El Consejo General demanda una partida presupuestaria propia para afianzar su independencia

En un contexto de reivindicación de la independencia y autonomía del Consejo, como quedó de manifiesto en el pleno celebrado el pasado mayo, Alonso consideró necesario solicitar la creación de una partida específica que le dé “visibilidad” a esta institución y le facilite el “control” de sus presupuestos.

La medida, que se engloba dentro de la tres que elevó al V Pleno del VIII Mandato la Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos, salió adelante con el respaldo del 86% de los integrantes de la junta, que mostraron así su conformidad con las razones que esgrimió la presidenta y consejera por Alemania para someterla a votación por considerarla “imprescindible” para “visibilizar” la “financiación” del Consejo, “garantizar su funcionamiento y reforzar su legitimidad institucional”.

La partida deberá incluirse dentro del programa 231B de ‘Acciones en favor de los emigrantes’, dirigido a la protección y asistencia de los españoles en el exterior, así como a facilitar su retorno e integración en España, que se engloba en el capítulo 2 sobre ‘Gastos corrientes en bienes y servicios’ de la Secretaría de Estado de Migraciones. Se trata de un programa sin “visibilización ni desglose específico” que se encuentra dentro de los subconceptos ‘Material, suministros y otros’, ‘gastos diversos’ y ‘reuniones, conferencias y cursos’.

Por la “relevancia” del Consejo y debido al “volumen creciente de ciudadanos españoles residentes fuera del país”, Alonso defendió la medida que, de ser tenida en cuenta por Hacienda, servirá para mejorar la transparencia en la gestión de los recursos destinados a este órgano consultivo y de asesoramiento, reforzará su presencia institucional, permitirá visibilizar la inversión pública en la ciudadanía exterior de manera acorde a su peso demográfico y social y facilitará la planificación de las actividades del Consejo y de su funcionamiento ordinario.

La demanda impele a la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno y a la Secretaría de Estado de Migraciones a respaldar y elevar la propuesta a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a quien compete hacerla efectiva.

Propiciar la participación en las elecciones a los CRE mediante el voto electrónico

Revertir la baja participación detectada en los procesos electorales de los CRE (Consejos de Residentes Españoles) constituye la base de otra de las iniciativas planteadas en el seno de la Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos, en este caso, a iniciativa del consejero por Francia Juan Miguel Paz Fernández.

Su propuesta se centró en demandar un incremento de la información y la comunicación para conseguir que los CRE tengan “una representatividad mucho mayor que la actual”, implicando “más a los consulados en esa labor”.

En su exposición de motivos, Paz Fernández aportó datos en los que queda de manifiesto el bajo nivel de convocatoria de los procesos electorales para la renovación de los CRE, por debajo del 1% en la mayoría de los casos, y la comparó con el que se obtiene en las elecciones generales o europeas, que, aunque considerado igualmente baja, deja la participación de los residentes en el exterior en un promedio del 10% en todo el mundo.

Para potenciar la implicación, el consejero por Francia propuso hacer uso de los avances en materia de digitalización para que, “manteniendo todas las garantías de seguridad necesarias”, se pueda votar electrónicamente en los procesos de renovación de los CRE. Lo óptimo, planteó, sería que dicho proceso sirviera, además, de “campo de pruebas” para la implantación del voto electrónico en los procesos electorales a los que están llamados en España como sucede en “países de nuestro entorno”, que “multiplican por tres o cuatro” la participación de sus residentes en el exterior con respecto a España y lo hacen “con todas las garantías”, aseveró.

Mientras se debate sobre la idoneidad de implementar esta medida, que el consejero reconoce suscita críticas como en su día ocurrió con el voto por correo, se solicita la colaboración de los consulados para incorporar nuevos hábitos en la comunicación sobre la convocatoria de elecciones a los CRE, como, por ejemplo, enviar un correo informativo a su base de residentes o incorporando a su página de inicio la información sobre los comicios, así como los programas de las listas que concurren. Asimismo, plantea que se pueda hacer uso del voto ‘por correo presencial’, de tal manera que los electores que así lo deseen tengan la posibilidad de depositar su papeleta en el consulado durante las horas de apertura los días anteriores al voto presencial. Dichos sobres se introducirían en urna el día del voto.

Otra de las medidas que propone consiste en reclamar la ampliación del horario de votación para el día estipulado para el voto en urna, de tal manera que se pueda hacer por lo menos durante el horario completo de apertura de las oficinas consulares.

Por último, teniendo en cuenta la distancia que separa a los votantes de sus centros diplomáticos y ateniéndose a lo que recoge el artículo 2 del Anexo tercero del Reglamento Notarial, considera que se estaría dando “un gran paso adelante” si se pudiera votar en los consulados honorarios, previa delegación de la Fe Pública por los cónsules de carrera o misiones diplomáticas, en los casos en los que se den las “condiciones personales de aptitud”.

El representante por Francia, que obtuvo el respaldo del 91% de los presentes a su propuesta, considera que tales medidas contribuirán a mejorar la participación en las elecciones a los consejos de residentes en el exterior y a conseguir mayor representatividad, así como a darles una “visibilidad de la que carecen”. De lo que se trata, concluyó, es de “despertar y atraer” entre los colectivos que residen fuera “nuevos compromisos” hacia “este órgano que los representa”.

Invitar al colectivo de españoles de origen saharaui a formar parte del CGCEE

Una tercera propuesta en el apartado de Asuntos Jurídicos, iniciativa del consejero por Reino Unido David Casarejos, consistió en plantear a los miembros del pleno la idea de incorporar al colectivo de españoles de origen saharaui al Consejo General en señal de “reconocimiento a su estatus e historia unida a nuestro país hasta hace unas décadas”.

El consejero considera que los saharauis se enfrentan a “condiciones de vulnerabilidad particulares”, por lo que sus necesidades son “específicas y distintas a las de otros colectivos en el exterior”.

Es por ello que planteó como una necesidad abrir las puertas del Consejo a los “nacidos” en el Sahara Occidental “bajo la soberanía española”, es decir, “antes de la retirada” de España de ese territorio, en 1976”, y basó su argumento en el derecho a la nacionalidad española que muchos de ellos conservan, ya que “nunca hubo un proceso legal válido y conforme a derecho internacional para retirarles esa nacionalidad”. Aunque se enfrentan a dificultades para que ese derecho se les reconozca “administrativamente”, “muchos de ellos siguen siendo españoles”, adujo Casarejos, por lo que consideró obvio que deban “tener representación en el órgano que agrupa a la ciudadanía española en el exterior”.

Familias enteras viven en campamentos de refugiados, principalmente en Argelia, o dispersas en la diáspora, de ahí que Casarejos abogara por proporcionarles una “representación directa” en el CGCEE, de manera que sus preocupaciones “fueran escuchadas y trasladadas a las instituciones españolas”. Asimismo, el representante de Reino Unido en el pleno reforzó su postura sobre la idea de que muchos de ellos “mantienen fuertes vínculos familiares, culturales y afectivos con España” y “dependen de los servicios consulares españoles”.

“Si se acepta que un número significativo de saharauis nacidos antes de 1976 son ciudadanos españoles (o tienen un derecho reconocido a serlo), excluirlos de este órgano iría en contra del principio de representatividad democrática de la diáspora española”, argumentó.

Un 77% de los consejeros respaldaron la propuesta del consejero por Reino Unido, que lo que busca es el “reconocimiento de los derechos de una ciudadanía española que ha sido olvidada por nuestras instituciones y que ha de estar representada en el CGCEE”.