RECHAZÓ UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY SOCIALISTA PARA EVITAR SANCIONES, RECARGOS E INTERESES DE DEMORA

El PP reitera que estudia “caso por caso” la situación de los pensionistas retornados sancionados por Hacienda

| 28 de mayo de 2014, 15:17
Antonio Hurtado-PSOE
Antonio Hurtado.

El Partido Popular reiteró este martes en el Congreso que la Agencia Tributaria ya está trabajando “caso por caso” para facilitar a los pensionistas retornados la regularización de su situación a través del “examen individual de las circunstancias personales y familiares” de cada uno para aplicar, cuando sea posible, aplazamientos o fraccionamientos de pago. Ante una veintena de afectados que seguían el debate desde la tribuna de invitados del hemiciclo, los ‘populares’ rechazaron por ese motivo una proposición no de ley de los socialistas para que los que no hayan declarado sus pensiones puedan hacerlo mediante una liquidación complementaria sin devengo de intereses de demora, recargos ni sanciones.

La diputada ‘popular’ Encarnación Jiménez Mínguez rechazó dar un “tratamiento especial y retroactivo” a los afectados por esta situación, de la que responsabilizó al anterior Ejecutivo socialista, cuyas “malas prácticas” provocaron la “desinformación” y la “confusión” de creer que había rentas por las que no era necesario tributar.

“Es ahora cuando los borradores (de la Declaración de la Renta de 2013) contienen la información de las pensiones del exterior”, insistió la diputada, quien reconoció no obstante que es necesario acometer campañas divulgativas sobre las obligaciones tributarias de los ciudadanos para “destacar las ventajas del cumplimiento voluntario”.

Jiménez Mínguez defendió al actual Gobierno que, dijo, se ha “marcado como objetivo” que “no existan bienes ni rentas ocultos”, al tiempo que recomendó a los socialistas que si su deseo es que “determinadas rentas estén excluidas de tributación” lo propongan en el marco de la reforma fiscal que se tramitará en los próximos meses.

“Les pediría más rigor jurídico, más propuestas responsables y menos demagogia. Dejen de traficar con el dolor ajeno”, sentenció la diputada ‘popular’.

Por su parte, el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, aseguró que la intención de su iniciativa es “muy justa”, ya que se trata de “defender a personas que siguen ofreciendo mucho a este país y que están siendo maltratadas fiscalmente y están sufriendo un auténtico calvario y acoso fiscal”.

Hurtado recordó que “no son defraudadores”, sino víctimas de la mala información que han obtenido de la Agencia Tributaria respecto de sus obligaciones tributarias derivadas de sus pensiones en el extranjero. “Están sufriendo un daño económico, pero también un gran daño moral. Están con una espada de Damocles sobre la cabeza”, criticó.

Hurtado lamentó que mientras a estas personas se les “aplica la ley con todo su peso, de forma estricta y sin tener en cuenta que la información que han recibido es errónea” el Gobierno ha aprobado una ‘amnistía fiscal’ para los defraudadores.

También expresó su temor de que el menor número de expedientes abiertos este año respecto de 2013 se deba a “razones electorales”, y negó que se les esté dando un tratamiento individualizado, como aseguró el ministro Cristóbal Montoro.

Por eso, pidió que, “con carácter excepcional”, los rendimientos de trabajo procedentes de pensiones y haberes pasivos percibidos en el extranjero que no hayan sido declarados en el periodo exigible (actualmente no están prescritos los ejercicios de 2008 en adelante) puedan ser regularizados mediante una autoliquidación complementaria con la Declaración de la Renta de 2013, “sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno”.

Además, reclaman que la Agencia Tributaria termine sin la imposición de multa los expedientes sancionadores que ya estén abiertos y que también los de comprobación o investigación se cierren sin multas o recargos. Asimismo, proponen que se devuelvan a los contribuyentes las cantidades que ya hayan pagado como intereses de demora en la regularización tributaria. “Es lo justo, es lo menos que podemos hacer”, añadió.

Al hilo de este debate, la diputada y secretaria de Emigración del PSOE, Carmela Silva, reprochó al Partido Popular que se escude en la “herencia socialista” acusando al Gobierno anterior de no haber incluido esta información fiscal en los borradores de la declaración.

Silva calificó de deleznable que la portavoz ‘popular’ limitase su intervención a “alabar” las medidas del Ejecutivo para incluir en los borradores la información sobre las pensiones recibidas en el extranjero, así como para llevar a cabo una campaña informativa sobre las obligaciones fiscales.

Silva defiende que los emigrantes retornados “no son defraudadores” y acusa al Gobierno de “acoso”, tras rechazar la proposición no de ley de su grupo parlamentario.

 

IU habla de “discriminación”

Alberto Garzón, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), considera una “discriminación” el trato que se está dando a estas personas en contraposición con la ‘amnistía fiscal’ aprobada el Gobierno para beneficiar a “auténticos delincuentes financieros”, y reprochó al Estado que “busque dinero hurgando en el bolsillo de los que menos tienen”. Por eso, durante su intervención en el hemiciclo exigió intervenir y solucionar el problema de los emigrantes retornados.

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, recordó que la Agencia Tributaria informó mal a estas personas de sus obligaciones y que ni siquiera los borradores de sus declaraciones incluían estas rentas, y señaló que “no tiene sentido penalizar” a estas personas, que sólo necesitan facilidades para regularizar su situación, lo que no obstante sería posible con sólo una orden administrativa y no cambiando la ley.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, lamentó que se trate a estas personas “como delincuentes” cuando su único delito ha sido “recibir mala información” de la Agencia Tributaria. Fernández Davila reprochó al PP y al Gobierno que hasta ahora no hayan aceptado tomar medidas para solucionar el problema. “Vayan a revisar el bolsillo de quienes tienen dinero dentro”, recomendó al Gobierno.

Toni Picó, de CiU, lamentó que aún no se haya hecho nada para abordar este problema, acerca del que ha habido diversos debates parlamentarios, sobre todo porque “la legislación vigente permitiría responder con medidas concretas” para “flexibilizar al máximo el pago de las deudas” de estos contribuyentes, examinando los expedientes “caso a caso”.

Los nacionalistas catalanes creen que el Ejecutivo ha “quebrantado el principio de buena fe” al “dejar de actuar como venía haciendo en el pasado” y comenzar a exigir la tributación de estas pensiones extranjeras a partir de un momento determinado.

No obstante, cree que la iniciativa del PSOE es “un tanto ‘sui generis” ya que pretende responder a una situación excepcional cambiando una ley que, además, tendría efectos retroactivos. “Eso sin mencionar su encaje legal y constitucional. No negamos la necesidad de tomar medidas, pero la fórmula escogida no es ni la mejor ni la más oportuna”, añadió.

Finalmente, Isabel Sánchez Robles, del PNV, explicó su abstención ante una iniciativa “contraria a los principios de igualdad, equidad, irretroactividad de las normas y legalidad” y que incluso “raya en la inconstitucionalidad” y supondría un “agravio comparativo” con otros colectivos con dificultades para cumplir con sus impuestos.

“Las rentas provenientes del extranjero siempre han estado sujetas a tributación, la ley es meridianamente clara”, dijo la diputada, quien no obstante comprende las “razones humanas” que inspiran esta propuesta y espera que la Agencia Tributaria haga “un riguroso análisis de las situaciones personales y familiares en cada caso” para “flexibilizar al máximo” el pago de las deudas.

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