejecida y que abrirán la puerta al retorno de familias que hace décadas vaciaron esos mismos lugares.

En un país envejecido y que necesita incrementar su capacidad productiva los efectos de la Ley de Memoria Democrática tienen un efecto positivo extra y que se traduce en una inversión en el futuro de nuestro país a través de los miles de españoles y españolas que ya están llegando de Cuba, Argentina, México o Venezuela…sin olvidar a aquellos que nunca emigrarán de vuelta a España pero que han recuperado no solo la nacionalidad sino una gran parte de su identidad y de sus orígenes a través del reconocimiento de nuestro país a sus derechos. Su sentimiento de pertenencia e identidad fue siempre la razón de su lucha.

El sistema para solicitar la recuperación a través de la disposición adicional octava no es necesariamente complicado, aunque la falta de recursos consulares sigue siendo una piedra en el zapato en este proceso, con grandes diferencias en cómo se está desarrollando la aplicación de la Ley según el país en el que estes.

Los cuellos de botella en el proceso conllevan a que los plazos de tramitación se alarguen según pasa el tiempo, y esto va de la mano con las diferentes estrategias adoptadas por los Consulados Generales.

Algunos Consulados optan por seguir aceptando cientos de solicitudes todas las semanas, invirtiendo menos tiempo en decidir si cumplen las condiciones, mientras otros asignan el mismo personal a la recepción de documentación y a la resolución.

No hay una estrategia que sea mejor que la otra, y los beneficios de ambas son claros y en el primer caso tratan de asegurarse que nadie se quede fuera, aunque tengan que esperar más tiempo para conseguir esa ansiada nacionalidad.

Durante julio y agosto ha sido incansable la voz que llega desde Cuba en relación con los problemas de citas y con la dificultad para acceder al sistema de citas desde dentro de Cuba usando la red nacional de ETECSA.

La falta de citas es debida a la cantidad de gente desde fuera de la isla que gracias a una conexión mas fuerte y fiable logran acaparar muchas de estas citas con datos que se suponen confidenciales de ciudadanos y ciudadanas en la isla que quieren lograr una cita inicial para comenzar el proceso.

Esta cita inicial solo se puede reservar una vez que desde el consulado se da luz verde a la validez de los documentos que se ostentan, pero solo permite un periodo concreto para lograr la reserva de la reunión cara a cara para revisar la documentación.

La venta de citas sigue funcionando a pesar de las muchas quejas en redes sociales, en parte por la falta de denuncias concretas o gente que quiera ofrecer información directa al consulado de los posibles contactos dentro de su institución colaborando con el fraude y la corrupción.

…pero la otra pata del banco es la cantidad de gente que está dispuesta a pagar a las mafias de venta de citas. En muchos grupos de Whatsapp o Telegram no se afea ni se enfrentan con aquellos que se vanaglorian de comprar citas o de venderlas.

A veces los intentos de crear sistemas garantistas desde las instituciones se dan de bruces con aquellos y aquellas que buscarán siempre conseguir resultados de manera fraudulenta y saltándose los procesos.

Las instituciones han de mejorar los procesos y la ciudadanía no puede contribuir con las mafias que intentan sacar redito económico de una ley que ha de ser accesible evitando trabas y obstáculos.

David Casarejos Moya

Presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y presidente del del Consejo de Residentes Españoles de Manchester.