La Ceaee pide al Gobierno central “más atención” para los mayores en el exterior

La Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles (Ceaee) se muestra “de acuerdo con el objetivo” de la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como con los “siete principios básicos” en que se sustenta: unidad de acción, lealtad institucional y coordinación, planificación, eficiencia, eficacia y especialización, transparencia y servicio al interés general. Sin embargo, en lo que respecta a la Acción Exterior dentro del marco de la salvaguardia de los derechos sociales y de la salud de los ciudadanos españoles en el exterior, específicamente de la gente mayor que no quiere o puede retornar, a su entender, dicho apartado “merece más atención de parte del Gobierno español” y así lo expresan en un comunicado difundido la pasada semana en respuesta al artículo 21 y 22 del anteproyecto de Ley que habla de la Acción Exterior en materia de Emigración e Inmigración y de Acción Exterior en materia de salud.

Respecto al primer apartado, la norma recoge que se velará por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia el retorno.

En lo que se refiere a los temas de salud, el artículo dice que se tendrán en cuenta las iniciativas y compromisos que se deriven de las estrategias que se impulsen en el marco de la Unión Europea y desde la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales y promoverá la presencia española en los foros sanitarios de estas instituciones, así como el fomento de tratados internacionales, y las actividades de cooperación internacional y de movilidad de expertos.

Desde la Coordinadora se hace hincapié en “ese número limitado de personas mayores que no tienen otra alternativa que vivir en residencias en el exterior en momentos en que el idioma extranjero aprendido se olvida, en que las mentes sólo están llenas de recuerdos de la juventud, de música, de fiestas, de comidas de España y que viven diariamente en un mundo en el cual no se identifican y donde no hay comunicación en ningún sentido”.

Para paliar esta situación, han presentado ideas y proyectos como ‘Movimiento Asociativo’, que están seguros “no requerirían sumas importantes de financiamiento, pero sí de atención, de análisis y de acción”. En este sentido, ponen el ejemplo de otros países europeos donde esto se ha llevado adelante, con la habilitación de residencias donde se les ha dado a los ancianos, que no pueden o no quieren retornar, las condiciones suficientes para que puedan disfrutar de sus últimos años de vida con tranquilidad.

También hablan de la posibilidad de emprender una acción al respecto dentro de la Comunidad Europea que podría no sólo beneficiar a ancianos españoles en el exterior sino también a emigrantes en el exterior.

 “En el marco de la solidaridad, ‘Marca España’ tiene aquí un vacío en lo que a los últimos años de vida de nuestros ancianos en el exterior se refiere”, recogen en el comunicado.

A pesar de que desde la Coordinadora se apoya el anteproyecto de Ley, dentro de los siete principios básicos que contempla, incluyen matices a tres situaciones que, a su entender, “afectan en forma negativa al colectivo emigrante español y al trabajo que para este colectivo” realizan.

Respecto a la disminución de medios en las consejerías españolas en el exterior, y dados los nuevos crecientes flujos migratorios que se están produciendo, preguntan si no sería conveniente recapacitar y reforzar este servicio, así como realizar evaluaciones que permitan la adaptación de los mismos a las necesidades de los ciudadanos en el exterior.

En lo que atañe a las comunidades autónomas, solicitan información digital concreta, actualizada y de fácil acceso respecto a las políticas y medios con que cuentan en el exterior. En este sentido hablan de un ‘portal’ específico que reúna esta información pudiendo las consejerías tener en sus respectivas páginas un ‘link’ hacia este ‘portal’. 

Por último respecto a los convenios entre España y países europeos, bilaterales o de otra índole, sobre sanidad, seguridad social, etc., al igual que en el caso de las comunidades autónomas, solicitan la existencia y difusión de información digital que sea concreta, actualizada y de fácil acceso para los interesados.