El Consejo General rechaza la petición de supresión del voto por correo para los españoles residentes en el exterior
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) rechaza cualquier propuesta que “suponga limitar o dificultar el ejercicio del derecho de voto de la ciudadanía española residente en el extranjero”.
En un comunicado, la Comisión Permanente de este organismo asegura que la medida propuesta por Vox de suprimir el voto por correo para los electores inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) implica “privar de este derecho a miles de ciudadanos que residen a grandes distancias de consulados y embajadas”.
Además, recuerdan que la Constitución Española recoge expresamente que el Estado debe facilitar “el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España” y que cualquier medida que dificulte de forma significativa el acceso al voto de los españoles residentes en el exterior “resulta contraria al espíritu de este mandato constitucional, cuyo objetivo es garantizar la participación efectiva de todos y todas las españolas en la vida democrática del país”.
Desde este organismo sostienen que la ciudadanía española en el exterior “debe poder ejercer plenamente sus derechos políticos” y “su participación democrática no puede quedar condicionada por el lugar de residencia ni verse sometida a obstáculos adicionales que reduzcan la capacidad efectiva de ejercer el derecho al voto”.
El Consejo también defiende que cualquier mejora o refuerzo de las garantías del sistema electoral debe ser respetando los principios “de participación, igualdad y universalidad del sufragio”, de manera que “la respuesta a posibles dudas sobre los procedimientos nunca puede ser la restricción de derechos, sino su fortalecimiento mediante más medios, más transparencia y mayores garantías”.
Acceso a la nacionalidad
Asimismo, el CGCEE manifiesta su preocupación ante las recientes declaraciones públicas que cuestionan el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles reconocido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
“La nacionalidad obtenida al amparo de una ley vigente es un derecho plenamente legítimo y debe ser respetada sin reservas”, subrayan desde el Consejo, que inciden en que “los españoles que han adquirido su nacionalidad conforme a los procedimientos legalmente establecidos gozan de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano español, sin que pueda cuestionarse su condición ni limitarse el ejercicio de los derechos inherentes a ella”.
El CGCEE insiste en que desde su creación en 1990 ha trabajado “en defensa de los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior y de los vínculos históricos, familiares y culturales que unen a España con sus comunidades emigrantes y sus descendientes”.
En este sentido, hacen hincapié en que es esencial “preservar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el reconocimiento efectivo de los derechos que el ordenamiento jurídico español otorga a todos los ciudadanos”. “La ciudadanía española en el exterior merece respeto, reconocimiento y plena igualdad en el ejercicio de sus derechos democráticos”, concluye el comunicado.
