El pleno del Congreso aprueba la Ley de Memoria que permitirá recuperar la nacionalidad a los nietos de españoles
Una de las medidas reparadoras de las personas que sufrieron el exilio que se reconoce en esta nueva Ley es la modificación de la adquisición de la nacionalidad que se recoge en la disposición adicional octava y que asegura que podrán obtener la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia, en la que se da cabida asimismo, en coherencia con los objetivos de esta ley, a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley o en la Ley de Memoria Histórica.
El proyecto de ley de Memoria Democrática había quedado el lunes 4 dictaminado por la Comisión Constitucional por 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. El texto se remitió al Pleno del Congreso para continuar su tramitación parlamentaria tras haber sido aprobada su avocación el pasado 14 de octubre de 2021.
El proyecto de ley ahora pasará a tramitación en el Senado y podría quedar definitivamente aprobado en el mes de septiembre. La nueva ley, que fue defendida en el pleno del Congreso por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ha contado con el apoyo de ERC, BNG, JxCAT y la CUP. Las dos primeras fuerzas han optado por la abstención y las dos segundas por el voto en contra. Para todas ellas, la clave de su posición radica en el hecho de que la norma no deroga la ley de Amnistía de 1977 a la que denominan ley de impunidad o de punto final.
PP, Vox y Ciudadanos, que votaron en contra, claman contra la principal aportación de EH Bildu, asumida por el PSOE: estirar el periodo de investigación de vulneraciones de derechos hasta finales de 1983; es decir, cinco años después de la aprobación de la Constitución y ya con el socialista Felipe González como presidente del Gobierno.
El PP ya ha anunciado su intención de derogar la ley desde el primer minuto si consigue llegar a la Moncloa.
