El Consejo General solicitó la creación de un fondo estatal para proteger el patrimonio de la emigración española

En la propuesta presentada por Saúl Beceiro, de Estados Unidos, se recuerda que “la emigración española ha generado, a lo largo de más de un siglo, un patrimonio cultural de extraordinaria riqueza, compuesto por archivos documentales, bibliotecas, centros sociales históricos, objetos patrimoniales, fondos fotográficos, testimonios orales y tradiciones culturales que forman parte inseparable de la memoria colectiva de España”. Este patrimonio se encuentra en riesgo de deterioro, pérdida o desaparición, ya que no tiene apoyo técnico y financiero para su conservación.

Los consejeros debatieron sobre las reticencias de las propias instituciones a la digitalización de los archivos y de la importancia de conservar también el patrimonio arquitectónico. Incluso que hacer cuando una entidad cierra y ese patrimonio queda a merced de la sensibilidad de la última directiva.

El secretario xeral de Emigración de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró ante el Pleno que es un tema “complejo” y recordó que desde Galicia “llevamos ayudando a las entidades con aportaciones, con ayudas económicas directas anuales para la conservación de su patrimonio varias decenas de años” y, a mayores, “hemos empezado un proceso en colaboración directa con el Consello da Cultura Galega, porque son especialistas en la materia, y cuentan con el Arquivo da Emigración Galega”.

“La Secretaría –subrayó Miranda– financia y el Consello da Cultura Galega, a través de sus técnicos y personal especializado, lleva a cabo procesos de catalogación, digitalización”. Por el momento se ha hecho en varias partes de América y España y la idea es extenderlo a Europa. Precisamente, dijo, “ahora estamos haciendo ese trabajo en Cuba. Se había hecho en el pasado y ahora, en algunos casos, se ha optado por repetirlo porque las técnicas de digitalización han mejorado muchísimo”.

Respecto a la posibilidad de trasladar los fondos a España, Miranda se mostró partidario de “mantener la unidad del fondo documental e histórico, pero es verdad que a veces puede que no haya mecanismos para hacerlo en el lugar y habría que buscar la alternativa más viable”. En todo caso, “la administración tiene que responsabilizarse, tiene que ser parte activa, pero evidentemente es un trabajo conjunto de administración con las entidades”.

La consejera de Cuba María Antonia Rabanillo hizo hincapié en que Castilla y León también tiene ese trabajo hecho porque se digitalizaron los fondos, se dejó una copia a cada entidad y se quedó con un fondo para la comunidad.

Rabanillo defendió que “eso hay que mantenerlo y se podrá mantener cuando haya un fondo que garantice los equipos necesarios para llevar a cabo el trabajo”.

En referencia a la posibilidad de que los fondos se queden en el lugar de origen o sean trasladados, Xurxo Martíz mostró su desacuerdo con el traslado. “El patrimonio no debe salir nunca de su lugar de origen porque también es patrimonio de los países de acogida”.  

Jorge Torres Cantalapiedra, consejero por Uruguay, no se mostró tan tajante y aseguró que hay que ser muy cuidadoso con la propuesta “porque en Uruguay tenemos la triste experiencia de haber perdido hace un par de años una institución referente que tenía más de 100 años y cuando los procesos son traumáticos el mismo país de acogida cuida sus bienes”. En este caso, explicó, Galicia ayudó a recuperar parte del patrimonio, pero se perdió mucho en el camino. “Hay instituciones que tienen un patrimonio infinito que todos nos queremos quedar, pero antes de perderlo totalmente mejor que se conserve en España”, aseguró Torres Cantalapiedra.

Finalmente, se introdujo una modificación en la propuesta para especificar que el patrimonio debe mantenerse en su origen “siempre que sea posible” y se aprobó con un respaldo del 94%.