Referentes del colectivo en Argentina piden al Gobierno que amplíe el criterio para la adquisición de la nacionalidad

El anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado 15 de septiembre, incluye una Disposición Adicional Séptima sobre adquisición de la nacionalidad española. 

Consultados al respecto, organismos y referentes del colectivo en Argentina coincidieron en señalar que el proyecto, además de ser impreciso, añadiría como única novedad (respecto a la actual normativa) la eliminación del requisito de justificar un año de residencia legal en España para los descendientes de exiliados españoles nacidos en el extranjero.

Tras el anuncio que la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, realizó, el martes pasado, los miembros del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires señalaron que “en la redacción original de la Ley de Memoria Democrática no quedan claros los supuestos y que los mismos se restringen exclusivamente al término de exilio”.

“Por ello –ahondaron–, deseamos y esperamos que el Gobierno admita mejoras técnicas a fin de dejar claro en el texto los supuestos a ser reparados, es decir: Nietos de mujeres, independientemente si conservaron o perdieron su nacionalidad; hijos mayores de a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción estipulado en la ley 52/2007; nietos que la perdieron por no ratificarla a su mayoría de edad; y nietos de españoles que debieron nacionalizarse al país de acogida para tener un sustento económico en destino”. 

Una mejora técnica del proyecto, señalaron los representantes de la ciudadanía en el exterior, “evitará que se cometan viejos errores que produzcan que una ley con buenas intenciones sea matizada luego por una instrucción restrictiva”.

Asimismo, la misiva del CRE, que lleva la firma de la presidenta del Consejo, María Teresa Michelón Martínez, y de la secretaria, María Carmen Castro Piñero, pide al Gobierno que incorpore al proyecto de ley una enmienda en materia de nacionalidad. 

En esta misma línea, Susana Carbia, consejera del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior (CGCEE) e integrante del CRE de Buenos Aires, sostuvo que, con este anteproyecto, “se abre la posibilidad de volver a caer en las omisiones de la ley anterior que dejó muchos casos fuera”. 

“Todo este tiempo –dijo, al ser consultada por esta publicación– hemos venido reivindicando y trabajando en una ley mucho más amplia. Por eso nos sorprendió esta nueva ley que está muy acotada al caso de los exiliados”. “Además, –continuó– no vemos de forma clara el alcance, por eso le estamos pidiendo al gobierno que se enmiende esta ley”. 

Finalmente, afirmó que, “después de tantos años, no se puede aceptar un parche. Tiene que ser una ley amplia, que incluya a todos los supuestos que enumeramos que son los casos por los que hace muchos años estamos pidiendo porque consideramos que han sido injustamente discriminados, o no tenidos en cuenta”.

Por su parte, Juan Manuel de Hoz, coordinador y fundador de CEDEU (Centro de Descendientes de Españoles Unidos), consideró que, “en el anteproyecto de ley del Gobierno, no se están considerando nuevos casos de descendientes. “Parecería, simplemente, –dijo– una reafirmación de la disposición adicional séptima de lo que fue la Ley de Memoria Histórica de 2007”. 

Asimismo, el dirigente instó al Gobierno a que por favor considere las enmiendas propuestas y contemple a los nietos de españoles discriminados en la normativa actual.

Finalmente, aseguró que todos saben que “no serían más de 270 mil personas las que se beneficiarían si se incluyeran las modificaciones propuestas al anteproyecto”. 

“Solo se trata de cubrir los flecos que quedaron sueltos en la Ley de Memoria Histórica”, indicó, y concluyó: “Pero en este anteproyecto solamente se atiende un tipo de exilio político, pero no se tiene en cuenta el exilio económico, al hambre o la discriminación entre hermanos, que son cosas hirientes para una Memoria democrática”.