HAY UNOS CIEN CASOS SIN SOLUCIONAR
España y Venezuela crean una comisión para resolver las expropiaciones de fincas
Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el pasado martes en la capital venezolana crear una comisión permanente para evaluar y resolver los más de cien casos de expropiaciones de fincas rurales e industriales a ciudadanos españoles por el Estado venezolano.
Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el pasado martes en la capital venezolana crear una comisión permanente para evaluar y resolver los más de cien casos de expropiaciones de fincas rurales e industriales a ciudadanos españoles por el Estado venezolano.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció esta iniciativa en una rueda de prensa junto con su colega venezolano, Nicolás Maduro, al término de su reunión en la ‘Casa Amarilla’, sede de la Cancillería, anuncio que reiteró en la sede del Consulado General durante un encuentro al que acudieron unos 90 afectados de diferentes zonas del país, en compañía del viceministro venezolano para Europa, Alejandro Fleming, encuentro en el que también participaron el responsable de Asuntos Consulares y Migratorias del MAEC, Francisco Javier Elorza; el embajador, Dámaso de Lario Ramírez; el cónsul general, Aníbal Jiménez Abascal; el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez; y el jurista Mario Villarroel Lander.
La comisión se reunirá cada quince días a partir del 13 de agosto, cuando lo hará en Caracas, para ir repasando “caso a caso” y tratar de agilizar su resolución, explicó Moratinos.
Alrededor de un centenar de casos –unas 80 fincas agrícolas y ganaderas y 25 urbanas e industriales– están sin solucionar, de los que la mayoría afectan a ciudadanos canarios y gallegos residentes en la parte oeste de Venezuela.
La invasión y ocupación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela, ente que preside Juan Carlos Loyo, comenzó a partir de 2002 con la entrada en vigor de una ley para recuperar los terrenos no explotados por sus dueños.
Unos 60 casos de españoles, se han resuelto ya con el pago de algún tipo de indemnización, mientras que los trámites de los que quedan pendientes se han ralentizado los últimos meses.
La comisión la encabezarán el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, por parte de Venezuela y el embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario Ramírez.
Este mecanismo de diálogo refuerza otro que ya existía desde 2007 entre el INTI y el Consulado español.
El ministro español reconoció que en los últimos meses se habían ralentizado los expedientes a pesar de que Chávez aseguró que los aceleraría cuando estuvo en España hace un año.
En la rueda de prensa, Maduro defendió las expropiaciones y agregó que todas ellas han estado amparadas por la Constitución y las leyes vigentes. “En nuestro país existe absoluta seguridad jurídica”, subrayó el canciller venezolano. Además, se mostró convencido de que esta comisión ayudará “muchísimo” a solucionar el contencioso, del que, en su opinión, “a veces se especula con intencionalidad política de hacer daño a las relaciones y pintar una situación que no existe en nuestro país”.
Maduro reconoció que la burocracia ha sido la causa de que algunos expedientes hayan quedado empantanados.
Por su parte, España ha facilitado asistencia legal a los afectados y la posibilidad de llegar a acuerdos amistosos que eviten que los casos desemboquen en los tribunales venezolanos.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció esta iniciativa en una rueda de prensa junto con su colega venezolano, Nicolás Maduro, al término de su reunión en la ‘Casa Amarilla’, sede de la Cancillería, anuncio que reiteró en la sede del Consulado General durante un encuentro al que acudieron unos 90 afectados de diferentes zonas del país, en compañía del viceministro venezolano para Europa, Alejandro Fleming, encuentro en el que también participaron el responsable de Asuntos Consulares y Migratorias del MAEC, Francisco Javier Elorza; el embajador, Dámaso de Lario Ramírez; el cónsul general, Aníbal Jiménez Abascal; el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez; y el jurista Mario Villarroel Lander.
La comisión se reunirá cada quince días a partir del 13 de agosto, cuando lo hará en Caracas, para ir repasando “caso a caso” y tratar de agilizar su resolución, explicó Moratinos.
Alrededor de un centenar de casos –unas 80 fincas agrícolas y ganaderas y 25 urbanas e industriales– están sin solucionar, de los que la mayoría afectan a ciudadanos canarios y gallegos residentes en la parte oeste de Venezuela.
La invasión y ocupación de tierras por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela, ente que preside Juan Carlos Loyo, comenzó a partir de 2002 con la entrada en vigor de una ley para recuperar los terrenos no explotados por sus dueños.
Unos 60 casos de españoles, se han resuelto ya con el pago de algún tipo de indemnización, mientras que los trámites de los que quedan pendientes se han ralentizado los últimos meses.
La comisión la encabezarán el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, por parte de Venezuela y el embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario Ramírez.
Este mecanismo de diálogo refuerza otro que ya existía desde 2007 entre el INTI y el Consulado español.
El ministro español reconoció que en los últimos meses se habían ralentizado los expedientes a pesar de que Chávez aseguró que los aceleraría cuando estuvo en España hace un año.
En la rueda de prensa, Maduro defendió las expropiaciones y agregó que todas ellas han estado amparadas por la Constitución y las leyes vigentes. “En nuestro país existe absoluta seguridad jurídica”, subrayó el canciller venezolano. Además, se mostró convencido de que esta comisión ayudará “muchísimo” a solucionar el contencioso, del que, en su opinión, “a veces se especula con intencionalidad política de hacer daño a las relaciones y pintar una situación que no existe en nuestro país”.
Maduro reconoció que la burocracia ha sido la causa de que algunos expedientes hayan quedado empantanados.
Por su parte, España ha facilitado asistencia legal a los afectados y la posibilidad de llegar a acuerdos amistosos que eviten que los casos desemboquen en los tribunales venezolanos.
